El crimen de Mariano Ferreyra conmocionó al pueblo trabajador. Fue un ataque directo a los militantes sociales y la izquierda. Las movilizaciones por el castigo a los culpables llevaron a prisión a algunos de los autores intelectuales y materiales, sentando en el banquillo de los acusados a burócratas sindicales y policías. El juicio debe mostrar el móvil del crimen. Pero los trabajadores tercerizados, los que lucharon y se movilizaron desde antes de aquel 20 de octubre, saben cuál fue. Frenar su organización, su lucha y que los tercerizados no se atrevieran a reclamar el pase a planta para ser reconocidos como ferroviarios. En definitiva intentaban impedir que avance la movilización y organización obrera, que continúen conquistando el pase a planta y terminen con el fraude laboral de las tercerizadas.

La tercerización es una forma de superexplotación laboral, basada en contratar trabajadores que no sólo perciben menores salarios, sino que están por fuera de los convenios del gremio donde trabajan.

En el ferrocarril, este fraude sólo es posible por la “asociación ilícita” entre el Estado (Secretaría y Subsecretaría de Transporte y Ministerio de Trabajo), los empresarios de la UGOFE (Metrovías-Grupo Roggio, Ferrovías-Grupo Romero) y la UF. El vínculo de esta trama está dado en que a la UF contaba con empresas tercerizadas, como la Cooperativa Unión del Mercosur. Otras están vinculadas a UGOFE (Aumont, Sehos, Herso, Ecocred, etc.) que recibe $66 millones mensuales del Estado. Los tercerizados cobran un tercio por el mismo trabajo que un efectivo. La Secretaria de Transporte paga a las empresas tercerizadas, elegidas a dedo por la UF y la UGOFE.

El juicio

En estos veintiocho días de audiencias se va relatando, una y otra vez, que pasó los días 19 y 20 de octubre del 2010. Decenas de testigos ya fueron citados. Entre ellos, militantes sociales y políticos; trabajadores; gerentes y funcionarios de las empresas implicadas; barras bravas que ese día participaron del corte para frenar a los ‘zurdos’. Los testimonios dejan al descubierto, aunque algunos no lo quieran, parte del entramado mafioso. Pero se diferencian en que hay testigos que intentan resguardar a los acusados y no revelar más de lo necesario sobre los negociados. La gran mayoría de los testigos ligados a la patota, la policía y funcionarios de la UGOFE responden a la mitad de las preguntas con un “no me acuerdo”. Mientras que los testigos que aquel día se movilizaron por el reclamo de los tercerizados, muestran la mayor cantidad de datos y buscan entre sus recuerdos las pruebas que acrediten lo sucedido. Las pruebas son contundentes. Pedraza ordenó a la patota y ésta ejecutó. 

Pablo Villalba era empleado de Unión del Mercosur, él ya dijo y será testigo en el juicio, que el sobrino de Pedraza era el gerente. Esa tercerizada era de la Unión Ferroviaria. Es una prueba del interés que tenía Pedraza y compañía en que no se terminara la tercerización. Era su negocio.

El juicio, hasta ahora, no devela nada que los trabajadores no sepan. Sólo muestra los ‘detalles’ de ese fraude laboral y hace conocida esa organización delictiva que cuenta con la legalidad que le otorga el Estado Nacional. Ningún funcionario ni empresario está imputado en este juicio.

Severo, el testigo secuestrado

Uno de los testigos más esperado en este juicio. Su declaración no aportó más de lo que había declarado en la instrucción. Fue uno más de los que mostró los vínculos de la burocracia de la Unión Ferroviaria con las tercerizadas. Declaró que “Pedraza se convirtió en empresario en los ’90, le entregaron el Belgrano Cargas, maneja la tercerización, dejó miles de ferroviarios en la calle, el gremio no defendió a los trabajadores”.

Severo fue secuestrado durante un día, y hasta el momento no hay ningún responsable detenido. Algo que sólo es posible por la impunidad que se otorga desde el Estado. Un capítulo más de la zaga mafiosa que protagoniza el pedracismo y sus cómplices.

Frenar a los zurdos

El 20 de octubre estos tres protagonistas estuvieron interesados en “frenar a los zurdos” para sostener la tercerización. Fue fundamental que “trabajaran” juntos: la burocracia sindical mandó a su patota, “tercerizó” parte del trabajo contratando barrabravas; los directivos de UGOFE, desde la oficina de Recursos Humanos, habilitó la salida de 120 patoteros de los talleres de Remedios de Escalada, de los cuales el único imputado es Guillermo Uño; y desde el gobierno se permitió la complicidad de las policía Federal y Bonaerense, que más que liberar la zona fueron partícipes directos para que actúe la patota.

Esperamos que cuando concluya el juicio todos los imputados, Pedraza, la patota y la policía, se pudran en la cárcel.

Sabemos que no están todos los responsables presos. Faltan otros culpables, como el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, la viceministra, Noemí Rial, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi y su subsecretario Antonio Luna, hombre de La Fraternidad. Llevarlos a juicio es una obligación de todos los que queremos justicia por Mariano, lo que sólo será posible con la movilización popular, lo que incluye la organización obrera para acabar con el empleo tercerizado. Como coreamos en cada marcha, “a Mariano Ferreyra lo vamos a vengar con la lucha obrera y popular”.