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LA CRISIS SIGUE ABIERTA

El gobierno con las multinacionales cerealeras

Cuando Cristina Kirchner denunció que sólo un 2,2% del total de los productores concentraba alrededor de la mitad de toda la producción sojera, señalamos que la presidenta estaba en realidad haciendo una especie de “autodenuncia” ya que tal grado de monopolización había sido favorecido por la política aplicada por el gobierno de su marido.

Christian Castillo

24 de abril 2008

Cuando Cristina Kirchner denunció que sólo un 2,2% del total de los productores concentraba alrededor de la mitad de toda la producción sojera, señalamos que la presidenta estaba en realidad haciendo una especie de “autodenuncia” ya que tal grado de monopolización había sido favorecido por la política aplicada por el gobierno de su marido. Desde sus tiempos en Santa Cruz, los Kirchner siempre se han llevado bien con diferentes grupos monopólicos u oligopólicos, como las petroleras, mineras y pesqueras que tantos beneficios han recibido -y continúan recibiendo- en la provincia patagónica. En lo que hace a la producción agrícola y ganadera no ha sido muy distinto, aunque el gobierno haga discursos “contra la oligarquía”.

Entre los grandes destinatarios del aumento de los precios internacionales de los granos se encuentran, sin duda, las cinco grandes empresas exportadoras, Cargill, Bunge, Dreyfus, AMD y Nidera, que manejan el 78% de las exportaciones de trigo, el 95% de las exportaciones de aceite de soja y el 79% de las de maíz. Estas empresas prácticamente no dijeron palabra durante el conflicto entre el gobierno y las entidades de los propietarios del campo. No extraña, ya que ellas no cargan con el costo de las retenciones, que deducen de los precios que pagan al productor.

Y además cuentan con todo tipo de facilidades para realizar distintas maniobras que les permite quedarse con fondos adicionales. Por ejemplo, con la complicidad de la Secretaría de Agricultura, practican un engaño de magnitud al liquidar al productor de una forma y a la AFIP y la Aduana de otra, y quedarse con la diferencia. Al primero le descuentan el porcentaje de retenciones sobre lo que se denomina precio FOB (Free On Board) mientras que el Código Aduanero establece que deberían hacerlo de acuerdo al precio neto que recibe el producto (lo que se denomina precio FAS –Free Along Shipping). Para graficar esto: por una tonelada de soja a 500 dólares, la empresa exportadora le descuenta al productor como si pagara al Estado 215 dólares cuando en realidad paga impuestos por 150. Con el nuevo nivel de retenciones hay quienes han denunciado que la diferencia que obtendrán de esta forma las cerealeras podría superar los 3700 millones de dólares.

Dos variantes capitalistas

Por si esto fuese poco, en las negociaciones que está llevando adelante con las organizaciones propietarias del campo, el gobierno por boca de Guillermo Moreno, ha planteado que estas cinco grandes exportadoras sean quienes compren la totalidad del trigo existente: “Según relataron los participantes de las negociaciones, el plan Moreno –o plan Cargill, como se lo rebautizó, por el nombre de la mayor firma exportadora de granos en el país– consistía en asegurarle al productor un precio ‘administrado’ por el gobierno nacional, a partir de la cotización internacional, a la que se le restarían las retenciones a la exportación y los costos de comercialización. Las compañías exportadoras –el mercado triguero está dominado por cinco– tendrían la responsabilidad de comprar todo el trigo que se les ofrezca y, con ese volumen, les deberían asegurar el abastecimiento a los molinos. La diferencia resultante (el excedente) quedaría como saldo exportable” (Página 12, 23/4/08). De esta manera, entregando el control del comercio exterior granario y nuevos subsidios a las cerealeras, el gobierno opina que se le facilitan las cosas para implementar los cada vez más virtuales “acuerdos de precios”, con los que supuestamente se busca evitar que el aumento de los precios internacionales de los productos alimentarios se trasladen a los costos de los alimentos, como está ocurriendo. En el caso del trigo, el fuerte aumento registrado en el último período, tiene incidencia directa en el pan y otros alimentos, como las pastas, que son parte fundamental de la dieta de la población trabajadora.

