En su primer año en el poder el radical Gerardo Morales y su vice, el massista Carlos Haquim, se propusieron consolidar un régimen policíaco; que con medidas represivas y persecutorias apuntó a cambiar la relación de fuerzas en favor de los grandes empresarios y contra los trabajadores y el pueblo pobre de Jujuy.

Una política que de triunfar en la provincia fortalece el mismo plan que Macri y los gobernadores vienen aplicando en todo el país.

Su escalada de criminalización de la protesta se hizo noticia en todo el mundo, por las denuncias de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos.

El primer paso del plan de Morales fue la detención arbitraria de Milagro Sala por un acampe. Diciendo combatir la “corrupción kirchnerista”, y sobre la base del desprestigio popular de Sala y sus métodos clientelares, ganaron apoyo en la población para así avanzar en reconfigurar el régimen político provincial, sobre bases represivas, atacando conquistas de los trabajadores, a sus organizaciones, y demonizando la protesta social.

En consecuencia siguió el turno de la organización social más grande de la provincia, la Tupac Amaru, a la que lograron desarticular mediante la detención de sus dirigentes y el armado de decenas de causas penales hasta la inhabilitación de su personería jurídica. A los que aceptaron pasarse de bando les llegó la recompensa con dinero y cargos en el Estado. El ejemplo más escandaloso es el de René “Cochinillo” Arellano, ex miembro de la Tupac Amaru y testigo clave del Gobernador Morales en el juicio contra Sala, quien fue premiado con un cargo en la “Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes Interministeriales” con la tarea de administrar las cooperativas y las organizaciones sociales.

A más de un año de este ataque el Gobierno confirmó su voluntad de entregar parte de la obra pública a los negociados de los empresarios de la construcción; como también de continuar con las cooperativas que son fuentes de mano de obra barata. Así persisten formas de trabajo precario como única respuesta ante miles de trabajadores que siguen sin la posibilidad de acceder a un trabajo genuino. El único anunció de inversión fue el negocio de las energías renovables, y muy lejos entonces de la “lluvia de inversiones”, el año pasado hubo menos empleo privado y aumentó el trabajo informal según las propias estadísticas oficiales.

Pero también pusieron el foco en la izquierda y en el PTS recibimos golpes sobre dirigentes y referentes políticos. Desde temprano con la expulsión arbitraria del SEOM de Alejandro Vilca, delegado de base y principal referente del Frente de Izquierda; siguieron con el despido ilegal de Natalia Morales, quien fuera la tercera candidata a gobernadora más votada, y delegadas y activistas de Agricultura Familiar. Y a su despido se sumaron las causas penales contra referentes obreros y del Frente de Izquierda como Silvio “Choper” Egüez del Ingenio La Esperanza, Julio Mamaní de Aceros Zapla, o Miguel López por ser solidario con la huelga de los obreros en Ledesma.

Hacia los trabajadores estatales, se profundizaron las condiciones de precariedad y bajos salarios del gobierno fellnerista y tuvieron una política de paritarias por debajo de la inflación. Algo que ahora pretende continuar Macri con los gobernadores imponiendo un aumento del 18% a los docentes. Para sostener esta política descontaron los días de paro a docentes y a estatales.

En el caso de la industria, en Ledesma reprimieron a los obreros y luego aplicaron una multa de $2.355.260 al sindicato. En Aceros Zapla, el Ministerio de Trabajo dejó correr despidos y suspensiones; y ahora Gerardo Morales se saluda con el dueño, Sergio Taselli, a quien antes de ser gobernador denunciara por corrupción. Para el Ingenio La Esperanza votaron una ley para recortar 800 puestos de trabajo, y ya lograron 300, y armaron causas penales a activistas y a miembros de la Comisión Directiva por protestar. En Mina Pirquitas se acordó su cierre con la multinacional Silver Standar cuestión que deja 600 familias en la calle.

