Despues de varias semanas en que los dirigentes de la CGT y la CTA venían reclamando leyes contra los despidos, el gobierno, por el contrario a cualquier restricción a los capitalistas en medio de la crisis, los libera de cargas sociales.

“Más facilidades no se le pueden dar a los empresarios” dijo Armando Cavallieri. Cristiano Rattazzi, presidente de FIAT quien venía de calificar de “confiscación” la estatización de las AFJP ahora dice: “Veo a un gobierno que se preocupa por la economía real”. El titular de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega, sostuvo que estas son “políticas para generar fuentes de trabajo, y no alentar a la CGT que promueve desempleo solicitando triple indemnizaciones”. Hasta el diputado Pinedo del PRO dijo que muchas de las medidas “van en el buen sentido” basado en que“son del tipo de las que aplicó Cavallo” como ministro de De la Rúa.

El llamado “plan anticrisis” que comenzó a anunciar el gobierno el martes 25, se presenta como una mezcla de esta receta de matriz neoliberal ya fracasada (“mantener” el empleo en base a abaratar los “costos” de los capitalistas) con un refuerzo de la intervención estatal a través del lanzamiento de un plan de obras públicas, que se terminará de conocer el 15 de diciembre cuando los fondos previsionales pasen a manos del Anses. Pero desde el momento en que el gobierno se ve en la necesidad de anunciar lo que será, según sus palabras, “el plan de obras públicas más importante que se haya hecho en el país” con una inversión estatal de 71.000 millones de pesos y llegar a prometer 360 mil nuevos puestos de trabajo, es porque sabe que, definitivamente, ni “el blanqueo de capitales” ni las demás medidas de reducción de cargas fiscales a los empresarios, traerán inversiones y empleo.

¿Quién cree en “la responsabilidad social empresaria”?

Los anuncios de Cristina Kirchner en el Sheraton Hotel fueron, ante todo, una señal política para intentar restaurar “confianza” del capital luego de la crisis generada por la estatización de las AFJP que terminó con el negocio financiero con los fondos de pensión. Después de una medida que fue calificada de “chavista”, ahora los Kirchner intentan dar señales de un signo similar al que anunciaron con el pago al Club de París y a los bonistas defaulteados, y quizá con resultados igualmente inútiles. La reducción de impuestos para los que repatríen capitales y las moratorias de deudas a los empleadores de trabajo en negro son, antes que nada, un verdadero premio a los evasores y especuladores. Los funcionarios kirchneristas se atajan diciendo estar “filosóficamente en contra”, pero justifican las medidas “por la situación excepcional de la crisis”.

Como reconoce el ultraoficialista Página/12 “las experiencias recientes tampoco corroboran que una reducción del 50% en los aportes patronales se traduzca en más empleo en blanco”. Si de los 3 millones de puestos de trabajo creados bajo los últimos años de crecimiento, alrededor de un 50% fueron en negro, siendo los años de mayor rentabilidad, ¿qué puede esperarse en medio de esta crisis donde el trabajador eventual es, para empresarios grandes y pequeños, la primer variable de ajuste?

Por su parte, los capitales que estuvieron diez o más años en el exterior evadiendo impuestos a las ganancias y bienes personales, ahora podrían blanquearse con una tasa entre el 1% al 8%, según se inviertan en la producción o meramente declaren lo evadido sin necesidad siquiera de traerlos al país.“Entre los rubros que a priori podrían ser los más beneficiados con este blanqueo se menciona al inmobiliario y algunos sectores destinados a la producción agropecuaria e industrial donde las empresas podrían decidir financiarse vía la repatriación de fondos antes de tomar créditos a tasas elevadas” (El Cronista Comercial, 26/11). Sin embargo los voceros del “mercado” concuerdan en que las medidas para atraer aunque sea una parte de los casi 150.000 millones de dólares que están fuera del sistema bancario del país tendrán “poco impacto”: “La caída en la rentabilidad de las actividades productivas y la incertidumbre sobre el valor futuro del dólar, constituyen un desaliento al repatriación que difícilmente sea compensada con el beneficio del blanqueo”.

