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El senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad

Las diatribas post electorales entre kirchneristas y opositores dieron lugar a todo tipo de suspicacias. Entre tanto ruido, pasó desapercibido que el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años mediante la creación de un régimen penal juvenil comprendido entre los 14 y los 18 años.

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16 de julio 2009

Las diatribas post electorales entre kirchneristas y opositores dieron lugar a todo tipo de suspicacias. Entre tanto ruido, pasó desapercibido que el Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años mediante la creación de un régimen penal juvenil comprendido entre los 14 y los 18 años. Por unanimidad de los 43 legisladores presentes en el recinto, el Senado aprobó en general el texto que surgió del acuerdo de los proyectos presentados por María Perceval del Frente para la Victoria, Sonia Escudero del PJ disidente y Gerardo Morales de la UCR. Ciertamente, cuando se trata de avanzar en la cruzada reaccionaria de la “seguridad” y la campaña de mano dura para criminalizar a los jóvenes pobres, progresistas y derechistas suelen arribar a “consensos” rápidamente.

La media sanción obtenida en la cámara alta postula que los menores de 14 y 15 años serán encarcelados cuando cometan delitos dolosos con una pena mínima de tres años de prisión, así como los de 16 y 17 años implicados en delitos castigados con una pena mínima de dos años. Los adolescentes no serán encarcelados ante delitos de acción privada, sancionados con multa, con penas inferiores a tres años (para 14 y 15 años) y dos años (para 16 y 17 años). En cambio serán sancionados con prestación de servicios comunitarios, privación de la libertad los fines de semana o el tiempo libre, privación de la libertad en el domicilio o privación de la libertad en un centro especializado.

La condena será emitida por un juez que hará efectiva la pena en lugares adecuados, con personal calificado en la materia, que permita la recepción de visitas. Ante los anuncios de reducción del gasto público producto de la crisis económica, es de prever cuan “adecuados” serán los nuevos “reformatorios”, sitios tan seguros para efectuar la “reeducación” de los menores como todos penales, auténticas universidades del delito. ¿Acaso la legislación de los institutos de menores en vigencia no contempla la necesidad de “profesionales calificados” y “condiciones de salubridad y esparcimiento” aunque son verdaderas pocilgas que condujeron a numerosos suicidios?
El proyecto votado en senadores es un salto cualitativo que amenaza la ya grave situación de los jóvenes pobres. Según una investigación elaborada por los sociólogos Mariel Romero y Guillermo Pérez Sosto (Crítica, 12/07), del total de los 6.427.000 jóvenes entre 15 y 24 años, que constituyen el 20% de la población, el 80% vive en hogares pobres, 900.000 no estudian ni trabajan, 1,4 millón abandonaron los estudios y trabajan en empleos precarios y el 68,3% no terminó el colegio secundario (las mujeres alcanzan el 73%).

Del mismo estudio se deriva que 2 de cada 10 jóvenes no tienen ninguna perspectiva ni contemplan proyecto de vida alguno. Evidentemente, progresistas y derechistas condenan a los jóvenes pobres a la “exclusión” del mundo de la educación y el trabajo, contemplando su “inclusión” sólo en el sistema penitenciario.

Desde ya, nada bueno puede esperarse de la Cámara de diputados, donde la kirchnerista Diana Conti y el diputado de SI Emilio García Mendez, compañero de Pino Solanas y Claudio Lozano en el bloque de Proyecto Sur, presentaron proyectos para crear un nuevo régimen penal juvenil casi calcados del texto votado en el Senado. Es necesario realizar una gran campaña democrática y apelar a la movilización popular para desterrar de una vez por todas este proyecto de ley reaccionario.

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