El giro a derecha del gobierno de Cristina tras perder en las PASO a manos de opositores como Massa en la Provincia de Buenos Aires, se profundiza cada día más. El viernes 20 la Presidente encabezó un acto en Ezeiza junto a Daniel Scioli, Martín Insaurralde, Alejandro Granados y varios funcionarios. En el mismo territorio gobernado por el hoy ministro de Seguridad provincial durante 18 años, CFK le dio un fuerte espaldarazo a Granados y la política de mano dura desarrollada por Scioli. Fiel a su slogan electoral, Cristina elige… más policía, cárceles, balas, criminalización de la juventud y control social.
 
Policías en acción

En línea con la avanzada k, una de las primeras acciones del “Sheriff” Granados fue cambiar la cúpula policial, confirmando al actual Jefe Hugo Matzkin pero desplazando a algunos civiles y dando mayor poder político a los uniformados. También manifestó su voluntad de convocar a retirados de la Bonaerense (es decir a los colaboradores de Camps y Etchalotaz) para cubrir tareas administrativas y mandar más personal a las calles; y su aspiración de contar con 100 mil efectivos en la provincia.

Esta semana Granados coordinó una reunión del Consejo Provincial de Seguridad, donde se sentó en una misma mesa a los intendentes del Conurbano, sin distinción. Frente a “barones” kirchneristas, massistas y macristas, Granados destacó la responsabilidad de los jefes comunales en la “seguridad”, respaldándolos y afirmando que, por su propia experiencia, él es “hincha fanático de las policías municipales”.

Para Myriam Bregman, abogada del PTS y candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, “en estas condiciones, claramente la creación de las policías municipales será la institucionalización de las patotas de estos intendentes. Hay un reconocimiento implícito sobre que el delito organizado cuenta con la participación de la Bonaerense, pero así no le tocan uno solo de sus negocios mafiosos y le quieren sumar grupos que responderán a los intereses particulares de los intendentes”.

Myriam Bregman se sumará este jueves a la campaña impulsada por el SUTEBA Matanza en rechazo al proyecto del candidato k Martín Insaurralde de bajar la edad de imputabilidad. “Volvemos a La Matanza a denunciar los intentos de criminalizar a la juventud trabajadora y pobre, mientras se mantiene impune y se refuerza el aparato que desapareció a Luciano Arruga”, sentenció.

Recordemos que fue el gobierno nacional quién arrancó, a mediados de agosto, con estas políticas a través del “Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad”, por el cual le provee personal uniformado, móviles y tecnología a provincias y municipios para fortalecer la presencia del aparato represivo en los barrios. En Buenos Aires, 5.000 gendarmes cientos de prefectos, 350 patrulleros, 50 móviles “inteligentes”, 350 motos y sofisticados sistemas de inteligencia están instalados desde entonces en el Conurbano y otras ciudades.
 
Progresistas en desgracia

La designación de Milani en el Ejército, de Marambio en el Servicio
Penitenciario Federal, de Granados y las declaraciones de Insaurralde provocaron controversias al interior del oficialismo. La mayoría de los funcionarios y legisladores k defienden estas políticas, ocultando que se tratan de mano dura y diciendo que se trata de combatir la inseguridad con la ley, dentro del “Estado de derecho”.
Los malheridos de esta política, los garantistas como Verbitsky y algunos intelectuales de Carta Abierta, criticaron un poco hasta que Cristina reivindicó públicamente al “sheriff” de Ezeiza.

Es que la “inseguridad” proviene fundamentalmente del “gran delito”, ése que llevan adelante entre las policías y el poder político con las redes de trata, el narcotráfico, los desarmadores de autos, la piratería del asfalto. Son los mismos que disparan contra la juventud y los pobres con el gatillo fácil. Es la policía que liberó la zona cuando mataron a Mariano Ferreyra.

En ese marco, la “seguridad democrática” del progresismo k sólo sirvió para espiar a las organizaciones en lucha con el Proyecto X a cargo de la ex ministra “estrella” Nilda Garré.

El programa del FIT

Ni la mano dura, ni la utopía de la “seguridad democrática” representan una solución. Por eso, el FIT llama a todas las organizaciones obreras y populares a luchar contra el gatillo fácil, la trata de personas y todos los negocios organizados por las mafias policiales. Abajo el Proyecto X, el espionaje y la infiltración a las organizaciones populares. Luchemos por la disolución de todos los organismos de inteligencia que espían e infiltran a las organizaciones del pueblo trabajador.

Como expresa el programa del Frente de Izquierda, “no a las policías municipales de los intendentes de la corrupción y el delito: para acabar con el aparato de punteros, es necesario poner fin a la miseria social que causa el capitalismo y reemplazar el aparato de represión de este Estado, que está al servicio de los explotadores, por organizaciones de los trabajadores mismos en el camino de la lucha por su propio gobierno”.