Durante Semana Santa, el abandono de la sesión del Congreso por parte de la oposición y la huelga de hambre del presidente Evo Morales y de dirigentes de los “movimientos sociales” abrieron un tenso impasse en la aprobación de la Ley que regirá el régimen electoral provisional para las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre.

Se interrumpió así el tratamiento de la Ley, pues si bien el MAS y un sector conciliador de la derecha habían llegado al acuerdo que posibilitó la “aprobación en grande”; el retiro del “ala dura” opositora impidió su votación “en detalle” y obligó a un cuarto intermedio. Sin embargo, a pesar de gestos beligerantes como la amenaza de renuncia colectiva de los diputados masistas, las acusaciones de intentar un “fujimorazo” por parte de la oposición y las contraacusaciones de “boicot a las elecciones” lanzadas por el MAS, la sangre no llegó al río y el lunes 13/4 se reiniciaron las negociaciones. El martes por la madrugada el Congreso votó finalmente una versión “consensuada” de la Ley y Evo se apresuró a levantar la huelga de hambre para sancionarla.

Los proyectos en disputa

Aunque el MAS presentó esta confrontación parlamentaria como una “batalla contra la derecha”, ni el proyecto de régimen electoral masista ni mucho menos el de los neoliberales, merecían el apoyo de los trabajadores.

Aunque se llenen la boca hablando de “democracia”, ambas propuestas coincidían en muchos aspectos reaccionarios y restrictivos. Por ejemplo, se basan en que la Asamblea Legislativa Plurinacional (como rebautiza la nueva CPE al Parlamento) mantenga dos cámaras, donde la reaccionaria institución del Senado incluso ampliará su peso, con 4 senadores por departamento, con lo que el pequeño departamento de Pando con apenas 150.000 habitantes tendrá tantos senadores como el populoso departamento de La Paz con más de dos millones.

Las diferencias eran parciales: el planteo opositor buscaba recortar las mínimas concesiones a los pueblos originarios para mejorar las posibilidades de conseguir representantes fieles a las élites regionales; entre tanto, el proyecto masista amplía la representación formal de las áreas rurales en desmedro de las ciudades, pese a que éstas concentran más de la mitad de los habitantes del país y el grueso de los trabajadores y los sectores populares oprimidos. En suma, se trataba de dirimir las “reglas del juego” electoral y cada lado trataba de que se inclinaran a su favor.

Un régimen electoral con más garantías para la derecha

La ley finalmente votada recoge varias de las exigencias que había planteado la oposición para la regulación de las elecciones nacionales del próximo 6 de diciembre, entre ellas:

Un nuevo padrón electoral, pues con el argumento de irregularidades en el actual, podrían “depurar” a los inscriptos del área rural y sectores populares (favorables al MAS), con más dificultades de todo tipo para reinscribirse y actualizar sus documentos.

Reducción a la mitad de las circunscripciones indígenas, quedando sólo 7 (de las 14 que proponía el MAS), y sin necesidad de que sus candidatos sean avalados por las organizaciones indígenas afines al “proceso de cambio”.

El voto en el exterior es reducido a lo simbólico, pues sólo podría votar el equivalente al 6% del padrón, unos cuantos miles pese a que hay entre 2 y 3 millones de bolivianos en el exterior y el derecho al voto es un reclamo de las comunidades más grandes, como en Argentina, España y Brasil.

Por su lado el MAS despeja el camino a las elecciones del 6 de diciembre y logra que se acepte que en la misma fecha se voten los referendums autonómicos en los departamentos de Occidente y el referéndum por la autonomía regional del Chaco tarijeño (que apoyan tanto un sector de la derecha chaqueña como al MAS). Además, se pactó que haya elecciones de autoridades departamentales y municipales el 4 de abril de 2010.

Una dificultosa “transición”

Si la oposición se vio en condiciones de imponer nuevas exigencias en el Parlamento es gracias al propio MAS. Este, al convertir el Congreso en el ámbito de la negociación y los pactos con la derecha (como la antidemocrática modificación del proyecto de CPE durante octubre, que pasó por arriba de los constituyentes, pactando los términos del referéndum del 25 de enero y la convocatoria a las elecciones de diciembre), le devolvió peso político e influencia a la derecha atrincherada en el Senado, algo que ésta, lógicamente, trata de exprimir al máximo en toda nueva negociación.

La disputa por el régimen electoral refleja tanto los acuerdos y pactos reaccionarios en cuyo marco actúan oficialismo y opositores, como sus diferencias en la puja por definir la transición el nuevo régimen. La CPE “consensuada” con los representantes políticos de los empresarios, terratenientes y transnacionales es la “piedra fundamental” del mismo, pero si bien está completamente encuadrada en el orden burgués y en el respeto a la propiedad capitalista y pretende sepultar con frases y enunciación de derechos la “agenda de octubre” (nacionalización del gas, reforma agraria, reversión de las capitalizaciones, etc.); subsisten múltiples diferencias económicas y políticas sobre cómo se estructurará el nuevo ordenamiento político y estatal.

La pulseada preelectoral

Si bien un sector de la derecha podía especular con retrasar las elecciones para que el deterioro de la situación económica desgaste al MAS, la clave del fuerte tironeo estuvo en terminar de definir los mecanismos con que se conformará la futura Asamblea Legislativa Plurinacional.

La mayor parte de los analistas reconocen como muy probable el triunfo de Evo Morales en la nueva carrera presidencial. Ninguna de las figuras que se perfilan: Joaquino, Carlos Mesa y Victor Hugo Cárdenas -ambos ex vicepresidentes de Goñi- ni los caudillos autonomistas de la “media luna” parecen en condiciones de capitalizar por sí solos ese tercio del rechazo a Evo que se expresó en el referéndum del 25 de enero. Las distintas fracciones de la derecha saben que les resultará difícil unirse en torno a candidatos y un programa comunes.

Por ello, la pelea preelectoral tiende a centrarse en el control del legislativo, donde podrán actuar en “frente único”. Es que la transición al nuevo régimen político y estatal con las autonomías departamentales, regionales e indígenas previstas en la CPE, así como las decenas de leyes necesarias para el largo proceso de “transición” habrán de ser discutidas y consensuadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por tanto, si para el MAS es vital mantener su cómoda mayoría en Diputados y quitarle o al menos neutralizar el control del Senado a la derecha, para la oposición es clave retener el Senado y reducir la mayoría masista en Diputados, para condicionar los términos en que se irán introduciendo las reformas constitucionales en el próximo período.

Las elecciones de diciembre serán decisivas y la carrera hacia las mismas ya ha empezado.