De la Sota acaba de hacer votar una ley de reforma provisional que es un paso más contra el 82% móvil: ahora los jubilados cobrarán recién 6 meses después los aumentos que los trabajadores activos. Entre gallos y medianoche, la población se enteró por TV que un grupo de diputados oficialistas deciden el futuro de las jubilaciones de 200 mil trabajadores estatales y 92 mil jubilados de la Caja provisional de Córdoba. Con esto el gobernador inició un ajuste contra los trabajadores y jubilados, después de haber tirado fuegos artificiales por el reclamo a la Nación de los fondos adeudados.

Ante el vaciamiento de la Caja, De la Sota se venia peleando con Cristina Kirchner para ver quién paga el costo político de un ajuste.
Cristina empujaba a De la Sota a completar la “obra” de anteriores gobernaciones peronistas y radicales, y terminar con el 82% en la provincia, para “armonizarla” con el régimen nacional. Bajo este régimen “nacional y popular” cobran mas de 400 mil jubilados cordobeses: 300 mil de ellos reciben la mínima, que la presidenta acaba de anunciar que, desde setiembre, será de…¡apenas 1.900 pesos!
De la Sota, ni lerdo ni perezoso, aprovechó esto para lanzar su candidatura presidencial poniéndose “del lado de los cordobeses”, reclamando ante la Corte las deudas de La Nación y haciendo votar una Ley provincial por fondos de coparticipación Federal que peronistas y radicales entregaron en un “pacto fiscal” en el año ‘92. Toda una farsa ya que mientras para la tribuna habla de “federalismo” nos hace pagar los costos a los trabajadores.

La posición de la banca de diputados del Frente de Izquierda en la Legislatura fue no convalidar con nuestro voto la Ley de De la Sota que reclama fondos de coparticipación. Decíamos que no había que apoyar esta maniobra porque, a reglón seguido, se venia el ajuste a las jubilaciones.
Dicho y hecho, apenas minutos después que la UCR y los diputados de Juez le dieron apoyo al gobernador con el Pacto Fiscal, este se apareció en la Legislatura para imponer una ley que define que son los jubilados los que pagan la crisis de la Caja.
Estas peleas entre el gobierno provincial y el nacional, donde los trabajadores son los perjudicados, no es un invento cordobés. Pasó en la provincia de Buenos Aires por el pago de aguinaldos que retaceaban Cristina
y Scioli, y solo lograron cobrar con la lucha de medio millón de docentes y estatales que salieron al paro. Pasa ahora en la Capital, donde el Gobierno Nacional y el de Macri se tiran la pelota para ver quien se hace responsable del desastroso servicio del subte, jugando con la suerte de millones de usuarios, y donde son los metrodelegados los que luchan por una salida para los trabajadores y el pueblo. Aquí, “los gremios estatales cordobeses están en una encrucijada”, reconoce el diario
La Voz. O se plantan en defensa de las conquistas y rechazan la nueva reforma provisional o ceden al ajuste de De la Sota y CFK. Gran parte de las conducciones están emblocadas con el gobernador como la CGT comandada por el ministro Dragún y Pihen, funcionarios con sueldos millonarios y futuros “jubilados de privilegio”.

Desde todas las corrientes antiburocraticas de los sindicatos tenemos que exigir un Plenario de delegados de todos los estatales de la provincia y un plan de lucha para rechazar la Ley y que no se toque una sola de las conquistas de trabajadores y jubilados. Es mas, hay que empezar por reclamar que se vaya la intervención gubernamental de la Caja de jubilaciones y pase a manos de jubilados y trabajadores.
No hay que dejar pasar este ajuste a las jubilaciones porque se vienen otros, en Córdoba como en todas las provincias. A no olvidarse que De la Sota ya anuncio como “un logro” haber pagado los aguinaldos.

No es solo la Caja de Jubilaciones sino el conjunto de “la Caja” de las cuentas fiscales de la provincia. Ni el PJ, ni la UCR ni Juez tienen la más mínima intención de tocar los bolsillos de los terratenientes y empresarios de la soja y el maíz, que pagan impuestos sobre tierras valuadas como en los años ‘90, cuando su patrimonio se ha multiplicado con el boom agrario y los precios internacionales de exportación. Ni de los especuladores inmobiliarios ni de los grandes industriales de automotrices y alimenticias que reciben subsidios millonarios y “se la llevan en pala”. Por el contrario, encima estos empresarios son premiados con paritarias por debajo de la inflación y “mano de obra barata” mediante la precarización laboral en gran escala, tanto entre los empleados contratados y tercerizados del Estado como en las metalmecánicas, con el trabajo en negro en el campo, en la construcción, los call center de las grandes telefónicas y los talleres textiles. A eso le suman el tan festejado PPP con el que precarizan a la juventud y dan mano de obra gratis.

Nosotros sostenemos: en defensa de los jubilados y el 82 % móvil, por un salario igual a la canasta familiar y por el pase a planta de todos los trabajadores, que paguen los empresarios y sojeros explotadores.