Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
12 de diciembre de 2017

La Verdad Obrera N° 575

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Cuando la solución es el problema

28 Jun 2014   |   comentarios

El gobernador Scioli tomó juramento a 10 mil nuevos cadetes de policía que serán incorporados a fin de año, elevando el total de tropas provinciales en más de 70 mil efectivos, aproximándose al número contemplado por el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, persuadido en constituir un ejército de ocupación contra la “inseguridad”. Los nuevos agentes tendrán un salario inicial de bolsillo de $11.700 más 4 horas CORES, lo que representa a un ingreso mensual de $14.000, producto de la extorsión de los motines policiales de diciembre pasado que engrosaron el presupuesto asignado a seguridad en casi $15.000 millones (mas $4.000 millones de reajuste salarial). Mientras tanto, un docente apenas percibe un salario de $5.000 en tanto los 78 hospitales que forman el sistema de salud provincial padecen la falta de insumos y personal con un presupuesto miserable de $5.000 millones. Cuando soplan vientos de crisis y se trata de fondos para incrementar el poder represivo del Estado, Scioli, el kirchnerismo, el massismo y la UCR no escatiman esfuerzos en desmedro de los intereses populares.

Scioli saludó la promoción de las nuevas 30 escuelas descentralizadas que formarán a las policías municipales. Aprobado en general el proyecto de ley mediante el consenso de sciolistas, kirchneristas y massistas (aunque aún resta la votación en particular), el gobernador destacó la importancia del “control del territorio”, consolidando así su alianza con los barones del conurbano que manejarán a esas policías municipales, institucionalizando sus patotas junto al aparato de punteros y sus políticas clientelistas, complementando las tareas de la Bonaerense.
En el marco de la declaración de emergencia pública en materia de seguridad, Scioli omitió palabra sobre la convocatoria de 1500 retirados de la Bonaerense. Es comprensible. Más de la mitad de los solicitantes fueron cuestionados por delitos graves de gatillo fácil, tortura, u otros ilícitos a pesar de lo cual fueron dados de alta por Granados y convalidados por el kirchnerismo, como denunciaron Horacio Verbitsky, el CELS y la Comisión Provincial de la Memoria. Según una reciente resolución del Boletín Oficial, fueron habilitados nuevamente más de 200 calabozos de comisarías del conurbano (cerrados hace mas de dos años), donde los apremios ilegales son la moneda corriente usual para los que son retenidos compulsivamente.
Para cerrar la ceremonia, Scioli sostuvo que la lucha contra el narcotráfico y las políticas de desarme son los “pilares fundamentales” de su gestión. Pero son las mismas fuerzas de seguridad las que gerencian el narcotráfico, regulan la venta al menudeo sometiendo a jóvenes pobres, liberan el territorio y controlan los pases de frontera. Son las mismas policías las que administran la comercialización del mercado ilegal de armas, incautadas en comisarias, cuarteles y depósitos del Registro Nacional de Armas (presuntamente secuestradas para su destrucción en el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego). Scioli y los partidos patronales sostienen la “solución” que constituye el verdadero problema de inseguridad que afecta particularmente a los jóvenes pobres de los barrios mas humildes del conurbano bonaerense.









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