En este marco, los llamados de Cristina a “la responsabilidad social empresaria” pueden terminar pareciéndose a las apelaciones del penúltimo ministro de Economía de Alfonsín, Juan Carlos Pugliese, que dejó grabada aquella frase sobre los capitales que se fugaban en masa: “les hable con el corazón y me respondieron con el bolsillo”. En realidad, lo que es presentado como la “repatriación de capitales” es un intento defensivo para frenar una fuga constante que ha alcanzado casi 25 mil millones de dólares en los últimos diez meses, y que se seguirá expresando como una de las manifestaciones de la crisis internacional no sólo en Argentina sino en todos los países “emergentes”.

Un Ministerio para el “partido de los industriales”

Con la creación de un Ministerio de la Producción y el plan de obra pública, los Kirchner intentan recomponer la alianza con la UIA y los empresarios de la construcción contratistas del Estado. La nueva ministra, Débora Giorgi, es una “militante orgánica” del “partido de los industriales”: ocupa cargos en ese área más allá de los distintos gobiernos, desde la presidencia de De la Rúa, sea bajo el mando de Machinea o Cavallo, como con Kirchner y Lavagna, en las gobernaciones de Solá o Scioli. Desde el nuevo ministerio buscarán llegar a acuerdos por rama, empezando por la automotriz donde negocian desde financiamiento estatal para créditos al consumo de automóviles, hasta hacerse cargo de una parte de los salarios de las multinacionales que se niega a rescatar el Estado norteamericano. Hasta los líderes sojeros de la Mesa de Enlace agraria, como Biolcatti de la Sociedad Rural y Llambías de la CRA se hicieron presentes en el acto de asunción de la nueva ministra:“estamos esperanzados, que este Ministerio tenga las atribuciones y políticas de una verdadera cartera para la producción”.
Como hemos definido en estas páginas, después de la estatización de las AFJP se puso en marcha un intento de “bonapartismo previsional”: la concentración del crédito en base a la nueva recaudación de los fondos del Anses, mediante el cual la camarilla gobernante busca reforzar su poder de árbitro sobre las presiones de las distintas camarillas dominantes y evitar que se resquebraje su sociedad con la cúpula de la CGT. En resumen, el aún incierto plan de obras públicas que fue recibido con efusivo apoyo de los popes de la Cámara de la Construcción, es el plan electoral por excelencia del oficialismo para acolchonar los efectos de la recesión internacional que amenazan con romper el consenso de masas con los Kirchner, el empleo, y apuntalar la red de administración de gobernadores e intendentes oficialistas para el 2009. En este escenario la oposición no sólo sigue desarticulada entre los distintos polos de agrupamiento que ensayan Carrió, la UCR, Felipe Solá o Macri, sino que además a perdido toda iniciativa política.

Nuestro programa

No hay una forma más efectiva de impedir la fuga de capitales que con la nacionalización del comercio exterior y de la banca bajo el control de los trabajadores. En lugar de premiarlos con fondos estatales, se trata de nacionalizar los monopolios del agro y la industria que tienen el control del comercio exterior, para que en nuestras manos se pueda exportar sin necesidad de las “devaluaciones competitivas” que hunden el salario, y para que las divisas obtenidas ingresen verdaderamente a nuestros países y no sean remitidas a las casas matrices de los países imperialistas, como hacen las petroleras, mineras, automotrices o las grandes comercializadoras de granos y alimentos. Así como para terminar con los especuladores de las finanzas y los bancos privados que son el principal vehículo de la fuga de capitales, se necesita la creación de una banca estatal única bajo control de los trabajadores para concentrar el ahorro de nuestros países y ponerlos al servicio de las necesidades populares.

Lo primero que aplaude toda la clase empresaria del paquete de medidas de los Kirchner es la medida que no se tomó: penalizar a los capitalistas que ya están descargando la crisis con despidos. Por el contrario: prohibición de despidos y suspensiones; en cada empresa o rama donde baje la producción, reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles sin afectar el salario, es decir a costa de las ganancias capitalistas; ocupación y nacionalización bajo administración obrera de toda industria que cierre.