Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
18 de diciembre de 2017

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DECLARACIÓN DEL PTS – FIT ANTE LAS INUNDACIONES

Córdoba: es un crimen social, y el Gobierno de De la Sota es responsable

17 Feb 2015   |   comentarios

La provincia de Córdoba se vio sacudida ayer por lo imprevisto pero no inevitable. Una copiosa lluvia que alcanzó los 300 milímetros en apenas 12 hs en algunas zonas de la provincia causó una verdadera tragedia afectando la vida de decenas de miles de familias. Deja el saldo, provisorio hasta el momento, de 7 personas muertas y una joven desaparecida, más de mil evacuados que empezaban a volver a sus casas cuando podían e innumerables pérdidas (...)

La provincia de Córdoba se vio sacudida ayer por lo imprevisto pero no inevitable. Una copiosa lluvia que alcanzó los 300 milímetros en apenas 12 hs en algunas zonas de la provincia causó una verdadera tragedia afectando la vida de decenas de miles de familias. Deja el saldo, provisorio hasta el momento, de 7 personas muertas y una joven desaparecida, más de mil evacuados que empezaban a volver a sus casas cuando podían e innumerables pérdidas materiales. Miles de personas perdieron sus casas, autos, toda su ropa. A las pérdidas materiales hay que sumar las afectivas, pérdidas irreparables como fotos y todo tipo de recuerdos. Los principales damnificados son los trabajadores y los sectores populares.

El gobierno de Córdoba desde muy temprano salió a presentar lo ocurrido como el resultado de un “desastre natural imprevisible”. El gobernador De la Sota, en conferencia de prensa, se refirió a un “tsunami que cayó del cielo” y montó un “Comité de crisis”, integrado por los ministros del gabinete provincial cuya primera respuesta fue convocar a la gendarmería nacional y el ejército, para montar un operativo que ya se jacta de las detenciones ante supuestos saqueos en la zona.

Aunque los gobiernos provincial y municipales, sigan queriendo deslindar responsabilidades ante el temporal, no se puede atribuir sin más las consecuencias desastrosas para la población a los fenómenos de la naturaleza. El peronismo gobierna desde hace 15 años en la provincia y en las sucesivas gestiones han empujado a daños crecientes en el equilibrio ambiental sin dimensionar, concentrados en la extracción de la mayor tajada de ganancias para los empresarios, en las consecuencias climáticas del deterioro de ese equilibrio.

Es imposible negar que en la naturaleza y su acción existan situaciones imprevisibles. Pero lo que no se puede considerar “naturales” son las consecuencias desastrosas que ocurren en el terreno social. Por el contrario, frente a esas situaciones es fundamental la previsión y prevención por parte de los gobiernos. No podemos hablar de “catástrofe natural” o “tragedia” como si las responsabilidades no existieran.

Impericia y falta de previsión

Los vecinos de la localidad de Río Ceballos han señalado ante todos los medios de comunicación que no hubo alerta de crecida antes de que se produjera esta catástrofe. Se les impidió, de este modo, prepararse para la evacuación. Muchos de ellos inclusive afirman que esta crecida podría haberse debido a la apertura de una compuerta del Dique de la Quebrada. Hasta el momento el gobierno provincial no ha hecho mención a este hecho. De ser esto, así demostraría una completa impericia y falta de planificación gubernamental.

Pero la falta de previsión precede a esta catástrofe

La provincia de Córdoba no cuenta con un sistema de medición de series históricas de precipitaciones para la zona de Sierras Chicas, como sí ocurre en otras localidades cordobesas, por ejemplo, el turístico valle de Punilla, que permita medir el impacto de las lluvias en la región, y evitar los posibles desastres realizando un alerta rápido así como preparar la evacuación.

