El pasado 2 de abril, al finalizar la cumbre del G20 en Londres, el primer ministro británico, Gordon Brown, anunció el surgimiento de un “nuevo orden mundial basado en una nueva era progresiva de cooperación internacional”, a esto agregó que se había llegado al fin del “viejo consenso de Washington” y que estaba surgiendo “otro consenso”. Más allá de la retórica, y del pomposo título de la declaración del G20 “por el crecimiento, la estabilidad y el empleo”, la verdad es que la cumbre reafirmó el curso seguido hasta ahora por los gobiernos capitalistas: salvar a los grandes bancos e instituciones financieras, responsables de la crisis, mientras se destruyen millones de puestos de trabajo. A esto se suma el retorno del Fondo Monetario Internacional, por si faltara algún actor del “viejo consenso de Washington”.

Las escasas medidas concretas adoptadas en la cumbre del G20 apenas pueden tapar las importantes diferencias que se vienen expresando entre las potencias imperialistas, en el marco de una recesión que, si bien empezó en las economías capitalistas avanzadas, ya afecta a todo el mundo. Esta situación es la que lleva a los gobiernos a tomar medidas proteccionistas, por ejemplo, el “compre americano” impulsado por Obama o las restricciones a las automotrices checas que adoptó Sarkozy en Francia, que acompañan, por lo general, a los paquetes de estímulo fiscal.

En los preparativos de la cumbre de Londres se exacerbaron las disputas entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón por un lado, que pretendían que el G20 votara una nueva ronda de paquetes de estímulo fiscal para apuntar el sistema financiero; y Alemania y Francia, por otro, que se oponen a seguir aumentando la deuda estatal, entre otras cosas porque no tienen posibilidad de emisión monetaria y porque temen las presiones inflacionarias que esto podría generar. Su objetivo era imponer a Estados Unidos mayores regulaciones en el sistema financiero internacional.

Además, China acompañada por Rusia, había declarado que se debía reemplazar el dólar como moneda de reserva internacional por los Derechos de Giro (DEG) del FMI, lo que aumentó las tensiones con Estados Unidos; y en la misma cumbre, la delegación china se enredó en una discusión con el presidente francés Nicolás Sarkozy porque éste exigía hacer pública una lista de paraísos fiscales, que incluía a Hong Kong.

En la declaración final de la cumbre quedó claro que ninguno de los dos bandos principales pudo imponer su programa, aunque el documento es lo suficientemente general para que todos reclamen victoria.

Las resoluciones de la cumbre incluyen algunos puntos que Merkel y Sarkozy pudieron reivindicar como logros propios, contra el llamado “modelo anglosajón”, por ejemplo, una mayor observancia sobre algunos de los llamados “paraísos fiscales”. Sin embargo, en la lista publicada por la OCDE sólo figuran cuatro: Filipinas, Uruguay (que luego fue retirado), Malasia y Costa Rica, es decir cuatro plazas casi sin importancia internacional, mientras se omiten, por ejemplo, las Islas Caimán, el paraíso fiscal británico por excelencia que es principal destino de las fortunas de los ejecutivos de los grandes bancos y firmas financieras.

En cuanto al reclamo de la regulación del sistema financiero internacional, la resolución de transformar el Foro de Seguridad Financiera en una Mesa de Estabilidad Financiera no tiene ninguna implicancia práctica, ya que carece de todo poder ejecutivo.
Algunos analistas consideran que la recapitalización del FMI es un triunfo relativo de la política de Barak Obama, ya que el secretario del Tesoro norteamericano, Timothy Geithner, había impulsado esta política. A falta de nuevos paquetes de estímulo fiscal, Brown como vocero de la cumbre, resaltó la decisión de reforzar los recursos del FMI, lo que supone una suma de 1,1 billones de dólares, lo que de ninguna manera reemplaza la política de intervención del Estado con fondos públicos para “rescatar” a los grandes bancos y sacar de sus balances los activos tóxicos, la política que viene teniendo Estados Unidos para “recuperar la confianza de los mercados” y que esto permita la estabilización de su sistema financiero.

FMI recargado

La principal medida que adoptó el G20 es reforzar las cuentas del FMI con 750.000 millones de dólares y hacer que vuelva a jugar un papel central, después de años en los que había sido relegado a un segundo plano. Como dijo el director ejecutivo del FMI, Dominique Strauss-Kahn, la reunión “es una prueba de que el FMI está de regreso“. Estos nuevos fondos están compuestos por 500.000 millones para préstamos y 250.000 para ampliar la emisión de la “moneda” del FMI, los llamados Derechos de Giro, que le corresponden proporcionalmente a su aporte, a cada socio del FMI, una medida que favorece a las potencias imperialistas. Esto no significa que el FMI disponga ahora mismo de ese dinero ni que sean fondos nuevos: Europa aportará 100.000 millones, Japón otros 100.000 y China 40.000. Se espera que el resto sea aportado por países petroleros como Arabia Saudita, mientras que Estados Unidos no comprometió ninguna cifra. Lejos de toda ilusión de “reforma”, alentada por algunos gobiernos como el de Argentina, el FMI, al igual que el resto de los organismos de crédito internacionales como el Banco Mundial, seguirán bajo el control de Estados Unidos y Europa.

