El 26 de noviembre las compañeras abogadas del CeProDH, Ivana Dal Bianco y Romina Sckmunck, pidieron que se condene por genocidio a prisión perpetua y en cárcel común en el juicio oral que se lleva adelante a ocho genocidas que actuaron en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén durante la ultima dictadura militar.

Este Juicio que se inició hace más de 4 meses y por el que pasaron más de 140 testigos, estuvo atravesado por la política de impunidad del gobierno nacional y de la Justicia.

Es por ello que en su oportunidad nos opusimos a que se eleve en forma desmembrada, acusando a unos pocos militares por algunos compañeros, dejando absolutamente indemne a las otras fuerzas represivas que fueron parte de un circuito represivo que incluyó distintas comisarías y dependencias de las dos provincias y tuvo como eje central el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”. Y durante todo el juicio pedimos acusaciones de esos genocidas que -seguros de la impunidad- se presentaron trasvestidos de testigos.

Pero esa política de impunidad, que mantiene desaparecido a Julio López, es la que tuvieron que enfrentar cada uno de los compañeros y compañeras que valientemente dieron su testimonio, incluso cuando su caso arbitrariamente no había sido “seleccionado” para este Juicio.
Por eso desde el CeProDH seguimos dando la pelea porque se encarcele a todos los genocidas por todos los compañeros y en cárceles comunes.