Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
16 de junio de 2019

La Verdad Obrera N° 533

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EL CASO MILANI Y EL PROYECTO DE RECONCILIACIÓN

El Elegido

01 Aug 2013   |   comentarios

El general de Inteligencia y jefe del Ejército, César Milani, está en el ojo de la tormenta desde que fuera elegido por la Presidenta para ocupar uno de los altos cargos a los que se puede acceder en la carrera castrense. A partir de esa designación salió nuevamente a la luz que Milani participó activamente en la dictadura. Especializado en inteligencia, en el Operativo Independencia Milani prestó servicios como subteniente en el Batallón de Ingenieros 141 de Tucumán bajo las órdenes del genocida Antonio Bussi. Además figura en el listado -publicado por el gobierno en 2010- del personal de inteligencia que revistó durante la dictadura en el Batallón 601, una estructura “intrínsecamente ilegal” según fallos judiciales. Y en las últimas semanas testimonios de víctimas de la dictadura lo vinculan directamente con la desaparición del conscripto Alberto Ledo, lo que motivó que la familia del joven desaparecido pida que se reabra la causa.

Las denuncias de organismos de derechos humanos independientes del Estado sumadas a las menciones por parte de ex detenidos en el “Nunca Más” de La Rioja, obligaron al CELS a impugnar el ascenso de Milani ante el Senado, a raíz de lo que Cristina Fernández de Kirchner ordenó a los legisladores del Frente Para la Victoria congelar hasta diciembre el tratamiento en el Senado del pliego de ascenso del militar, de general de división a teniente general. Mientras tantos, la Presidenta lo mantiene en el cargo.

Pero hay más, el general está acusado de enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al flamante jefe del Ejército por este delito. Incluso en las últimas horas se hizo público que Milani habría participado en la detención de Carlos Menem (entonces gobernador de La Rioja) apenas consumado el golpe de Estado.

Cristina insiste

Sorprendió a muchos que CFK, a pesar de haber evidencias de que Milani fue parte del genocidio, lo haya ascendido a jefe del Ejército. Pero no es tan extraño si se tiene en cuenta cuál viene siendo la política del gobierno para con las Fuerzas Armadas en los últimos años. En 2010 -año del Bicentenario- durante las celebraciones por el día del Ejército, Cristina dijo que “pudimos construir nuestras victorias más importantes cuando la Nación fue por sobre todas las cosas pueblo, dirigida también por quienes tenían el honor de ser su brazo armado. Cada vez que ese brazo armado confundió su rol y se separó de su pueblo, hubo amargas derrotas.” Y en los festejos del 25 de mayo, Cristina agregó que éstas son las Fuerzas Armadas del “proyecto nacional” y ya no las de hace 30 años. Por entonces la ministra de Defensa, Nilda Garré, declaraba que “hay un clima de reconciliación con las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, más allá de la renovación generacional los militares continúan reivindicando el genocidio y los cuarteles están plagados de represores impunes.

Poco después, en diciembre de 2010, el desalojo del Parque Indoamericano ocupado por familias sin techo (con la represión criminal de la Federal y la Matropolitana que se cobró la vida de tres trabajadores inmigrantes) le serviría de excusa a Cristina para crear el Ministerio de Seguridad, con Nilda Garré a la cabeza. Desde entonces, se profundizó la militarización de las barriadas populares porteñas y del Conurbano.
Cuando en 2012 desde el PTS junto a las organizaciones que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, denunciamos que la Gendarmería Nacional espiaba a activista y luchadores, la entonces ministra Garré, responsable política de armar esta superestructura de espionaje, en conferencia de prensa intentó minimizar el asunto diciendo que el Proyecto X es un software. Claro, una base de datos que cuenta con información como nombres, teléfonos, direcciones, apodos, vinculaciones, vehículos, lugares y, por supuesto, actividades políticas de los investigados. Un refinado aparato de vigilancia de ciudadanos que incluye hasta características de personalidad y cuyas operaciones son realizadas con los agentes vistiendo ropa de civil, infiltrados en movilizaciones y organizaciones sociales. Nuestra denuncia demostró que Gendarmería Nacional espía y se infiltra entre las organizaciones populares para finalmente armar causas penales contra los luchadores, como a los miembros de la Comisión Interna de Kraft. De allí se explica que éste sea uno de los gobiernos que más presupuesto nacional destina para tareas de inteligencia. En 2013 el presupuesto estimado para esta área es de $1.439 millones.*

En este contexto, Milani fue convocado a protagonizar ese proyecto de “reconciliación”, dándole mayor peso estratégico al aparato represivo del Estado. Especialista en “Inteligencia”, quien es sindicado como uno de los mentores del Proyecto X, sin dudas podía ser un buen garante de espionaje, persecución y criminalización.

Genocidas Nac&Pop

Cuando nombró a Milani Cristina dijo que “las Fuerzas Armadas tienen un nuevo rol a través de la solidaridad y la ayuda, lo que nos permite cerrar la brecha que épocas trágicas abrieron en nuestras Fuerzas Armadas y la sociedad”. Sin dudas es una preocupación presidencial reconciliar a la población con el brazo armado del Estado. Con este objetivo los vimos actuar en las recientes inundaciones fatales en La Plata, donde la Presidenta respondió a ese crimen social enviando a los militantes de La Cámpora, a Gendarmería y el Ejército a “asistir” a las víctimas. La nueva Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencia (dependiente del Ministerio de Defensa que comanda Agustín Rossi) a cargo de la camporista María Cecilia Rodríguez, destacó la “nueva etapa” para “tender puentes entre las Fuerzas Armadas y la sociedad”.

No hay dudas de que el kirchnerismo quiere cerrar el pasado. En abril de este año Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, manifestó su aspiración a que “en el transcurso del 2015 empiecen a concluir los procesos judiciales” por delitos cometidos durante la dictadura. Y agregó que “hoy estamos viendo juicios de megacausas como la ESMA y La Perla, que por supuesto van a tardar entre un año y un año y medio en concluir, pero lo importante es que hay una dinámica que nos lleva a creer sobre la probabilidad de empezar a cerrar las causas que comenzaron a investigarse desde 2003 en adelante.”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que apoya la política de derechos humanos del gobierno, sostuvo hace pocos días, en referencia a Milani, que "no encontramos antecedentes en él, en la foja de servicio de él dice que efectivamente ha estado en esos lugares, en Tucumán, pero bueno, si presumimos que cada miembro de las fuerzas armadas que estaba en un lugar de terminado es responsable de un genocidio, tendríamos que enjuiciar a todas las fuerzas, porque todos estaban en algún lugar, en algún momento."

El caso Milani debe ser entendido como parte de la política del gobierno, de reconciliación para integrar a las Fuerzas Armadas a la vida civil al tiempo de fortalecer el aparato represivo y alistarlo para intervenir en los conflictos sociales y ser instrumento de la represión. Política que los intelectuales kirchneristas llaman de “seguridad democrática”.

Las debilidades de un gobierno en franca declinación convirtieron el nombramiento de Milani en una crisis política aún abierta.

Desde el PTS y el Frente de Izquierda seguimos luchando por juicio y castigo a todos los genocidas, por todos los compañeros. Exigimos que se abran todos los archivos de la dictadura, empezando por los que están en manos del Estado. Y la disolución de todos los aparatos y sistemas de inteligencia utilizados para espiar e infiltrar a las organizaciones obreras y populares.

*Ver “Se persigue a quienes defienden sus derechos y enfrentan al poder”, LVO N° 531

Temas Relacionados: Libertades Democráticas , Nacional , Designación de Milani









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