El escándalo sacude una vez más al gobierno de Macri. Ciro James, funcionario del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., fue detenido por orden del juez Oyarbide, acusado de ejercer el espionaje ilegal contra Sergio Burstein, dirigente de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA. Tras el allanamiento realizado en la casa de James, fue hallada tecnología sofisticada de última generación en la intercepción de escuchas telefónicas, lo que confirma el verdadero “trabajo” de este personaje que inició sus labores en la Policía Federal. James estaba íntimamente vinculado al ex comisario Jorge “Fino” Palacios, quien había sido su jefe en la Superintendencia de Investigaciones, y se vio obligado a renunciar al comando de la Policía Metropolitana ante el cuestionamiento de vastos sectores, entre ellos, los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Se presume que James seguía instrucciones de Palacios, interesado en las discusiones de los familiares por su pública responsabilidad en el ocultamiento de pruebas y el encubrimiento del atentado cometido en 1994.

Supuestamente el Juzgado de Instrucción N° 1 de Posadas dispuso, en base a una pista falsa, la intervención de los teléfonos de Burstein, aunque James sostiene que sólo actuó a modo de colaboración con sus “colegas” de la SIDE.
Por si fuese poco, entre 2008 y 2009, James obtuvo dos contratos como asesor en el Ministerio de Educación porteño, mediante los cuales disfrazaba sus tareas de servicio de espionaje bajo la figura de “asesoramiento en temas legales”, tal como declaró en su testimonio ante la justicia la jefa de gabinete de la cartera educativa, Roxana Barroso. En ese sentido, los dirigentes de UTE denunciaron que James fue incorporado al Gobierno de la Ciudad en el período más agudo del conflicto docente para desarrollar “auditorías”, cuando en realidad dedicaba sus esfuerzos a elaborar informes sobre los activistas docentes y estudiantiles que promovían la lucha, colaborando en la confección de las listas negras lanzadas desde el Ministerio de Educación.

Es necesario impedir que prosperen estos antecedentes nefastos como rémoras de la dictadura militar. Así como hasta hace poco numerosas organizaciones nos movilizamos para echar a “Fino” Palacios, del mismo modo hoy está planteado lanzar una gran campaña democrática para exigir la renuncia del ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, y del titular de Seguridad, Guillermo Montenegro, así como la disolución de la Policía Metropolitana, para frenar los aprestos represivos de Macri en una ciudad que no va a estar nada buena.