Ha vuelto un conflicto que desveló al Gobierno desde sus inicios y que parecía menguado en los últimos meses: el de la agitación callejera. Los actores principales no son ahora los piqueteros sino trabajadores que reclaman una mejor recompensa salarial.
Tampoco la ciudad ha sido convertida, como antes, en un pandemonio vecino con el caos. Pero las huelgas de los telefónicos la semana anterior y la de los empleados de los subterráneos en estos días crispan una paciencia colectiva que habitualmente, a esta altura del año, asoma casi agotada.
Aquel síntoma no pasa de largo en la Casa Rosada. El Gobierno logró rehacer su imagen en la opinión pública gracias a dos cosas: su menor espíritu confrontativo –con freno en el plano interno– y cierto control de la calle, donde los problemas sociales se asocian siempre con los de la inseguridad.
El desafío, aunque esperado, no deja de ser bravo para el poder. Pasada la prolongada incertidumbre de la devaluación y reanimado el circuito productivo, era inevitable el ciclo de la recomposición salarial.
El litigio, aunque a veces molesto, muestra su cara positiva: la demanda indica la percepción popular sobre la existencia de algún horizonte y no reduce el debate sólo a la cuestión del desempleo y la marginalidad.
Esas constituyen cuentas pendientes de enorme gravedad que todavía tiene el Gobierno y que no alcanzan a saldar el empuje que exhibe el crecimiento económico. Pero la movilidad laboral que se advierte hoy con formato de conflicto indicaría la existencia de un espacio en el sistema de trabajo que tiempo atrás no se avizoraba.
La presión salarial enfrenta al Gobierno, sin embargo, con una encrucijada. Cualquier mejora en el bolsillo de la gente apunta a incrementar el consumo y a sostener, mediante esa receta, el despegue económico. De hecho, fueron varias en el año las medidas oficiales –sobre todo ligadas a los jubilados– destinadas a provocar el derrame de dinero en el mercado.
Pero la tendencia podría conspirar, a la vez, contra la intención de lograr un drástico descenso en las tasas de desempleo. La historia económica enseña que frente a mayores erogaciones por el pago de salarios, las empresas buscan siempre una compensación con la menor contratación de personal.
Otra disyuntiva para el Gobierno tiene que ver con el desarrollo de los conflictos. La mayoría de las mejoras salariales se vienen practicando a través de acuerdos por paritarias –están funcionando más de 40–, aunque hay casos que han salido de ese carril.
Dos de los conflictos resonantes de los últimos días –telefónicos y subtes– ocurren en sectores de la economía con regulación tarifaria. Cada uno de ellos tiene su matiz: el aumento concedido a los telefónicos hace prever la reanudación de la ofensiva de las privatizadas para conseguir una actualización tarifaria.
El tema es tan viejo como el desarrollo de la crisis argentina. Néstor Kirchner resistió los reclamos para, a su entender, no fomentar ningún proceso inflacionario. Pero la cuestión figura entre las prioridades del FMI, con el cual, más tarde o más temprano, el Gobierno deberá reanudar el diálogo.
El pleito con los trabajadores de subterráneos pareciera enrarecerse además por una puja política. Allí conviven –por lo visto no lo hacen– sectores del gremialismo duro (el PO y la agrupación Teresa Vive) con los ortodoxos que encabeza José Palacios. El ministro Carlos Tomada no ha conseguido aún la fórmula de equilibrio entre esos bandos antagónicos y las huelgas adquieren cierta caracterización salvaje.
Hay otro conflicto que se viene desenvolviendo en un nicho de poder y que involucra a sectores sociales no tan rezagados como aquéllos: refiere al aumento a los judiciales dispuesto por el Consejo de la Magistratura.
La decisión significaría un in cremento del 30% cuya legitimidad fue objetada por un fallo de la Corte Suprema. El Consejo adujo autonomía económica para adoptar tal determinación: pero Roberto Lavagna estima que burla las normas de la Ley de Administración Financiera que inhabilita las decisiones de ese tipo antes del otorgamiento de las partidas presupuestarias correspondientes.
Puede que haya en el medio del problema, en efecto, un aspecto legal. Pero cabe al poder político, sobre todo, reponer cierta noción de orden y equidad.