Hace pocas semanas, un matutino cordobés citaba un informe que señalaba que, en la provincia de Córdoba, la precipitación de primavera-verano en las últimas décadas del siglo XX aumentó entre un 20 y un 40% con respecto a su promedio histórico. Este cambio en el promedio de precipitaciones viene acompañado de una tendencia a mayores fenómenos extremos como, por ejemplo, fuertes tormentas.

Probablemente, era imposible prever la magnitud de la lluvia. Pero no lo era tener una previsión adecuada de los efectos de los cambios climáticos sobre la provincia, máxime cuando existen informes que, desde hace años, vienen dando cuenta de éstos. Inclusive, es posible que no se hubiera impedido la destrucción de muchos casas pero sí habría permitido a la población salir antes o evitar la tragedia de familias y personas sorprendidas en plena calle por el terrible torrente de agua.

Un proceso de urbanización anárquico

Por otro lado, hablar de responsabilidad gubernamental ante el temporal, significa que los cambios climáticos generales no son los únicos causantes de este desastre de enormes consecuencias sociales. Las zonas afectadas han sido sometidas, en la última década, a un proceso de creciente urbanización completamente anárquico. Dicho proceso ha sido favorecido e impulsado por el gobierno provincial para beneficiar a los grandes empresarios de la construcción y el negocio inmobiliario.

En la última década se produjo un boom en el proceso de construcción de countries y barrios privados en diversas partes de las localidades cercanas a Córdoba capital. Las zonas más afectadas por la inundación –Villa Allende, Río Ceballos, Cabana, Salsipuedes, entre otras- han estado entre las más afectadas por ese proceso que ha implicado, como lo denuncian los pobladores, un daño abierto al medio ambiente. La desviación o modificación de los cursos de agua, o su cercamiento ilegal, han sido moneda corriente en la construcción de este tipo de emprendimientos.

Junto a la construcción de barrios privados se han expandido emprendimientos de diverso tipo. Así enormes supermercados como el Mami que se levantó hace poco más de un año en Salsipuedes, que tiene una superficie cubierta de 9.100 metros o el Hotel Orfeo Suites (ambos del grupo Dinosaurio de Euclides Bugliotti). Como fue alertado por organizaciones y vecinos de esa misma localidad, antes del inicio de las construcciones, eso implicaba introducir una mayor alteración en el ya precario equilibrio hídrico en la zona.

En 15 años de gobierno delasotista, las grandes constructoras y los especuladores inmobiliarios obtuvieron enorme beneficios. La destrucción del bosque nativo, la tala de árboles y la desforestación son parte de este enorme crecimiento, llevado adelante sin ningún control y con el único objetivo de aumentar las ganancias empresariales. Ese crecimiento anárquico implica un daño importante al medio ambiente provincial.

La Ley de bosques y la desertificación provincial

Fue el gobierno de De la Sota el que impulsó e hizo votar en la Legislatura –con todo su bloque y los principales partidos opositores patronales- una ley de bosques que permite el desmonte para avanzar con emprendimientos productivos. Esa ley fue cuestionada por la mayoría de las organizaciones ambientalistas de la provincia.
La llamada Ley de Bosques fue denunciada abiertamente en ese momento. Desde el PTS señalamos que solo preservaba superficies muy reducidas del bosque nativo mientras avalaba el avance en importantes regiones, como el noroeste de la provincia. Entre 2004 y 2010 desapareció el 40 por ciento de los bosques nativos del norte y oeste de la provincia, es decir 269 mil hectáreas de bosques cerrados y abiertos. Sólo en octubre y noviembre de 2014 se desmontaron casi 3000 hectáreas, sobre todo en la zona de la laguna Mar Chiquita.

La destrucción del bosque nativo contribuye a la desertificación de la provincia, daña el ciclo hidrológico y limita la retención al agua por el suelo. Esto ha afectado gravemente el equilibrio ambiental de Córdoba.