Esta avanzada de ajuste y represión se lanzó también con desalojos a los vendedores ambulantes, comunidades originarias, en los barrios populares con el hostigamiento y la detención de jóvenes, mujeres y miembros de la comunidad LGTB bajo procedimientos ilegales de las fuerzas policiales.

Una Justicia adicta para garantizar la represión y la impunidad

En esta cruzada el gobierno armó una mayoría propia en la Justicia que se puso a la cabeza de armar causas penales y aplicar leyes represivas. Los diputados radicales, Baca y Altamirano, votaron la ampliación del Superior Tribunal y en menos de 48 horas pasaron a ser jueces del mismo. Los otros jueces también afines al radicalismo se sumaron a la nueva presidenta del tribunal, Clara De Langhe de Falcone, ex diputada radical y funcionaria de Cultura del Municipio de San Pedro bajo el gobierno de facto del Gral. Urdapilleta.

Los diputados del PJ de Fellner-Jenefes dieron quorum para que Morales pueda meter sus jueces; y el resto de los integrantes del Tribunal que designó el PJ, avalan por igual, la detención de su ex socia política, Milagro Sala. Así dejan correr los ataques a las libertades democráticas. Y no podía ser menos porque el PJ-FPV fue el creador del Código Contravencional que el actual gobierno aplica para criminalizar la protesta, la pobreza y la juventud. Su conducta de acompañar al oficialismo votando el presupuesto de Morales, también ocurrió en el Senado (W. Barrionuevo/Liliana Fellner) y en Diputados de la Nación (H. Tentor/ G. Snopek), allí sus legisladores votaron el pago a los fondos buitres o la Ley de Blanqueo para los evasores de Macri, aportando así a la gobernabilidad de Cambiemos.

El régimen “feudal” continúa en la Jujuy de Blaquier

Lejos quedaron las promesas republicanas que Gerardo Morales y el mismo Sergio Massa y Macri declararon en sus actos de campaña. Morales llegó al gobierno con el sistema fraudulento de 187 colectoras y con su boleta pegada a cuatro ex candidatos a presidente, salvo Scioli y Nicolás del Caño. Tomaron como ejemplo la ley de lemas del PJ menemista de los 90´, algo que sólo el Frente de Izquierda denunció.

En relación con los sectores populares y desocupados el cambio que hubo a partir de la detención de Milagro Sala, es que el gobierno pasó a controlar directamente el grueso de la asistencia social por medio de sus propios punteros de la UCR, sin intermediarios de las organizaciones sociales. Esta relación clientelar tiene de rehén a miles de familias que necesitan ayuda siendo que la pobreza alcanza al 42% de la población. Las condiciones de empleo retrocedieron el año pasado, y las perspectivas para este no son muy alentadoras con cierres de fábricas, miles de despidos, suspensiones y nuevos tarifazos.

Y como resultado de la política represiva el gobierno cumplió en gran medida la exigencia de “recuperar el control de la calle” que hacen los dueños de la provincia. Por eso, todas las cámaras patronales expresaron en una solicitada su “pleno apoyo” al gobernador Morales y a su plan para criminalizar la protesta. A la cabeza se ubica, Carlos Blaquier del Ingenio Ledesma, ni más ni menos que un empresario responsable de la desaparición de personas en la dictadura que está impune; y que ahora pretende quitar de convenio a trabajadores para limitar el derecho a huelga y aumentar la flexibilidad laboral.

En este marco, el juicio de lesa humanidad por la detención de más de 400 obreros y estudiantes, por parte del ejército bajo las órdenes de Blaquier en 1976, con fecha para marzo se volvería a postergar. Blaquier goza de la “falta de mérito” dictada en 2015, pese a haber colaborado con camionetas de la empresa para efectuar las detenciones, y tiene el apoyo del mismo Macri y Morales que ya hicieron varios actos junto a la empresa.

Si Macri con los CEOS en la Casa Rosada quiere hacer de Argentina un país atendido por sus propios dueños; en Jujuy Morales-Haquim pretenden ser los mejores empleados de los grandes empresarios azucareros, mineros, tabacaleros y de los terratenientes.

