El viernes 4 el secretario de Seguridad Sergio Berni dirigió un operativo inédito en Río Gallegos con camiones, helicóptero y personal de Gendarmería, Prefectura y del Ejército. ¿El motivo? Desalojar a 500 familias que ocupaban un predio destinado al plan de viviendas PRO.CRE.AR. Con la excusa de que esas tierras pertenecerían a la Armada usaron al Ejército en un conflicto social por primera vez desde el fin de la dictadura.

Como denunciamos desde el CeProDH “ni Menem se atrevió a tanto”, ya que el operativo el gobierno nacional está violando las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior. La Ley 23.554 prohíbe intervenir a las Fuerzas Armadas en “seguridad interna”, sea cual fuere el conflicto. Y la Ley 24.059, que regula las funciones de policías, Gendarmería y Prefectura, sólo permite que las FF.AA. apoyen “operaciones de seguridad interior” ante el “requerimiento del Comité de Crisis”, “previa declaración del estado de sitio” o en caso de “atentado a una jurisdicción militar”. Si ésta fue la excusa, es una maniobra para justificar la ilegalidad de Berni y Milani ya que no hubo atentado alguno y las tierras ya pertenecían al PRO.CRE.AR.

Recordemos que al mando del Ejército está César Milani, denunciado en causas de lesa humanidad y que sólo una pequeña porción de los genocidas de esa fuerza fueron juzgados por su actuación en la dictadura.

Debemos repudiar este hecho, que sienta un precedente peligroso para futuros conflictos sociales. El CeProDH impulsa un petitorio para que lo firmen organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, políticas, personalidades y todo el que rechace este avance reaccionario.

El gobierno pasó de querer “rescatar” a las Fuerzas Armadas, integrándolas a un “proyecto productivo nacional” (relanzando Astilleros Tandanor, Domec, o en el directorio del Belgrano Cargas) y asignándoles un rol “social” como en las inundaciones de La Plata, a intentar naturalizar la intervención militar en conflictos sociales.

Hace alguna semanas el ministro Agustín Rossi envió 4.500 soldados a la Frontera Norte en reemplazo de los gendarmes que desembarcaron en territorio bonaerense. Una medida que también viola la Ley de Seguridad Interior.

El gobierno quiere relegitimar el rol represivo de los militares. Mientras sólo en la Armada hay más de 3.000 efectivos que actuaron en la dictadura y siguen en funciones, el gobierno avanza junto a la oposición de derecha con una política de mano dura. Alejandro Granados es su principal exponente, pero también está Insaurralde y su proyecto de bajar la edad de imputabilidad para encerrar a los pibes de 14 años.

Si después de las elecciones la economía obliga al gobierno y los empresarios a intentar aplicar un ajuste, querrán que lo pague el pueblo trabajador. Estas acciones, más allá de las excusas puntuales, se enmarcan en este contexto donde los trabajadores y el pueblo no van a aceptar mansamente que caiga su nivel de vida para pagarle los platos rotos a los capitalistas.