Bajo el estandarte de la seguridad, el gobernador Scioli no escatima esfuerzos para profundizar la criminalización de la pobreza: después de impulsar la baja de la edad de imputabilidad, reformuló la estructura de la policía bonaerense en cuatro jefaturas para ejercer un control más “eficaz” y envió un proyecto de ley para reformar el Código de Procesamiento Penal provincial, limitando los permisos de salida de los presos sólo a embarazadas y enfermos terminales. Ni corto ni perezoso, Scioli se dispone a entregar 1.800 autos patrulleros, mientras espera incorporar otros 2.000 policías, conformando así un ejército de 56.000 hombres. De este modo se propone militarizar los barrios humildes del conurbano, extendiendo así el cerco de hecho existente en la gran mayoría de las Villas Miserias como La Cava. En ese sentido, el ex motonauta mostró interés por las políticas de Alvaro Uribe en los distritos periféricos de Bogotá, donde diariamente aparecen cadáveres de personas sin recursos. Esa es la seguridad de los ricos, la que se garantiza eliminando “los derechos humanos de los delincuentes”, como decían Juan Carlos Blumberg y el ex gobernador Carlos “meta bala” Ruckauf. La misma que ahora empuña Macri con la policía metropolitana de la Ciudad, gracias al apoyo que le prestaron los diputados kirchneristas en la Legislatura concediéndole un presupuesto de $205 millones.

La policía y la justicia

Cristina declaró que “la policía detiene, detiene y la justicia libera, libera”, en tanto otros sectores de derecha replicaron que la policía es demasiado “permisiva”. Los Kirchner asumen un discurso reaccionario acorde a mantener el armado pejotista con intendentes del conurbano como Mario Ishi y Raúl Otacehé, quienes imponen un control social sobre los pobres con métodos policíacos-mafiosos. Sin embargo, el periodista Horacio Verbitsky (Página/12, 2/11/08) demuestra que la policía y la justicia funcionan de forma complementaria como instituciones de un Estado que criminaliza a los pobres, con particular saña sobre los jóvenes, que componen el grueso de la población carcelaria (ver recuadro).

“Llegan a 14.000 los presos que están en libertad”, tituló Clarín en su tapa del domingo. Para completar semejante ridiculez faltaría añadir que los restantes 40 millones de ciudadanos están presos. En su afán de sembrar alarma por los beneficios de libertad condicional y salidas transitorias, los medios esconden que de los más de 80.000 detenidos en las cárceles nacionales el 65% no tiene ni juicio ni condena, así como de los 26.000 detenidos en las cárceles bonaerenses el 80% tampoco tiene condena. Según la CORREPI hay un muerto cada 40 horas por violencia estatal de gatillo fácil y apremios ilegales en comisarías y cárceles, generalmente impunes. Sólo un interés premeditado por más mano dura puede sostener la “liviandad” de la justicia y la policía. Las clases propietarias dueñas de los medios de comunicación martillan sistemáticamente una batería de ideas reaccionarias apoyadas sobre datos infundados, generando una sensación térmica muy distante de la temperatura real. Al respecto, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni apunta que “invariablemente se denuncia por lo menos una vez en la semana el aumento de la criminalidad a lo largo de los último cien años... Si eso hubiese sido cierto a lo largo de cien años, estaríamos todos muertos” (Crítica, 2/11/08).

“Progresistas sin culpa”

Más allá de la derecha, resulta sorprendente que también sectores llamados “progresistas” promuevan propuestas para bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes, entre los cuales figuran 14 proyectos de ley, como los de Vilma Ibarra y Diana Conti. El proyecto madre fue presentado por Emilio García Méndez, diputado de SI, quien señaló la necesidad de hacer efectiva la “privación de la libertad entre los 14 y 18 años para delitos graves taxativamente estipulados”, manifestándose contra los “pequeños grupos seudoprogresistas, nietos trasnochados de un abolicionismo penal de pacotilla … que se rasgan las vestiduras frente a la represión futura”, en tanto propuso “un régimen penal juvenil” basado en la “severidad con justicia” para “articular sin culpas propuestas serias de represión legal”, adecuadas a la “Convención sobre Derechos del Niño de UNICEF” (Página/12, 28/10/08). Cabe destacar que el proyecto fue suscripto por Claudio Lozano y María América González. Bajo la excusa de disputarle a la derecha la agenda de la seguridad, estos seudoprogresistas terminan adaptándose a estas políticas reaccionarias, impulsando una represión estatal “humanizada” y “sin culpas”, tal como hicieron muchos socialdemócratas europeos que acabaron abrazando las políticas de manos dura de los gobiernos de derecha. Es imperativo que los organismos de derechos humanos, las organizaciones que se reivindican democráticas, los partidos de izquierda y las organizaciones obreras combativas levanten una gran campaña nacional contra las persecuciones y la criminalización de los jóvenes pobres. Es necesaria una respuesta unificada urgente para frenar de una vez esta cruzada reaccionaria.