Jorge Walter Pérez Blanco ingresó a la Facultad de Medicina de la UNR en 1978, donde se dedicó a entregar militantes políticos a la dictadura. Hoy está implicado en la causa Feced y señalado como colaborador del ex Teniente Coronel Oscar Pascual Guerrieri, represor de La Calamita.
En 1984 la “justicia” alfonsinista ordenó allanar el domicilio de Pérez Blanco, obteniendo así “registros que acreditaban el seguimiento y la persecución de militantes políticos, estudiantes, obreros y profesionales, ficheros y archivos de la represión durante la dictadura militar en Rosario”. Unos días después, este material fue secuestrado de los Tribunales de Rosario.
Pese a las denuncias de los organismos de DD.HH., Pérez Blanco gozó de impunidad gracias a las leyes de obediencia de vida y punto final sancionadas durante el gobierno radical de Alfonsín.
Los radicales de la UNR demuestran su fidelidad a esta política. Darío Maiorana, amparándose en un fallo de la Corte Suprema kirchnerista, le pagó $30.000 en concepto de indemnización a este genocida, aceptándole a su vez la renuncia, con lo cual cae el pedido de juicio académico iniciado en 1998, cuando fue suspendido de su cargo, dejando vía libre para que tome otro cargo docente.
El Consejo Superior de la UNR votó el 20 de noviembre no pagarle la indemnización. Pero el pago se había efectuado 15 días antes, cuestión que Maiorana negó hasta que el hecho salió a la luz en los medios. El vicerrector K Seminara no dudó en respaldar a su compañero de gestión.
Los organismos de DD.HH de la región, sindicatos como COAD (docentes universitarios) y ATE Rosario, los centros de estudiantes combativos y las organizaciones de izquierda denunciamos el hecho, impulsando un petitorio para juntar firmas, exigiendo que se embargue el pago realizado a Pérez Blanco, que renuncie Maiorana y que la universidad se constituya como querellante, para que se lo juzgue a Pérez Blanco.
Desde En Clave ROJA y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, proponemos a todos ellos conformar una Comisión Investigadora independiente, abierta a los estudiantes, docentes y no docentes de la UNR, exigiendo para esta comisión plenos poderes para investigar no sólo el caso Pérez Blanco, sino a todos los funcionarios de la dictadura que pasaron o siguen en funciones en la UNR. Esta comisión debe ser independiente del gobierno universitario. No podemos esperar que los otrora artífices de las leyes del perdón se sumen a la lucha contra la impunidad. A su vez, esta comisión debe mantenerse independiente del gobierno nacional del matrimonio K.
Pérez Blanco es uno más de los tantos colaboradores civiles de la dictadura que hoy siguen libres. El gobierno del matrimonio Kirchner también es responsable. La Corte Suprema K “no dio lugar” al pedido de la universidad para no pagar la indemnización, hecho en el que se ampara Maiorana. A su vez, cuatro años pasaron de la derogación de las leyes del perdón y aún el 95% de los genocidas sigue impune. Esta impunidad es la que hoy salta a los ojos en la UNR y por la cuál Jorge Julio López está desaparecido.

– Que renuncien Maiorana y Seminara.
– Juicio y cárcel común a Pérez Blanco.
– Aparición con vida de Jorge Julio López y castigo a los responsables del secuestro.

EN CLAVE ROJA - ROSARIO
CEPRODH Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.