El martes 4 de diciembre por la noche un destacamento del tristemente célebre “Grupo Albatros” de la Prefectura Naval Argentina procedió a reprimir salvajemente a los trabajadores del Casino de Buenos Aires quienes se manifestaban pacíficamente en la puerta de la empresa, como parte de una lucha que ya llevaba 20 días exigiendo la reincorporación de más de 90 trabajadores y trabajadoras despedidos en forma arbitraria. El violento operativo se realizó sin orden judicial y el ministro Aníbal Fernández afirma que tampoco hubo siquiera orden política.

En este marco los efectivos persiguieron y luego detuvieron al abogado de los trabajadores, Edgardo Moyano, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), avasallando las más elementales libertades democráticas como es el libre desempeño de la profesión de un letrado defendiendo la justa lucha de los trabajadores. No se trató de un supuesto “error”, ya que Moyano además de haber intercambiado palabras en su carácter de abogado con el mando del grupo represivo, apenas detenido se identificó inmediatamente, y pese a esto lo mantuvieron privado de su libertad alrededor de 12 horas.

Este gravísimo hecho se suma a la querella iniciada por el Dr. Roberto Durrieu, funcionario de la dictadura, contra la abogada Myriam Bregman, miembro también del CeProDH y junto al Colectivo “Justicia Ya!” participante de las querellas contra los genocidas Miguel Etchecolatz, Christian Von Wernich y Héctor Febrés. Este último, cuyo juicio por torturas en la ESMA se encuentra en su fase final, fue oficial de la Prefectura Naval Argentina, la misma que ayer privó ilegalmente de su libertad al abogado Edgardo Moyano.

Los abajo firmantes, consideramos a la detención de Edgardo Moyano como un salto de una escalada que no podemos dejar avanzar, que incluye la citada querella y las más variadas amenazas a los abogados que actúan en juicios contra los genocidas y defienden los derechos de los que luchan.

Exigimos el castigo a los responsables ideológicos y materiales de tamaño atropello.

PRIMERAS FIRMAS

Comisión de Prensa de los Trabajadores del Casino Puerto Madero. Carlos "Perro" Santillán. Norma Ríos y Sigrid Dalostto, APDH Rosario. Adriana Calvo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Graciela Rosemblum, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). Laura Ginsberg, Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA). Liliana Mazea, Fundación Investigación y Defensa Legal Argentina (FIDELA). LIBERPUEBLO. Unión por los Derechos Humanos La Plata. SERPAJ Córdoba. Multisectorial "Chau Pozo", Banfield. CORREPI Sur. Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad. Marcelo Bagnati, Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE). Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil de la Bonaerense. María Victoria Moyano, nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo. Rosario Pepino, familiar detenido-desaparecido. Raúl Ramirez Baena, Pte. De la Comisión de DDHH del Noroeste. Leonardo Norniella y Catalina Balaguer, CI Pepsico Snaks. Eduardo Saab y Carlos ’Charly’ Platkovsky, delegados LAN Argentina. Gustavo De Biase y José Luis Salazar, delegados Vialidad Nacional. Presidencia Centro de Estudiantes Ciencias Sociales (UBA). Presidencia Centro de Estudiantes Bellas Artes (UNLP). Centro de Estudiantes Periodismo (UNLP). Laura Figueroa, abogada DDHH Tucumán. Tilsa Albani, abogada. Gloria del Carmen León, abogada. Germán Córdoba, abogado. Sara Cánepa, abogada. Gustavo Manuel Macayo, abogado, docente Universidad Nac. de la Patagonia. Mariano Pedrero, abogado Zanon y Sindicato Ceramista Neuquén. Luis Arnaldo Bona, abogado e investigador Conicet. Pil Ojeda, Docente e Investigador UBA. Herman Schiller, periodista. Jorge Luis Calza, escritor y periodista. Alejandro Wall, periodista. Daniel Cares, Periodista. Luis Mihovilcevic, compositor de música. Luis Concha Henríquez, poeta chileno. Susana Rearte y Cristina Sarmiento, Asamblea Permanente por la Escuela que Queremos. Marcela Le Bozec, Biblioteca "Rodolfo Puigrós".

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