La justicia de Córdoba acaba de demostrar una vez más que sirve a los intereses de las patronales. El fiscal Caballero imputó, a pedido de los empresarios, a dos trabajadores de Valeo, entre ellos al delegado Leonardo Sánchez, armando una causa por las medidas de lucha llevadas a cabo en defensa de su salario, contra los contratos basura y por los puestos de trabajo.

La medida del fiscal que impide el ingreso a la planta por 60 días no registra antecedentes. Se trata, claramente, de una medida completamente persecutoria, tomada de acuerdo a las necesidades de una empresa que se propone atacar la organización democrática de los trabajadores. Con esta medida atacan a la organización gremial y en particular a los delegados combativos que, con su lucha, evitaron los despidos de 65 trabajadores, la enorme mayoría hoy efectivizados. Sin embargo, y pese a esta aberración jurídica, Sánchez fue reelecto delegado con el 83% de los votos, demostrando el apoyo de la abrumadora mayoría de sus compañeros y compañeras.

Desde el Ce.Pro.D.H nos ponemos a disposición de los compañeros imputados como lo hemos hecho en otras ocasiones para defender el derecho de los trabajadores a organizarse.