De este dinero, unos 250.000 millones de dólares se usarán para financiar las exportaciones y tratar de darle impulso al comercio internacional, que según un informe de la Organización Mundial del Comercio contraerá su volumen en un 9%. Además el FMI tendrá una “línea de créditos flexibles” para países semicoloniales pero con peso en la economía mundial, que enfrentan problemas de financiamiento por retiro de capitales extranjeros del sistema bancario y que tienen gobiernos “con buenos antecedentes”. En esa categoría entra México que ya solicitó un préstamo de 47.000 millones de dólares.
El resto estará destinado a préstamos para “rescatar” economías quebradas, esencialmente que pongan en riesgo la estabilidad de las grandes potencias imperialistas, entre ellos varios países de Europa del Este muy golpeados por la crisis económica, como los países bálticos que se integraron la Unión Europea y que amenazan con arrastrar en su debacle a importantes bancos occidentales, principalmente de Austria, Italia y Suecia. Varios países como Letonia, Hungría y Ucrania ya están en programas del FMI y otros como Rumania están próximos a recurrir al Fondo. Mientras los países imperialistas, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, aumentan en forma sideral la deuda estatal para rescatar a sus banqueros, los países semicoloniales deberán “ajustarse” para pagar las deudas a sus acreedores.

Promesas del Este

La intervención del FMI en Europa del Este es una muestra anticipada de que la política que votó el G20 es que sean los trabajadores y los sectores populares los que paguen la crisis, sometidos a planes de austeridad. La última recomendación para los países de Europa del Este que forman parte de la UE, es una “euroización” anticipada, una política similar a la dolarización que adoptaron algunas economías de América Latina, entre ellas Ecuador y El Salvador. Esta adopción del euro, aunque sin pertenecer plenamente a la eurozona, implicaría un fuerte ajuste de las economías nacionales.

En Letonia, el FMI repitió su esquema “neoliberal” de la década de 1990: le otorgó un préstamo al gobierno de 9.500 millones de dólares destinados a evitar la devaluación de la moneda, el lat, que amenazaba con el default a los bancos europeos que habían otorgado créditos en euros. A cambio, le exigió un ajuste fiscal que incluía una rebaja de entre el 10 y el 25% en los salarios de los empleados estatales y una reducción del 40% del presupuesto con recortes en salud y educación. Esto llevó a una revuelta popular que terminó derribando al gobierno en febrero pasado.

Una situación similar está atravesando Ucrania que está al borde del colapso: en febrero de 2009 su PBI se contrajo un 30% comparado con el mismo mes del año anterior debido principalmente a la caída del precio del acero; su moneda perdió alrededor del 40% de su valor; los bancos occidentales tienen una exposición de un 20% y se calcula que 180 instituciones bancarias están al borde de la quiebra. En ese marco, el gobierno de Yushenko, el mismo que había asumido como producto de la llamada “revolución naranja”, está intentando responder a las exigencias del FMI, centralmente una reducción del déficit público a menos del 3% del PBI, para destrabar un crédito de 16.400 millones de dólares. Esto profundizó la crisis política y las movilizaciones que exigen la renuncia del gobierno.

El otro país “asistido” por el FMI es Hungría que en octubre de 2008 recibió un crédito de emergencia de 20.000 millones de euros para evitar el colapso de su sistema financiero y el desplome de su moneda, que había puesto en serio riesgo a bancos Suizos, mayormente tenedores de su deuda. Ante la imposibilidad de reducir los salarios de los empleados públicos y cumplir las metas del FMI el primer ministro Ferenc Gyurcsány se vio obligado a renunciar.

El próximo en la lista es Rumania.

Odio a los ricos

La cumbre del G20 mostró que los gobiernos imperialistas mantienen lo esencial de las políticas neoliberales: salvataje de las finanzas, reestructuraciones y despidos, como muestra por ejemplo el plan de Obama para las automotrices, basado en una reducción drástica de la fuerza de trabajo y en la liquidación de las conquistas de los trabajadores para recuperar la rentabilidad empresaria. Y por si fuera poco el regreso del FMI y sus planes.

Ante los ojos de millones de trabajadores y jóvenes queda claro que el Estado burgués utiliza los fondos públicos para salvar a los capitalistas de la crisis, mientras que los ejecutivos de esas firmas, responsables de sus quiebras, siguen cobrando enormes fortunas en concepto de premios y bonificaciones. Esta obscenidad capitalista es lo que está alimentando la bronca y la indignación y lo que está tras los métodos radicalizados que han empezado a tomar los obreros franceses que toman de rehenes a los gerentes, aunque con objetivos limitados como cobrar sus indemnizaciones. Estas son tendencias incipientes y aún limitadas a sectores de trabajadores, pero que la burguesía teme cada vez más que se puedan generalizar a medida que se profundicen las consecuencias sociales de la crisis. Esto es lo que explica que la revista The Economist, a pesar de que no hay una situación aguda de la lucha de clases, publique una nota titulada “Los ricos bajo ataque” donde señala que “Se tiran piedras contra un banco en Edinburgh, los trabajadores “secuestran” a los ejecutivos en Francia, en Washington se propone un impuesto retroactivo del 90% (a los ejecutivos N del R) y hubo disturbios en Londres cuando llegaron los líderes del G20 para la cumbre”, señala que “Hay en curso un mar de cambio en las actitudes sociales que podría tener efectos profundos en la política y la economía mundial” y alerta sobre la posibilidad de que dispare una “resistencia populista”.

Contra la propaganda de los pseudo progresistas que generan ilusiones en una resolución “pacífica” y “keynesiana”, la realidad demuestra que los capitalistas y sus estados están descargando su crisis sobre la clase trabajadora y los sectores populares, reciclando las viejas recetas neoliberales. Frente a esto es necesario que los trabajadores den un salto en su conciencia y su organización y planteen una alternativa a la catástrofe capitalista que sólo podrá ser una revolución social que expropie a los expropiadores y abra el camino a la construcción de una sociedad socialista.