“Esto es un plan de criminalización de la protesta”

Cuando vemos todo lo que apareció en la causa podemos decir que esto constituye uno de los ataques más grandes que han salido a la luz sobre las libertades democráticas y los derechos humanos en el último tiempo. Por eso pedimos la indagatoria de Héctor Schenone, el anterior jefe de Gendarmería, y siente gendarmes más (algunos infiltrados en las manifestaciones y otros que son los responsables del Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo).

En la causa el CELS presentó un escrito en el que menciona, por ejemplo, que acá hay violación del artículo 4° de la Ley 25.520 de Inteligencia, que prohíbe específicamente que se junte información de personas por su actividad sindical o política. ¿Cuál es el eje de las personas que acá se espiaron? Todas aquellas que alguna vez se manifestaron u organizaron por algún motivo. También se viola el artículo 23 de la Ley 25.326 de Datos Personales. Y fundamentalmente toda la normativa de Derechos Humanos, como el artículo 19 de la Constitución Nacional, el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Código Procesal respecto de las tareas que puede cumplir una fuerza de seguridad.

El gobierno tiene que explicar por qué se confirma lo que decíamos nosotros y no lo que decían ellos.

A mí en lo personal me tocó mucho un informe de Gendarmería sobre las organizaciones que nos juntábamos a nueve días de la desaparición de Julio López. La Gendarmería entonces dependía de Aníbal Fernández. En vez de investigar dónde estaba López y quiénes lo habían secuestrado nos investigaban a nosotros.

Ellos tienen que explicar. Queremos la lista de todas las personas que se infiltraron en las movilizaciones.

Esto es el principio de una investigación que nos costó mucho. La hicimos con un conjunto de organismos de derechos humanos, un colectivo que firmó un escrito presentado ante el juez, entre quienes están Elia Espen y Nora Cortiñas, Victoria Moyano, Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, CORREPI. Con ese colectivo arrancamos la denuncia en noviembre de 2011.

Estas mismas computadoras habían sido peritadas superficialmente por el juez Oyarbide, quien dijo no haber encontrado nada. ¿Cómo no encontró nada en computadoras que están llenas de información?

Schenone y el resto de los gendarmes tendrán que explicar qué tipo de cobertura política tuvieron para poder hacer este espionaje. Pero tenemos claro que lo que sí tiene un aval político es la criminalización de la protesta en el país, con jueces y fiscales que arman causas proveyéndose de esa información. Esto hace a un plan de criminalización de la protesta, como lo dijimos desde un principio.

“Se tienen que anular las causas armadas con el espionaje ilegal”

Acá hay una responsabilidad política innegable del gobierno. En su momento Garré habló por el Poder Ejecutivo y en esa oportunidad, de mínima, encubrió. Pero todo hace suponer que continuaba las directivas que existían previamente.

Esta es la punta del iceberg de un sistema de criminalización. Acá agarramos a Gendarmería con las manos en la masa, pero esto mismo lo hacen las policías provinciales, la Federal. ¿Y qué hace la Secretaría de Inteligencia? ¿Qué nos están haciendo a quienes luchamos y nos movilizamos? Lo hicieron los gobiernos anteriores, los de las provincias. Macri con Ciro James, en Santa Fe con su policía.

Lo que hace a éste un caso testigo es que Gendarmería arma la base y después se la da a los jueces para que armen causas contra los luchadores. No es como dijo Garré, que la Gendarmería es “auxiliar” de la Justicia. No. Acá Gendarmería tiene la base y cuando un juez le dice “tengo que procesar a tal por que cortó una ruta” ellos responden “acá tengo toda la data”, que la consiguieron infiltrándose.

Hay un informe de una reunión en la que yo estuve, donde estábamos organizando una movilización contra la criminalizaión de la protesta, justamente y ahí dice “fuentes confiables informan…”. O sea, enviaron a uno de ellos a infiltrarse tal como lo vimos con los trabajadores de Kraft.
Acá se gasta cualquier cantidad de fondos del Estado en espiar a las organizaciones y después, a los que se movilizan por salario como los docentes los infiltran y criminalizan.

El PTS tiene más de 200 de los 5.000 procesados por participar de movilizaciones. Se tienen que anular esas causas armadas en base al espionaje ilegal. Y la forma de terminar con esto es la movilización.
Acá hay responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Hay una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Actividades de Inteligencia, pero a un año de la denuncia no vimos nada. Diputados que cobran más de $65.000 no movieron un pelo. Lo que hoy se conoce es por la actividad de los organismos de derechos humanos independientes y por los compañeros del Frente de Izquierda que seguimos la investigación y mostramos absoluta seriedad en todo lo que decimos. Queda demostrado quiénes mienten y quiénes sostuvimos la verdad desde el principio.

Por último, hay que decir que las leyes de Seguridad Interior y de inteligencia, en lo que hace a preservar derechos democráticos, son una absoluta farza. El sistema legal se usa para perseguir a los luchadores y a la izquierda. La verdad es que espían con el mismo aparato represivo con el que espiaba la Dictadura militar.