La denuncia de espionaje sobre los trabajadores combativos de Kraft alrededor del Proyecto X, presentada ante el juez Oyarbide por la abogada y dirigente del PTS Myriam Bregman y otras personalidades de organizaciones que componen Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, recibió el espaldarazo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) presidido por Horacio Verbitsky, Gastón Chillier y Carolina Varsky.

Respaldando las denuncias de los querellantes, el CELS presentó un “Amicus Curiae” o “Amigo del Tribunal”, es decir la presentación voluntaria que pueden realizar terceros ajenos al proceso judicial proporcionando elementos u opiniones que contribuyan favorablemente a la resolución de la causa.

En un extenso texto, el CELS señala, entre otras cosas, que “los hechos denunciados en esta causa se vinculan a la realización de acciones delictivas cometidas por integrantes de las fuerzas de la Gendarmería Nacional que pueden ser encuadradas en las figuras de incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo del 248 del Código Penal de la Nación) en tanto estas acciones pueden llegar a constituir órdenes contrarias a normas expresas previstas en la Ley de Inteligencia Interior, en la Ley de Defensa Nacional y en la Ley de Seguridad Interior y el Código Procesal Penal de la Nación”.

Con respecto a la información obtenida por la Gendarmería sobre dirigentes y activistas obreros y luego compilada luego en una base de datos, tal como admitió la gendarme Elisabeth Calisaya, el CELS agrega que “la ley de inteligencia prohibe la producción de inteligencia o el almacenamiento de datos… cualquier tipo de operación de obtención, reunión, sistematización y análisis de información realizado por un organismo de inteligencia del Estado –incluidas las fuerzas de seguridad –, basado en la opinión política, la ideología o la acciones privadas de las personas, configura una injerencia ilegítima en un ámbito de la vida privada que se encuentra resguardado bajo el amparo del art. 19 de la Constitución Nacional”. En otros términos, el CELS cuestiona la legalidad de la información y el análisis de los datos obtenidos por Gendarmería porque están por fuera de “un requerimiento judicial en el marco de ‘una causa concreta’”, pues no se trataba de una “una investigación penal en la que existía una hipótesis delictiva”.

Más en general sobre el Proyecto X, el CELS observa que “es necesario que se analice los criterios de clasificación de estas bases de datos para ver si se adecuan o no a los parámetros legales”. Tomando la denuncia presentada por los querellantes sobre Leonardo Norniella, delegado de la Comisión Interna de PepsiCo y dirigente del PTS, quien fue identificado en una marcha el 21/10/10 (aunque no fue procesado) y luego fue acusado de promover otro corte de ruta, el CELS pregunta “¿Cómo sabía Gendarmería que Norniella era un activista político?... ¿Por qué se almacenaron sus datos si cuando se lo identificó no se inició ninguna acción? Todos estos interrogantes deben ser resueltos por la investigación”.

Concluyendo el “Amicus Curiae”, el CELS destaca que “la cuestión es, una vez más, asumir que en el marco del Estado de derecho existen diversos límites a la injerencia de agencias penales. El incumplimiento de los límites abre la puerta a la arbitrariedad y a la ilegítima criminalización de la protesta social”.

Al cierre de esta edición, pese a haber pasado varias semanas de esta importante presentación, el oficialista juez Oyarbide (sirviente de cualquier oficialismo de turno y siempre firme junto a las fuerzas represivas) aún no se había pronunciado.