Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
11 de diciembre de 2017

Nacional

Sancionaron la Ley de Responsabilidad Fiscal

Cumpliendo la orden del Fondo Monetario Internacional

06 Aug 2004   |   comentarios

La Cámara de Diputados convirtió en la madrugada de hoy en ley el Régimen de Responsabilidad Fiscal, que impone limitaciones para el gasto público primario de las provincias.
El justicialismo, con el respaldo de otros bloques aliados, consiguió sacar el proyecto enviado por el Gobierno para compensar ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) la imposibilidad de sancionar una nueva Coparticipación, tras ganar en la votación general y en la particular.
La norma logró en la votación general 139 votos a favor, 86 en contra y 3 abstenciones, mientras cuando se dio el tratamiento en particular, el oficialismo logró frenar cualquier tipo de cambio que la oposición buscaba introducir al texto aprobado por el Senado.
La ley no permite el aumento de gasto primario en las provincias en caso de un incremento del crecimiento y pone límites al endeudamiento con organismos internacionales porque, según el entender del oficialismo, las provincias reciben más dinero por coparticipación federal de impuestos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Daniel Snopek (PJ-Jujuy) fue el encargado de defender el proyecto del oficialismo al afirmar que la iniciativa "limita los gastos a las verdaderas posibilidades de la economía".
"No es cierto que esta ley congelará los gastos", aclaró Snopek en la sesión, y enfatizó que se trata de "un camino para la adhesión de las provincias y no es una imposición para los distritos y los municipios".
El diputados Claudio Lozano (CTA) criticó con severidad al proyecto del oficialismo por entender que se apunta a "aumentar el superávit" y definió a la iniciativa como "una convertibilidad fiscal".
"Sería bueno que primero se discuta una reforma tributaria, una modificación del sistema previsional y la coparticipación federal", argumentó.
Por su parte el diputado radical Noel Breard (Corrientes) aseguró que "son mentiras que se estén repartiendo las cargas en la Argentina como dice el oficialismo" y que la ley responde a los pedidos del FMI que reclama "más superávit fiscal para pagar la deuda".
También cuestionó con dureza el proyecto el diputado Gabriel Llano (Demócrata-Mendoza) por entender que la ley "aumenta la discrecionalidad y favorece un sistema perverso".
"En la Argentina, para que las provincias reciban algo, tienen que ser amigas del mandón de turno", señaló Llano, que integra el Interbloque Federal.
En tanto, Alberto Natale (Demócrata Progresista de Santa Fe) cuestionó al Gobierno por haberse aumentado el presupuesto por medio de un decreto en poco más de cuatro mil millones de dólares y que la ley "suena como una hipocresía".
El justicialismo para lograr sesionar tuvo que trabajar arduamente y sólo así pudo conseguir el quorum de 129 diputados necesario para tal fin.
El oficialismo, mediante el concurso de sus propios legisladores, a quienes se sumaron del Frepaso, los representantes del partido de Luis Patti (Paufe) y otras bancadas minoritarias, empezó la sesión con 130 diputados. En el PJ, había demasiados diputados que respaldaron la ley a desgano y porque lo pedía el Gobierno y para hacer realidad la tradicional "disciplina partidaria", admitió un legislador duhaldista.
El bloque de diputados bonaerenses por el oficialismo tuvo que recibir pedidos de Eduardo Duhalde para que voten a favor de la ley e incluso del gobernador Felipe Solá.
Por su parte, el radicalismo, el ARI, el Socialismo, la Izquierda Unida, el bloque de Lozano (Emancipación y Justicia), el Frente para el Cambio de Alicia Castro, la mayoría del Interbloque Federal y los legisladores de Adolfo Rodríguez Saá, esperaron en el Salón de los Pasos Perdidos hasta que el PJ, cerca de las 19, consiguió quórum.
Una vez consumado ese trámite, la mayoría de los diputados de la oposición ingresaron al recinto a dar el debate. Mientras tanto, afuera del Congreso, se congregaron algunos miles de manifestantes para rechazar el proyecto de ley convocados por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras agrupaciones sociales.

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