Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
18 de junio de 2019

La Verdad Obrera N° 453

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EDITORIAL

Cristina y La Cámpora: “Con la Fuerza… Aérea”

17 Nov 2011   |   comentarios

“Muchas veces fui testigo de planteos ultra defensores de los trabajadores que terminan siendo funcionales a intereses que tienen poco que ver con el país y terminan perjudicando a los sectores más vulnerables. Los convoco a no boicotear la Argentina”, dijo la Presidenta horas después de haber decretado, ante el conflicto en Aerolíneas, la militarización del control aéreo y su gobierno pedía a la justicia la suspensión de la personería gremial de APTA. Hugo Moyano se declaró contras las medidas antisindicales, en un nuevo cruce entre el gobierno y la CGT. La sensación de una “fractura expuesta” en la coalición de la gobernabilidad peronista, obligo a Cristina a corregirse al día siguiente: “Quiero ser muy clara porque no me interesa sesgar el discurso, que pretendan dividir a trabajadores, al Estado y a los empresarios. El llamado a no boicotear al país es a todos los sectores”. Y, remató, que también se dirigía a los que “se llevan la plata afuera”.

 Mucho se ha discutido sobre la fortaleza del gobierno que, coyunturalmente, es innegable después del 23 de octubre. Pero a juzgar por estas declaraciones de Cristina se diría que estamos ante una especie de “bonapartismo asediado”. Para la presidenta, resulta que también “los que no reinvierten en el país boicotean”, cuando las multinacionales responsables de la fuga estructural de divisas, con 19.000 millones de dólares como remesas a sus casas matrices en los ochos años K, son las grandes protegidas del “modelo”. Ahora que la caja no alcanza para mantenerles todos los subsidios que compensen su falta de inversión privada, CFK pone en la balanza su peso político después de la reelección para dejarlos pegados al “boicot” y que acepten el fin de algunos “privilegios” como que el Estado les costee la energía o los exima de liquidar todas sus divisas de exportaciones. Por otro lado, los sindicatos que fueron la clave de la “alianza estratégica” del ciclo kirchnerista han pasado a ser, cada vez más, un factor amenazante, ahora que hay que reequilibrar las cuentas para afrontar la crisis internacional y se propone bajar las expectativas de aumentos en las paritarias con topes salariales.

Pero el discurso “a dos bandas” de CFK, es a todas luces desigual. Como acaba de declarar el titular de Telecom Italia, Franco Bernabé, para las multis “se trata de una «presión moral», pero no de restricción alguna”. Tengamos en cuenta que durante el gobierno kirchnerista, entre 2003 y 2011, el volumen de los giros se multiplicó de 959 millones de dólares cuando asumió Néstor Kirchner llegando a 8.100 millones el año pasado. Mientras ante las “Corpo” lo del oficialismo son esencialmente ataques verbales, contra las organizaciones gremiales son hechos. El blanco fue, esta vez, un gremio de técnicos y controladores aéreos a quienes el Ministro Tomada, por orden presidencial, quiere suspenderles la personería gremial y, apoyada en un decreto de la dictadura genocida, la presidenta puso los vuelos, otra vez, en las manos de la Fuerza Aérea. Las medidas constituyen una ofensiva contra los sindicatos, un atentado contra sus derechos elementales (ver página 3).

 La pulseada en torno a Aerolíneas es un ensayo oficial ante la resistencia sindical, en especial en un eslabón débil que se le presenta al kirchnerismo ante la necesidad de achicar el gasto público: el transporte. No sólo porque los gremios del transporte tienen suficiente poder de fuego para paralizar el país. También porque la poda de subsidios afecta los negocios de sectores de la burocracia sindical que recibe su tajada, a lo que se debe la “resistencia” de Ricardo Cirielli ante la administración estatal de Aerolíneas, y el manejo de fondos, de La Cámpora. Junto al cajero De Vido, en la escena siempre aparece el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. El funcionario K, sucesor de Jaime, es un protagonista excluyente de todas las tramas mafiosas entre el Estado, los empresarios del transporte y la burocracia de los sindicatos, como se desenmascaró con la UGOFE que liberó a la patota que alisto la UF para asesinar a Mariano Ferreyra, en los negociados con las empresas que terminan en catástrofes ferroviarias, y, recientemente, en las operaciones de inteligencia contra Sobrero y los delegados del Sarmiento. En Aerolíneas, además, se ha colado la “interna” de la heterogénea coalición gubernamental. No solo resiste el dirigente de APTA, Cirielli, alineado con la CGT Azul y Blanca del duhaldista Barrionuevo, sino que lo hace el jefe de los pilotos de APLA, el kirchnerista Pérez Tamayo, que también cuestiona a Mariano Recalde, un “soldado” de la presidenta al frente de Aerolíneas.

El apoyo de Moyano a un hombre de Barrionuevo en aeronáuticos, como también lo había hecho defendiendo a Venegas que hoy pulsea por homologar el 35% de aumento en el gremio de los peones rurales, muestra que el jefe de la CGT busca reunir fuerzas para resistir. Por su parte, varios de los burócratas sindicales anti-K, ante la debacle electoral de Duhalde, bien pueden comenzar a cantar, por lo bajo, “para Moyano la reelección”, parapetándose detrás del único que ha quedado como opositor con poder, frente al refortalecido gobierno de Cristina.

 La campaña oficial contra Cirielli y Moyano es, de fondo, un tiro por elevación a toda oposición sindical. En el caso de Aerolíneas busca dejar otro grave antecedente que habilite, ante la acción directa por reclamos gremiales, condenar a los trabajadores de “boicotear a la Argentina” y profundizar el ataque a la libertad de protesta sindical. Esto es, en primer lugar, mas persecuciones en puerta contra el sindicalismo de base y la izquierda clasista que somos quienes venimos, de manera persistente, dando batallas en defensa de los intereses de la clase trabajadora. A dos años de la enorme lucha obrera en Kraft, que marco un hito en el cimbronazo de la crisis de 2009, seis de los once miembros de su nueva Comisión Interna tienen causas penales por ejercer el derecho a protestar, con la huelga y el corte de ruta, y son procesados junto a otras organizaciones y dirigentes solidarios en lo que denunciamos como la “megacausa” Panamericana. Este 23 de noviembre, el PTS y el Frente de Izquierda convocamos, junto a decenas de organizaciones y dirigentes sindicales, a marchar de Congreso a Plaza de Mayo a todos los sindicatos, comisiones internas, organismos de derechos humanos y centros de estudiantes para reclamar el cese de los ataques antisindicales y la persecución a los luchadores.

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