La detención de los dos ferroviarios del Partido Obrero, las causas judiciales y persecuciones a los luchadores del Roca, incluidos compañeros y compañeras de la Agrupación Bordó y el PTS, fue el inicio de la puesta en práctica de la doctrina de Estado que anunció Cristina Kirchner días atrás ante el Consejo del PJ, la llamada, vaya a saber por qué, “seguridad democrática”. El gobierno sienta un precedente para intentar imponer la ilegalización del corte de vías como un “delito” -siendo que es parte de los métodos de lucha que incluye el derecho a huelga-, de la misma manera que semanas atrás la presidenta también calificó así, en acuerdo con Macri, a las ocupaciones del Indoamericano en Soldati por miles de trabajadores y familias sin techo que viven en la desesperación.

No por nada la ex Frepaso Nilda Garré fue segunda de Federico Storani en el ministerio de Interior de De la Rúa. La fabula que presentó la ministra de Seguridad de Cristina sobre “los hechos de Constitución” no tiene que envidiar nada a las delirantes teorías conspirativas de la Alianza y el Grupo Sushi. La novedad es que el “gobierno de los derechos humanos” ha copiado parte del discurso reaccionario del primer Alfonsín; y relanzaron una nueva “teoría de los dos demonios” según la cual “los extremos de izquierda y derecha se unen” para “desestabilizar” (donde antes decía “a la democracia”, ahora ponga al “proyecto nacional y popular”). Contra lo que se diga de la pérdida de poder de Aníbal Fernández en el juego de alas del gobierno, sin embargo, volvió a tener gran protagonismo la última semana en la desopilante denuncia del “complot” para “generar el caos” que, según el Jefe de Gabinete, unió “al PO y otros partidos trotskistas” con las bandas (pagadas a ‘todo por $50’) de Barrionuevo-Duhalde.

No bien Jefe de Gabinete “duhaldista portador sano”, junto a la ex aliancista Nilda Gorra y hasta “cristinistas puros” como el Canciller Twiterman, terminaban de protagonizar este papelón de “inteligencia”, otro ex ministro de las gobernaciones de Duhalde (y Ruckauf) en Salud, el intendente de Berazategui Juan Carlos Mussi, fue designado Secretario de Medio Ambiente. Si es por la trayectoria en la materia, debiera recordarse que el hombre tiene denuncias por aprobar, en 2009, la instalación en Berazategui de una planta contaminante de Edesur (a quien hoy multa el gobierno por los cortes de luz), que ante las reiteradas protestas vecinales se instaló de prepo, con el respaldo de la represión de Gendarmería. Por lo que se ve, la designación hace juego con la creación del Ministerio de Seguridad de Nilda Gorra ante el estallido de la emergencia habitacional: Mussi es uno de los barones bonaerenses que ‘sabe tratar’ con las tomas de tierras. El nuevo incorporado al gobierno de CFK fue parte del grupo de intendentes que se entrevistó días atrás con la Ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, a fin de instruir a la presidencia sobre ‘detalles de la estrategia frente a la amenaza de más ocupaciones de terrenos’. “Los intendentes tienen, como muchos gobernadores, un sistema de «inteligencia villera» que está atento al movimiento de vehículos en los accesos a los municipios. Con esa información no esperan ni que lleguen a los asentamientos. Se los intercepta en los vehículos y directamente se les impide que avancen hacia los terrenos. No llegan ni a bajar sus efectos; antes viene la Policía, que presta su colaboración para (por la fuerza) impedirles la ocupación” (˜ámbito Financiero, 27/12).

Este sí que es un complot (digamos, de Estado), una verdadera conspiración de intendentes, punteros buchones y policías contra los trabajadores y el pueblo pobre sin techo, que tiene relaciones de parentesco con la santa alianza en el Ferrocarril Roca entre los directivos estatales y privados de la UGOFE, la Policía Federal que dejó la “zona liberada” y la patota de la UF de Pedraza y el ‘Gallego’ Fernández que asesinó a Mariano Ferreyra.

No obstante el giro a la derecha del gobierno de CFK, el intento de regimentar la acción directa esta aún lejos de imponerse. Lo muestran con claridad el reguero de piquetes en las calles porteñas contra los apagones que castigan, apenas comenzado el verano, a una gran parte de la Capital, localidades del Gran Buenos Aires y La Plata. Las protestas ante la crisis de la desastrosa gestión capitalista de un servicio público esencial fueron un revés para la oposición mediática de Clarín y La Nación que fogonean la fobia contra los cortes, alimentando a sectores como el que manejaba la 4x4 que en el barrio de Almagro embistió a un manifestante.
Es también, un nuevo sacudón a la gestión del modelo K en el área energética, comandada por De Vido que acaba de multar a Edesur, pero hace apenas un mes atrás firmaba junto a Tomada y el “Gordo” Lezcano de Luz y Fuerza la intención de un “pacto social” sectorial en beneficio de esas mismas empresas eléctricas. Allí acordaron la promesa de pasar a planta permanente a unos cientos de tercerizados (entre los miles que emplean Edenor y Edesur) como moneda de cambio para negociar más subsidios para los empresarios e, inclusive, a cambio de reajustar las tarifas. Otra vez, Estado, patronal y burocracia sindical en “un complot” contra trabajadores y usuarios.

Por todo esto, nos parece disparatada la “teoría” de los dirigentes del Partido Obrero, según la cual el de CFK sería un “gobierno rehén de Pedraza”. “Le pedimos a la presidenta que no se deje manejar el gobierno por la patota, que está extorsionado” dijo Néstor Pitrola en TN. Según su relato, el día del corte del jueves 23, el ministerio de Tomada había llegado a un acuerdo, pero fue vetado por la patota de Pedraza y el secretario de Transporte Schiavi por lo que, concluye, “desde adentro del propio gobierno se esta boicoteando lo que acuerda el ministro de Trabajo”. Hasta dónde sabíamos, este gobierno sostiene a rajatabla una alianza para mantener el control social de los trabajadores con los intendentes y la burocracia sindical, a quienes volvieron a definir, luego de la muerte de Kirchner, como “la columna vertebral”. En todo caso, el de CFK esta girando a un gobierno menos dependiente de su alianza con los sindicatos -aunque no tanto como lo reclama el establishment-, en el cual el rol que planifican para los jefes de la CGT en la alianza gubernamental, esté aún más subordinado al peso del aparato burgués de los intendentes y gobernadores pejotistas. ¿A que confusionismo quiere llevar PO con su teoría del gobierno “rehén” de la burocracia? Un asombroso planteo que se asemeja a una versión izquierdizante de lo que sostiene el Grupo Clarín pero con respecto äl “poder de Moyano”. O una ubicación tipo Sabbatella y los que reclaman que Cristina Kirchner cambie a sus aliados “impresentables” y que, consecuentemente, lleva a crear la ilusión política de presionar a la presidenta para “que no se deje manejar”. Ni La Cámpora sostiene ya, por anticuada, la vieja “teoría del cerco” que la joven Cristina K y la JP defendían en los 70 para justificar los golpes reaccionarios de Perón.

Por el contrario, creemos que hay que retomar una campaña unitaria de las organizaciones sindicales de base y la izquierda que multiplique las fuerzas de la última marcha a Plaza de Mayo para encarar una lucha en todo el movimiento obrero del país ante el giro a la derecha de CFK que busca avanzar sobre el derecho a la protesta, por la anulación de las causas y el cese de las persecuciones a los ferroviarios y a todos los luchadores procesados; y, en primer lugar, para imponer con la movilización que Pedraza y los autores intelectuales del crimen de Barracas vayan a la cárcel.