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Libertades Democráticas

¿Despenalización o legalización de las drogas?

El juez de la Corte Suprema Carlos Fayt afirmó que hay “principio de consenso” en el tribunal sobre el consumo de drogas y que el fallo podría salir el próximo martes. Aníbal Fernández se pronunció por la pronta sanción de la ley. Por otro lado el juez Eugenio Zaffaroni, entrevistado por Página/12, anticipa los ejes del fallo “Despenalizar es suprimir un tipo penal (…)

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20 de agosto 2009

El juez de la Corte Suprema Carlos Fayt afirmó que hay “principio de consenso” en el tribunal sobre el consumo de drogas y que el fallo podría salir el próximo martes. Aníbal Fernández se pronunció por la pronta sanción de la ley. Por otro lado el juez Eugenio Zaffaroni, entrevistado por Página/12, anticipa los ejes del fallo “Despenalizar es suprimir un tipo penal (…). Lo que se está haciendo (en la Corte) es una interpretación constitucional de la ley diciendo que la tenencia para consumo personal puede ser tipificada sólo cuando haya un peligro concreto para terceros....”.

La actual normativa jurídica sobre el tema se rige por la Ley 23.737, promulgada durante el gobierno de Menem, que incrimina la tenencia aunque considera no punible el consumo personal; la pena por tenencia va desde los 2 años o la obligación del acusado a realizar un “tratamiento compulsivo”. El juez Roberto Falcone al respecto dice: “si el código penal no castiga patologías psiquiátricas, ¿por qué debe castigar a sujetos que consumen drogas, ubicándolos como delincuentes, por el solo hecho de consumir…”
Los argumentos del oficialismo a favor de la despenalización se centran en la ineficacia de la política represiva sobre el consumidor para combatir al narcotráfico, el excesivo costo económico para el Estado de este tipo de causas y en la idea -a partir de las estadísticas existentes- de que el consumo de drogas no es causa de delitos, como suelen predicar los partidarios de la mano dura y la pena de muerte.

Una oposición represiva

El proyecto genera oposición no sólo de los sectores reaccionarios partidarios de endurecer leyes y penas para cualquier tipo de delito, sino entre los padres de consumidores de drogas y profesionales de la salud.
Es significativo que tanto padres como profesionales de la salud, estén en contra de esta modificación. Uno de sus argumentos es que como el consumidor es un “enfermo” que no tiene conciencia de enfermedad, el cambio en la ley les quitaría la posibilidad de acudir al juez para internar (compulsivamente) a los que se encuentren sin “conciencia...”.
Esto es una falsedad. Del total de consumidores de alguna sustancia sólo el 3% queda afectado a su adicción, como afirma el juez Zaffaroni, “...el tóxicodependiente, es una minoría entre los consumidores...”.
Hoy, droga y delincuencia están asociadas; el uso de la categoría “enfermo” les es muy útil para encerrar o privar de derecho a alguien.

Legalización

Pero más allá del cambio que pueda significar la despenalización del consumo, la nueva normativa sigue dejando intactas las facultades del aparato represivo para perseguir a quienes consumen drogas. En primer lugar la ley establece un mínimo de tenencia que flexibiliza la norma represiva pero no la cambia. La despenalización deja en manos del aparato judicial y represivo la posibilidad de usar la nueva ley en función de sus propios intereses como mecanismo de control social. Para los millones de jóvenes hacinados en la pobreza, la utilización de la ley va a seguir siendo privilegio de las bandas policiales pudiendo ser acusados no ya de consumidores enfermos, sino de delincuentes narcotraficantes. Frente a ello proponemos la legalización del consumo de drogas para defender las libertades democráticas e individuales de la población y su derecho a decidir sobre sus vidas.

Lucha contra el narcotráfico

El gobierno propone la despenalización, entre otras cosas, para hacer efectiva la “lucha” contra los “narcos”, pero el narcotráfico es un gran negocio capitalista que se basa en la sociedad ilícita e inescindible entre narcotráfico, política burguesa y mafia policial.

El ingreso de los carteles de la droga a la Argentina es inexplicable sin la complicidad estatal, judicial, policial y del personal político y la sociedad con los capitalistas locales interesados en el negocio. Un ejemplo es el caso de la efedrina, donde ambiciosos empresarios “legales” proveían bajo la protección policial, la materia prima al cartel de Sinaloa (recordemos que el mismísimo De Narváez está acusado de mantener contactos con Mario Segovia, apodado “el rey de la efedrina”). Lo mismo sucede con el lavado de dinero.

Para terminar con el narcotráfico hay que derogar las leyes que permiten su acción –el blanqueo de capitales y la ilegalidad de la tenencia de drogas entre ellas- para limitar la impunidad de las mafias capitalistas que usan el negocio de las drogas para acrecentar sus ingresos.

El miedo a la legalización

Otra de las controversias planteadas a la hora de discutir la legalización es el miedo a que la droga pueda conseguirse más fácilmente y aumente el número de usuarios. Sin embargo el hecho es que aún siendo prohibida, la droga está a mano de todo persona que la desee, y lo que es peor la calidad del producto está cada vez más deteriorada, los elementos utilizados para adulterarla (y así aumentar su volumen e incrementar sus ganancias) llegan a provocar mayores daños en el consumidor que si fuera pura, como se ha demostrado médicamente en varias ocasiones. En cambio, la legalización limitaría el negocio de las mafias que la comercializan, responsable también de iniciar en el consumo a jóvenes, o cuando no a reclutarlos como distribuidores de sus “negocios”.

Si bien estamos por la libertad y el derecho de que cada cual use y consuma las sustancias que considere, hacemos una distinción con algunas sustancias como el Paco, su complejidad nos merece un trato especial que abordaremos en una próxima nota, pero no apoyamos ninguna intervención judicial o policial para combatir este flagelo que hoy azota a un sector de nuestra juventud:

-Disolución del aparato represivo de la maldita policía que hoy golpea a la juventud de los barrios populares bajo la excusa de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.

 Repudiamos la baja de edad de imputabilidad a los menores.

 Legalización de las drogas.

Prensa

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