Un crimen social

Como lo hemos hecho ante la masacre de Once, las inundaciones en La plata y Buenos Aires en 2013, el PTS denuncia que las consecuencias desastrosas para la población, para su salud y para sus vidas, no pueden ser adjudicadas simplemente a una catástrofe natural, como lo hace el gobernador De la Sota y los intendentes de los municipios implicados dirigidos por radicales, kirchneristas y delasotistas.
El socialista revolucionario Federico Engels, quien escribió junto a Carlos Marx el Manifiesto Comunista, señalaba en 1845 que “cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio; si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala (…) cuando ella sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen (…) un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por comisión que por omisión. Pero no por ello es menos un crimen”.

Se trata entonces de un nuevo “crimen social” cometido contra los trabajadores y el pueblo, un crimen nacido de las condiciones creadas por la sociedad capitalista. En 15 años de gobiernos peronistas en la provincia, no han dejado de desarrollarse la desertificación como consecuencia del desmonte y destrucción del bosque nativo, el crecimiento de la frontera agrícola de la mano del avance de la producción sojera -apelando al uso de todo tipo de agrotóxicos- y el impulso de un crecimiento urbano anárquico, que sólo favorece a los grandes empresarios de la construcción y los negocios inmobiliarios. Las terribles inundaciones vividas en el día de ayer que, hasta el momento, se cobraron la vida de 7 personas, son consecuencias sociales de un desorden natural. Son el resultado de la impericia y la falta de planificación del gobierno provincial y los municipios; de la destrucción del medio ambiente de Córdoba en función de beneficiar a los grandes empresarios de la soja y la construcción. Son un verdadero crimen social.

Impulsar la solidaridad más activa

Como ya se está haciendo en diversas partes de la provincia llamamos a impulsar la solidaridad más activa con los afectados. Desde el PTS y el FIT ponemos a disposición nuestra banca en la Legislatura ocupada por Laura Vilches. Asimismo, llamamos a las organizaciones estudiantiles y sindicales a tomar en sus manos la solidaridad activa. La Juventud del PTS ya se encuentra lanzada a esta tarea, convocando desde la Secretaría de la Mujer y género en el Centro de Estudiantes de Filosofía y Humanidades; para juntar y llevar ropa, alimentos y todo lo necesario a las miles de familias afectadas.

Al mismo tiempo, exigimos a la conducción de los sindicatos de Córdoba que impulsen la solidaridad al interior de sus organizaciones y entre los trabajadores en general. Es necesario volver a fortalecer los vínculos de solidaridad que la clase obrera de Córdoba supo tener y que surge espontáneamente entre los que siempre sufren, una tradición que fue brutalmente atacada por la dictadura genocida y por los gobiernos que le siguieron en el régimen democrático.

El Gobierno debe responder

Exigimos que el gobierno provincial garantice el resarcimiento total de las pérdidas que miles de familiar sufrieron. Esa ayuda debe ser inmediata y completa, sin ningún tipo de condicionamientos ni contraprestaciones. Rechazamos cualquier medida que implique que la población deba pagar por una situación sobre la cual no tiene ninguna responsabilidad. Rechazamos que se intente paliar con créditos como o medidas similares. El gobierno provincial tiene que garantizar la reconstrucción del conjunto de los hogares destruidos por esta tragedia, así como la restitución de servicios elementales como el agua potable y la luz.

Si es preciso debe obtener los recursos necesarios de impuestos sobre las grandes patronales, en particular sobre los grandes beneficiados del negocio inmobiliario. Además, exigimos que las empresas de la región (supermercados, hoteles, textiles, empresas de servicios, etc.) pongan a disposición sus stocks y recursos para el socorro de las víctimas, y que el Estado exima del cobro de impuestos y tazas al conjunto de las zonas afectadas.

Tal como lo venimos denunciando junto a las organizaciones ambientalistas, hay que detener el desmonte e impedir que se sigan construyendo emprendimientos inmobiliarios de lujo que sólo son usufructuados por los especuladores de las finanzas mientras miles de familias siguen sin acceder al terreno y la casa propia.

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