Este es el “poder real” que sustenta a una casta política de radicales y peronistas que gobiernan desde hace más de 40 años y son los garantes de sus negocios millonarios. Los Morales, Haquim, Perassi, Snopek llevan décadas en el Estado; al igual que los Fellner, Rivarola, Jenefes, por nombrar sólo algunos de los “ilustres” miembros de la oligarquía política jujeña.

Más privilegios para los funcionarios del bipartidismo

El gobierno de “Cambia Jujuy” triplicó la planta de funcionarios -como denuncia el gremio de Sanidad-, incluyendo a familiares directos en altos cargos públicos, “Fredy” Morales en la Secretaría de Gobierno y Walter Morales de presidente del Instituto de Vivienda, y a su hijo Gastón Morales como Secretario de Asuntos Legales. El vicegobernador hizo lo mismo con sus hermanas, Ivonne Haquim, a cargo de la Defensa Pública y Susana Haquim de la Secretaría de Derechos Humanos. ¡Todo queda en familia!

Sus privilegios siguen intactos y es el mismo Gerardo Morales quien gana casi 200.000 mil pesos por mes; mientras se cruzan las denuncias de corrupción entre los intendentes oficialistas y peronistas; algo que comparten con la casta de políticos patronales que tienen a Macri y sus funcionarios también cruzados por escándalos de corrupción como es el caso del Correo y los Panamá papers.

De esta forma se preserva el bipartidismo que tiene ahora un gobierno radical-massista en el poder, con peronistas reciclados del fellnerismo adentro, y a los diputados que quedaron de este último sector como primera minoría en la legislatura. Lo particular en Jujuy es que Morales se alinea con Macri pero sostiene un acuerdo de co-gobierno con el massismo. Mostrando en lo sustancial que entre Macri y Massa no hay diferencias de fondo.

Por su parte, el PJ de Fellner-Jenefes que recibió una dura derrota en 2015, y pese a las denuncias en la justicia sobre el ex gobernador y algunos de sus ex intendentes, actúa como auxiliar del gobierno desde la legislatura.

Por todos estos motivos, se sostiene el pacto entre las fuerzas radicales y peronistas (massistas y ex fellneristas) que mantienen el piso proscriptivo del 5% y el fraude de las colectoras que los deja atornillados en el poder. Estos mecanismos son los que impidieron que el Frente de Izquierda desde 2013 pueda ingresar diputados, siendo la tercera fuerza política en la provincia.

La izquierda firme en la defensa de las libertades democráticas

En 2016 el PTS – Frente de Izquierda se ganó claramente un lugar en la primera fila de la pelea por defender las libertades democráticas y en contra de los atropellos del gobierno y su Justicia. Desde el primer momento, denunciamos la detención arbitraria de Milagro Sala, pese a nuestras profundas diferencias políticas con el kirchnerismo; porque como se demostró al poco tiempo la misma era parte de un plan para “ir por todos” los opositores políticos y para atacar al movimiento obrero.

Por eso fuimos parte decisiva de promover la coordinación en la acción junto a las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, políticas y sindicales con las que enfrentamos la persecución y represión del gobierno durante todo el año. Con duras acciones en las calles junto a nuestros legisladores, y con el acompañamiento de ATE, logramos la reincorporación de Natalia Morales y de las delegadas de la Secretaría de Agricultura Familiar. Peleamos también contra la expulsión de Alejandro Vilca del SEOM pero el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Justicia local avalaron la medida antidemocrática en su contra.

Y obtuvimos importantes fallos que sientan puntos de apoyo a favor de los trabajadores. Junto al Ceprodh hicimos que la Justicia dictaminara como ilegal la suspensión de “Choper” Egüez en La Esperanza; y tiramos abajo una causa trucha contra el derecho a huelga que afectaba al delegado Julio Mamaní y a directivos del Sindicato de Aceros Zapla.

