Entrevistamos a María del Carmen Verdú, querellante en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra y miembro de la CORREPI.

¿Por qué motivo causó impacto la renuncia del juez de la Cámara de Casación Penal Gustavo Mitchell?

En realidad, la renuncia de Mitchell no puede sorprender a nadie. Presentar la renuncia es el típico recurso al que apelan jueces, fiscales o camaristas cuando las papas empiezan a calentarse y temen quemarse. Así intentan hacer una “reducción de daños” frente a situaciones de cierta envergadura. Se pueden rastrear ejemplos semejantes en toda la historia de la podrida magistratura argentina.

Mitchell, así como los jueces Riggi y González Palazzo, los mismos que están encargados de juzgar a los imputados por el crimen de Barracas, están investigados en una causa por coimas con el objetivo de liberar a Pedraza y a la patota asesina de la Unión Ferroviaria, donde también están implicados el abogado y ex juez Aráoz de Lamadrid y el agente de la SIDE Riquelme. La causa está a cargo de otro juez de dudosa reputación, Rodríguez, a quien de joven, se dice en el fuero, le encantaba ir armado con la policía a los operativos.

Mitchell se destaca por su prontuario. No sólo es un juez que, por su edad, tiene cuentas pendientes por su gestión durante la dictadura, cuando facilitó el secuestro y apropiación ilegal de bebés robados a sus padres desaparecidos. También es el responsable de que siga presa la compañera Karina Germano, la “Galle”, que hace mucho debería gozar de salidas laborales y familiares. Sus votos han decidido la impunidad en muchos casos de torturas y fusilamientos por gatillo fácil en los últimos años.
 
¿Cuál es la situación de la Policía Federal y de la concesionaria UGOFE en la causa?

Siete funcionarios policiales (tres comisarios, un subcomisario, dos oficiales y un suboficial) están imputados en la llamada “causa policía”. De ellos, seis –los comisarios Ferreyra, Mansilla y Lompizano; el subcomisario Garay y los oficiales Conti y Echavarría- fueron procesados por la jueza Wilma López por abandono de persona seguido de muerte, mientras que el cabo Villalba fue sobreseído.

Mientras la jueza y la fiscalía sostienen esa figura menor y excarcelable, desde la querella que representa los intereses de media docena de compañeros heridos en el ataque de Barracas, propiciamos su procesamiento como partícipes necesarios del homicidio calificado de Mariano Ferreyra y de los homicidios en grado de tentativa de los demás manifestantes. La cuestión no resulta menor porque, a partir de la mínima calificación elegida por la jueza y la fiscalía, se abrió la puerta para que los defensores de los policías plantearan que, entonces, no debe intervenir la justicia nacional, sino la de la ciudad.

En la audiencia ante la cámara del Crimen sobre ese tema, quedó claro que, cuando se decidió, siguiendo las directivas del gobierno nacional, tramitar de manera separada la causa de los policías y la causa de la patota, se privilegió garantizar la impunidad de los uniformados y, al mismo tiempo, excluir al aparato estatal del armado del plan criminal contra los trabajadores.

En los próximos días la cámara criminal deberá decidir si la causa contra la policía sigue tramitando ante la justicia nacional, o si pasa a la penal, contravencional y de faltas de la ciudad.

No poco significativo es que, a partir de nuestra denuncia pública de que el Ministerio de Seguridad había asumido la defensa de los policías a través de su Dirección de Asuntos Jurídicos, todos esos abogados de planta fueran instruidos para renunciar al cargo, que hoy ejercen, con la misma línea y las mismas chicanas, distinguidos abogados de la “city”, casi todos ex funcionarios judiciales.

UGOFE, la tercera pata que sostiene la mesa apoyada en la burocracia sindical y el gobierno, no corre riesgo alguno en estas causas. Sus directivos han sido citados como testigos, lo que implica que, para jueces y fiscales, son simples terceros ajenos al hecho, que pueden tener algo que aportar.