Cuando Cristina Kirchner y los demás presidentes latinoamericanos estrecharon la mano de Alvaro Uribe y firmaron la declaración de la Cumbre de Río, sellaron un pacto de convivencia con el Terrorismo de Estado. En los últimos años el Estado colombiano hizo desaparecer a 15 mil personas y asesinó a más de 2.500 dirigentes del movimiento sindical. Desde que asumió Uribe el Ejército cometió más de 950 ejecuciones, tan sólo en enero de este año: 16 ejecuciones extrajudiciales. La reciente masacre contra 20 miembros de las FARC, en territorio de Ecuador, es parte de un plan sistemático financiado y monitoreado por EE.UU., el Plan Colombia. Uribe la justificó apelando a la doctrina que Bush utilizó para invadir Irak o Afganistán: “ataques preventivos” para “combatir al terrorismo” más allá de las fronteras si se trata de una cuestión de “seguridad nacional”. El “gobierno de los derechos humanos” acordó con Uribe una declaración en la Cumbre de Río donde no se condena la masacre ni se hace mención al terrorismo de Estado en Colombia.

En cuanto al Terrorismo de Estado que se aplicó en Argentina, Cristina abogó semanas atrás por “la finalización del juzgamiento” a los genocidas de la dictadura, pero afirmó que se trata sólo de “992” militares. Dado que se conoce la existencia de 651 centros clandestinos de detención, para la presidenta hubo nada más que 1 ó 2 milicos por centro donde desaparecieron 30 mil personas.

Después de 32 años del golpe, siguen en la impunidad el 95% de los militares “terroristas de Estado” implicados en el genocidio, que no fueron juzgados ni lo serán bajo el gobierno de los Kirchner. Solo en la policía Bonaerense hay más de 9.000 efectivos que revestían en la policía de Camps y Echecolatz. Julio López desapareció a manos de esas bandas. Ni los Kirchner ni ningún gobierno burgués puede terminar con la impunidad de este aparato represivo dado que sería socavar el pilar fundamental de su propio Estado y la clase capitalista no se suicida. Por el contrario, este aparato armado es la reserva fundamental que tienen los capitalistas para imponer sumisión ante la superexplotación de los trabajadores, la pauperización de sectores de las clases medias y garantizar las ganancias de los empresarios. El nuevo “punto final” que quiere imponer Cristina Kirchner intenta, además, que los juicios no se extiendan a los cómplices civiles de la dictadura, desde intendentes y políticos colaboracionistas hasta la propia cúpula empresaria instigadora principal del golpe de Videla.

Recientemente salió a la luz que represores de la dictadura como Miguel ˜ángel Egea o el entonces agente de la SIDE Héctor Cruz, están ahora entrelazados con las mafias capitalistas del juego como la de Cristóbal López, el empresario amigo del gobierno que viene de despedir cientos de trabajadores en el Casino Flotante. Por esta continuidad esencial en el gobierno de la clase dominante es que las multinacionales automotrices que hace 32 años hicieron desaparecer obreros en Ford o Mercedes Benz, ahora son los empresarios mimados del “modelo industrial” de los Kirchner. Para completar, en el neoperonismo que Kirchner arma desde Puerto Madero, el mismísimo Antonio Cafiero, ministro de economía en el gabinete de Isabel Perón cuando la Triple A alentada desde el gobierno le abría paso al golpe, recibe todos los honores dirigiendo el Congreso del “nuevo” PJ.

En este nuevo aniversario del golpe militar es significativa la lucha de los obreros de la textil Mafissa en La Plata contra la intransigencia de la familia Curi (ver contratapa). Es una dura lucha que lleva más de 100 días por la reincorporación de 100 despedidos. La cúpula de la Asociación Obrera Textil está jugando en contra. Los Curi son una patronal emblemática por su colaboracionismo con la dictadura: tienen en su haber la desaparición de 15 trabajadores de esta misma planta en Olmos donde funcionaba entonces Petroquímica Sudamericana. Por esos años Don Jorge Curi fue también autor del libro “Arriba Argentina” donde deja orgullosa constancia de su devoción por los militares videlistas. Hoy Jorge Curi Junior lanzó un lock out patronal porque quiere “ganar competitividad” y dice que necesita menos obreros, y como esto es incompatible con la actual comisión interna elegida por la base trabajadora, persigue y despide a los luchadores. Así lo han denunciado todos los organismos de derechos humanos que luchan contra la impunidad. Llamamos a redoblar esfuerzos para que triunfe esta valiente lucha.

Alto a las patotas sindicales: una bandera de este 24

En el acto de apoyo a Hugo Moyano en sus 20 años al frente del Sindicato de Camioneros, Cristina les dijo a los viejos dirigentes sindicales que en los ’70 “todos fuimos militantes peronistas” haciéndole un guiño “histórico” a los que, desde la Juventud Sindical Peronista, nutrían a las bandas paramilitares de López Rega. Es sintomática esta definición cuando estas mismas cúpulas sindicales alistan patotas como hace los jefes de UPCN contra la junta interna de ATE-INDEC, o los de UTA contra los delegados de la 60 y del subterráneo. La utilización de grupos de choques contra las huelgas y los delegados de base, no es casual desde que la suba de precios empieza a dejar en evidencia que los techos salariales pactados por la CGT y la CTA están por debajo de la inflación, y las patronales buscan preservar los niveles de ganancias extraordinarias que tuvieron desde la devaluación.
Los medios de comunicación tapan estos hechos o los presentan, como sucedió con los ataques del SOMU contra los delegados de base del Casino, como “internas gremiales”. Pero más claramente lo dice Eduardo Van der Koy, en las editoriales del cada vez más kirchnerista diario Clarín. El 24 de febrero escribía, a propósito del Pacto Social que “los arreglos con la vieja camada de dirigentes sindicales son imprescindibles” y aconsejaba “el otorgamiento de la personería gremial que reclaman (la CTA). Sólo quedarían fuera del sistema institucionalizado los gremios que responden a la izquierda intransigente y anárquica” (Clarín, 24-02-08). Más recientemente, en la editorial del 5 de marzo, insistió: “El matrimonio quiere un sindicalismo institucionalizado, donde sólo los sectores ultras y anárquicos habiten las banquinas del sistema” (Clarín, 5-03-08). Un llamado abierto contra los luchadores con un lenguaje típico de los que previo al golpe del 76 hablaban de terminar con la “guerrilla fabril”.

Estamos ante la primera reacción concertada entre las patronales, la burocracia sindical y el gobierno para intentar barrer de las empresas y los sindicatos a los nuevos delegados y comisiones internas que vienen surgiendo en los últimos años y luchan por el salario, las condiciones de empleo y con un profundo odio a los viejos dirigentes vendidos.

Este 24 de marzo, la defensa de las organizaciones de lucha de los trabajadores y el rechazo a los grupos de choque de la burocracia sindical debe ser una de las banderas principales en los actos a 32 años del golpe.