Al cierre de la edición de este número de La Verdad Obrera pasó a un nuevo cuarto intermedio la paritaria docente nacional. En principio ya se avanzó en la discusión salarial, cerrando el acuerdo con una suba del 24% que lleva el salario inicial de un docente a $1290, quedando para discutir la aceptación o no de los gremios, la restricción al derecho de huelga que quiere imponer el gobierno nacional con la cláusula de los 180 días de clase. El gobierno pone como condición para firmar el acuerdo salarial que los gremios acepten esto.

Llamamos a rechazar el acuerdo que quieren cerrar los dirigentes de CTERA y demás gremios nacionales con el Gobierno, y llamamos a rechazar y repudiar el ataque a nuestro derecho de huelga que esta intentando llevar adelante.

Los docentes del PTS que integramos junto a compañeras y compañeros independientes la Corriente Nacional 9 de abril llamamos a los trabajadores de la educación de todo el país a rechazar el acuerdo salarial entre los dirigentes de CTERA, UDA, AMET y otros gremios con el gobierno nacional, fijando un nuevo piso salarial de $1.290 de salario inicial, además de una (nueva) suma en negro de $100, recién en el mes de agosto.

Rechazamos este acuerdo, en primer lugar, porque ni siquiera con dos cargos se llega a cubrir el costo de la canasta familiar (ver declaración en www.pts.org.ar). En segundo lugar, porque este acuerdo legaliza nuevamente las sumas en negro y le permite al Estado nacional y los estados provinciales ser los primeros grandes evasores.

Insisten en achatar la escala salarial, es decir, que un docente con 1 año de antigüedad gane lo mismo que uno con 15 años. Acá vemos como los dirigentes de la CTERA-CTA que reclaman por la justa o mejor distribución de la riqueza, legalizan la política del gobierno de bajos salarios para los trabajadores y altas ganancias para los empresarios. Es decir, lo contrario de lo que predican.

Además, llamamos a rechazar este acuerdo porque fue hecho a espaldas de los más de 800.000 docentes de todo el país. Sí, la misma central que exige la libertad sindical al gobierno nacional, no convocó a una sola asamblea o reunión de delegados para discutir qué queríamos los docentes. Así, nos vimos obligados a ver a Stella Maldonado (dirigente de la CTERA) por TV anunciando ‘que sí, que no’, y aceptando discutir la imposición de un acuerdo por 180 días de clase. Es decir que por este año se comprometan a no realizar paros nacionales y si salen los docentes de las provincias, como anuncian en Río Negro para el 25/2, organizaron la comisión de mediación de conflictos junto al gobierno para ir a levantar las huelgas. Más allá que finalmente lo firmen o no, en el Ministerio, o en sus Congresos cerrados y antidemocráticos, no es más que lo que vienen haciendo, sin haber firmado ningún acuerdo.

Una responsabilidad para la oposición

Está en danza la discusión sobre “paz social”. El gobierno aclaró que “si firman, después no hay derecho a reclamar”. Hay que organizarnos, porque luchar por nuestros derechos parece que “no es un derecho” de los trabajadores docentes. La CTERA sigue subordinándose al gobierno, dejando nuevamente a los maestros librados a luchas provinciales, como lo vimos el año pasado. A merced de un gobierno nacional, y gobiernos provinciales que prometen ataques a los docentes, y ser duros con nuestras luchas. La oposición tiene que transformase en un polo de dirección para organizar la lucha. Insistimos una vez más con la propuesta que lanzamos en la declaración nacional de la 9 de abril: “los sindicatos y seccionales en manos de la oposición, junto a las agrupaciones y docentes opositores de todo el país tenemos que convocar en forma urgente a un Encuentro Nacional de delegados y luchadores docentes para poner en pie una alternativa de lucha y organización, democrática y combativa a la dirigencia de la CTERA.”

De prosperar esta iniciativa sería un gran paso adelante de los docentes para superar a estos dirigentes y a su política de subordinación y avanzar en lo que ya varias asambleas empiezan a votar: como el reclamo de $1.500 de básico hacia un salario igual a la canasta familiar, el rechazo a la “comisión mediadora” y el derecho a huelga.