Frente a este “plan”, la Federación Agraria (FAA) ha planteado que llevaría a la eliminación de los molinos más pequeños proponiendo como alternativa “que, de haber una regulación como la propuesta, sea administrada por un comité en el que formen parte representantes de los molinos más chicos y de la producción” (ídem). Es decir, que el Estado garantice que los capitalistas más pequeños sean incluidos como socios de los más grandes y favorezca las condiciones para su acumulación de capital. Pero ambas posturas son reaccionarias y en gran medida utópicas. Tanto en el caso del trigo, como de la leche y las carnes, los controles “a la Moreno” han mostrado su inutilidad, y hoy tenemos un aumento muy fuerte de todos los precios de la canasta alimentaria: “El encuestador Artemio López, con medición propia, proyecta en un 32% anual la inflación de la canasta alimentaria. Para Ernesto Kritz, de la Sociedad de Estudios Laborales, se ubica en el 38,3%. En el relevamiento de la consultora Economía y Regiones, el costo de la canasta de alimentos y bebidas se elevó un 43% entre marzo último e igual mes de 2007” (Crítica de la Argentina, 23/4/08). A su vez, el planteo de la FAA de desarrollar una “burguesía nacional agraria” en alianza con la SRA, no solamente expresa el interés socialmente contrapuesto entre las capas medias y bajas de la burguesía agraria y los trabajadores, sino una esperanza utópica que niega que la concentración de la propiedad de la tierra y de la producción agraria en manos de los terratenientes, monopolios y oligopolios es una tendencia general del capitalismo, más allá que ciertas coyunturas como la actual creen la ilusión en los pequeños patrones que pueden transformarse en propietarios de mayor envergadura. Ni bien la tendencia de los precios internacionales dé un giro a la baja, los que hoy son los socios menores de la “patria sojera” serán los primeros en sufrir las consecuencias, como ya se vio en la década del ’90 cuando desaparecieron más de 100 mil productores agrarios a causa de la concentración de la tierra.

La salida obrera y popular es la expropiación de los capitalistas

Como hemos señalado ya en estas páginas (ver “Una salida obrera y popular”, LVO N° 272), la clase trabajadora tiene que levantar un programa independiente de las fracciones capitalistas en disputa. Un programa que permita forjar la unidad e impulsar la movilización de los explotados de la ciudad y el campo en defensa de sus propios intereses. Este programa incluye, junto con la expropiación de la oligarquía y la burguesía agraria, empezando por los 4.000 principales propietarios que poseen más de la mitad de las tierras destinadas a la agricultura y la ganadería, la expropiación de los grandes monopolios exportadores. Esto permitiría explotar las tierras expropiadas en base a estancias colectivas que aprovechen la producción en escala y también para otorgar arrendamientos baratos para campesinos pobres y pequeños chacareros que no exploten fuerza de trabajo. Sería la base para implementar un plan racional de producción agropecuaria en función de las necesidades de las amplias mayorías populares y la preservación del medio ambiente. A su vez el monopolio estatal del comercio exterior (que el Estado concentre las exportaciones y las importaciones) permitiría evitar realmente que los aumentos de los precios internacionales entren en contradicción con las necesidades alimentarias del pueblo trabajador. Por el contrario, garantizarían una alimentación de calidad y barata para toda la población, algo que este sistema irracional es incapaz de realizar aún en un país como Argentina: pese a que producimos alimentos que alcanzan para dar de comer a 300 millones de personas, y a que no superamos los 40 millones de habitantes, el hambre y una alimentación deficitaria afecta a millones, empezando por el 30,3% de la población, 11,8 millones de personas, que se encontraban a fines del año pasado bajo la línea de “pobreza” oficial.

Son todas medidas que para implementarse necesitan vencer la resistencia de las clases poseedoras: es mediante la lucha de clases como podrán obtenerse aún parte de los objetivos planteados, cuya resolución íntegra, duradera y generalizada, sólo podrá lograrse instaurando un gobierno de los trabajadores y del pueblo pobre basado en las organizaciones de democracia directa de las masas explotadas y oprimidas de la ciudad y el campo.


LA FOTO DE LA SEMANA

“Y ríe, ríe la noble oligarquía...”

Cristina recibió a la princesa Máxima Zorreguieta de Holanda, heredera de familia terrateniente en Argentina con campos en Pergamino, Tucumán y Salta. El padre de Máxima, Jorge Zorreguieta, fue secretario de la Sociedad Rural y secretario de Agricultura y Ganadería de Videla. Hoy está asociado a David Lacroze dueño de un pool de siembra y de una empresa de granos.

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