Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
17 de diciembre de 2017

La Verdad Obrera N° 586

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El fraude de las declaraciones juradas

11 Sep 2014   |   comentarios

El cinismo de Víctor Hugo Morales al elogiar las “ventajas” de vivir en una villa miseria, parece remitir al viejo repertorio gorila de las tradicionales clases oligárquicas que fundamentaban la existencia de las villas en la voluntad de sus residentes (“Viven en la villa porque quieren”, era vox populi entre las clases medias reaccionarias). Ese mismo cinismo acusa otra vertiente en el jefe de Gabinete Jorge Capitanich que declaró, sin mediar el menor estupor, que “las políticas de inclusión han logrado la erradicación del hambre y la personas en condiciones de indigencia”. Más cerca del barro, la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA acaba de sacar un documento sobre el deterioro de las condiciones de vida de las franjas pobres urbanas, marcando el crecimiento de la población hacinada de las villas miseria porteñas en un 156% desde 2001 (poco más del 70% durante los últimos 4 años), sin instrumentar ninguna política de urbanización (la última fue a mediados de la década del ’90), a pesar de las leyes votadas en la Legislatura.
Paradójicamente, mientras la pobreza se extiende, los haberes de funcionarios, magistrados y legisladores, sean oficialistas u opositores, rebozan de una excelente salud. Según los datos publicados por la Oficina Anticorrupción, todos aumentaron su riqueza, a pesar de las tendencias recesivas y la caída del empleo y el consumo. Los diarios difundieron algunas de esas cifras millonarias obscenas que resultan un insulto para el común del hombre de a pie, obligado a ajustar sus gastos producto de la inflación y el deterioro del poder de compra del salario real.
Sin embargo, actualmente es imposible acceder al detalle que comprenda el incremento de ese patrimonio, pues la reforma de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, reglamentada en julio de 2013, restringe esa información respecto de la evolución de los valores. Pablo Secchi, presidente de Poder Ciudadano, explicó que con el nuevo sistema de declaraciones juradas "ya no se puede conocer el movimiento real de dinero, ni cómo se contrajo una deuda, en carácter de qué ni cómo se fue generando la misma ni mucho menos cómo se incrementó un patrimonio o si en una propiedad hubo mejoras, modificaciones". “Ahora únicamente tendremos acceso a un formulario que muestra el monto total de cada categoría, pero que no refleja cómo se encuentra compuesta la misma”.
Más allá de la evidente falta de transparencia para ejercer un relativo contralor, el aspecto mas fraudulento de las declaraciones juradas reside en que de ningún modo reflejan las verdaderas finanzas que mantienen el standard de vida de funcionarios, magistrados y legisladores, los que viven como regios magnates vitalicios.
Entre otros fraudes, se computan las propiedades inmobiliarias según los valores fiscales, distantes en un 1000% de las valuaciones de mercado. Por ejemplo, Cristina tasó un departamento de 392 m2 del barrio de la Recoleta en 220.000 pesos, cuando en realidad el precio de mercado se aproxima a casi un millón de dólares. Tampoco figura información sobre el patrimonio de los cónyuges e hijos menores emancipados, un recurso muy común para distorsionar y evadir al fisco. En otras palabras, es la misma Oficina Anticorrupción como institución del Estado la que encubre los actos de corrupción de funcionarios, magistrados y legisladores, la moneda de cambio que embolsan como “comisión” (termino conceptual que figura en los balances de las empresas) para legislar en función de los intereses de los grandes capitalistas. El escándalo desatado alrededor del vicepresidente Amado Boudou no es más que la punta del iceberg de esa casta de políticos profesionales seleccionados para reproducir el orden existente. Con justa razón se oponen al proyecto de ley presentado por el diputado del PTS en el FIT Nicolás Del Caño, que dispone que tanto funcionarios, magistrados como legisladores cobren una dieta equivalente al salario de una docente con 20 años de antigüedad. Una afrenta a su modo de vida millonario, reñido con los intereses de las grandes mayorías populares.

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