El General Antonio Bussi, conjuga algunas características que hablan mucho de la historia del país. Con su alocución al comienzo del juicio oral en su contra trajo a colación el papel jugado por el gobierno constitucional de María E. Martínez de Perón e Italo Luder con relación al terrorismo de Estado. Durante el mismo, se firmaron los decretos en que se ordenaba “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, completando, perfeccionando y masificando la tarea de exterminio de la vanguardia obrera, estudiantil y la militancia de izquierda que venía desarrollando desde fines de 1973 la Triple A. Con estos decretos se constituyó a Tucumán en un ensayo del genocidio implementado desde el ’76 en todo el país.

También, ahora que la UCR intenta reciclarse, este juicio sirve para mostrar cómo las leyes de impunidad del gobierno de Alfonsín permitieron que Bussi pueda postularse como gobernador de la provincia; eso es utilizado como escudo por el General.

Los cargos que se le imputan son muchos: privación ilegal de la libertad, homicidio, tortura, violación de domicilio, asociación ilícita en el marco del delito de genocidio.

Pero en la provincia del Operativo Independencia, de la Escuelita de Famaillá, de la represión a los Ingenios, de genocidio bajo gobierno constitucional, a 5 años de la anulación de la Obediencia Debida y el Punto final, SÓLO UN GENOCIDA (acompañado por el ya condenado Menéndez) y por SÓLO UN CASO, es llevado a juicio oral.

Por eso debemos alertar que así, lamentablemente, la pelea de años de muchas organizaciones es manipulada para su contrario: efectuar juicios profundamente emblemáticos, a los más reconocidos represores, por algunas víctimas. Es innegable que la dimensión del genocidio se desdibuja y también su contenido, que tiene como una de sus características fundamentales la masividad: la importante cantidad de militantes políticos, sociales y gremiales a los que alcanzó y también la masiva participación de las distintas fuerzas de seguridad e inteligencia que fue necesaria para llevar adelante un plan que vino a cambiar la estructura económica, social y cultural del país. Un gran golpe contrarevolucionario para reestructurar la Argentina en función de los intereses del capital más concentrado.

Desde esta perspectiva, un juicio aislado, a un único represor sollozante que centra su ataque en la víctima, también recortada del contexto en que se la desapareció, modifica la historia.
Desde el CEPRODH, como parte del colectivo Justicia Ya!, hemos alegado siempre denunciando el desguase de las causas y exigiendo la condena por genocidio. Esto no es para nosotros una simple categoría legal; es parte de la pelea por el reconocimiento de que en la Argentina hubo un genocidio y que ese grupo a exterminar estaba conformado por todos aquellos que eran un obstáculo para esa restructuración del país que la dictadura vino a imponer y que tuvo en el Operativo Independencia un macabro laboratorio del plan que extenderían a todo el país después del golpe.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, escribía el domingo en Página/12 con relación a las expresiones de Bussi: “Admitió, a pregunta del fiscal, que ‘las fuerzas rotaban cada 45 días y operaban en distintos lugares utilizando diferentes infraestructuras, generalmente públicas (comisarías, escuelas, etcétera), para la interrogación previa de personas detenidas’. El sistema de ‘rotativos’ es el que involucró a la mayoría de los oficiales de las tres FF.AA. en crímenes y torturas. El pacto de silencio de hoy se basa en el pacto de sangre de ayer”.

No podemos más que acordar con tal afirmación. El problema radica en que precisamente él es uno de los funcionarios del Estado responsable de mantener esa impunidad e impedir que salgan a luz los archivos de la represión y brindar todo lo necesario para identificar a todos y cada uno de esos miembros de las fuerzas represivas.

Las leyes se anularon hace ya 5 años; 26 genocidas han sido condenados y 2 absueltos (podríamos agregar: uno asesinado). Encima hay absoluciones… En más de 30 años ¿no habrán tenido tiempo para juntar las pruebas?

A su vez, esos 26 condenados representan un ínfimo porcentaje de los 200.000 (el 0,013%) que Duhalde dijo que actuaron desde el aparato represivo directo, que como se ve en los números, continúa intacto.

A partir del 20 de agosto en Neuquén y del 21 en Capital, abogados de nuestro organismo estaremos actuando en los juicios orales que se inician en ambos lugares. Una vez más será para nosotros un importante lugar desde donde plantear que esta metodología estatal de juicios segmentados se está construyendo un nuevo camino de impunidad.