Ante el ajuste en la educación nos movilizamos como parte de los docentes y estudiantes de la UNJu que protagonizaron en todo el país la marcha educativa más grande de los últimos 15 años. Y mostramos la enorme fuerza de la unidad docente-estudiantil, que de continuar el paro, hubiera dado un golpe más fuerte al gobierno, que aun así, tuvo que retroceder.

Y no bajamos los brazos sino que fuimos parte impulsora junto al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDh) de un histórico encuentro de organismos de derechos humanos y legisladores que tomó una larga lista de testimonios de víctimas de los atropellos de la Justicia y de las fuerzas policiales. La comisión de trabajo ratificó que el gobierno de Morales-Haquim convirtió a Jujuy en la “capital nacional de la represión y de la impunidad”, como lo denunció nuestra diputada nacional del PTS en el FIT, Myriam Bregman en el Congreso de la Nación, luego de conocerse el espionaje de la gendarmería sobre este encuentro. Tiempo después se hicieron eco de toda esta situación los organismos internacionales como la ONU y la OEA.

En cada uno de estas acciones la Izquierda Diario y la Izquierda TV fueron los únicos medios en la provincia que estuvieron presentes diciendo lo que los principales medios optaron por callar. Incluso diarios y canales de tv que son propiedad de dirigentes del PJ fueron parte del cerco mediático contra la izquierda, al igual, que los medios que responden directamente al gobierno, como lo podemos ver con el bloqueo mediático a la lucha de los trabajadores de AGR – Clarín contra el cierre y los despidos.

En las calles en defensa de los derechos de las mujeres

¡NI UNA MENOS! gritamos en las calles de Jujuy, como en todo el país, junto a nuestras compañeras de Pan y Rosas y a cientas de miles de mujeres que ante el terrible flagelo de los femicidios, convierten el dolor en movilización y energía colectiva contra la violencia machista y por todos sus derechos.

Las acciones en todo el país y en cada vez más ciudades del mundo han transformado al movimiento de mujeres en un actor político. Algo que en la provincia no puede ocultar la demagogia del gobierno porque Jujuy es una de las provincias con más alta tasa de femicidios del país, donde las mujeres no cuentan con educación sexual en los colegios y padecen enormes desigualdades. Por eso, como afirman nuestras compañeras “porque vivas y libres nos queremos, sabemos que no podemos confiar en los empresarios, su Estado y sus partidos políticos como el PJ-FpV, UCR-Cambiemos o el Frente Renovador que garantizan la reproducción de la desigualdad y la opresión; y sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, y por eso peleamos en los lugares de trabajo y estudio por comisiones y secretarías de mujeres, para impulsar la autoorganización independiente, en la perspectiva de conquistar un gran movimiento de mujeres, que en unidad con los trabajadores, no sólo cuestione a la sociedad capitalista y patriarcal, sino que pelee por una nueva sociedad, verdaderamente libre de toda opresión”.

En esta perspectiva, el próximo 8 de marzo en el Día Internacional de la mujer junto a Pan y Rosas somos parte del #ParoInternacionalDeMujeres convocado por numerosas organizaciones de mujeres, sociales y de izquierda, comisiones internas combativas, entre otras.

Fortalecer una respuesta obrera y socialista ante el ajuste y la represión

La defensa de las libertades democráticas tiene un alcance estratégico porque cuestiona el plan de las grandes patronales, que con el gobierno de Morales-Haquim, convirtieron a Jujuy en un “laboratorio del ajuste y de la represión”.

Y en la medida que sigan avanzando va a cobrar mayor respaldo la política de Macri contra los inmigrantes y de los gobernadores que reprimen a los pueblos mapuches o a los estatales como fue el año pasado en Santa Cruz y en Tierra del Fuego.

Nuestra incansable lucha por el fin de la impunidad del principal empresario de la provincia, el genocida Blaquier; por la libertad de los presos políticos y la defensa del derecho a huelga y a la protesta; la eliminación del Código Contravencional y la elección por voto universal de los jueces, son algunas medidas elementales para fortalecer la resistencia de los trabajadores frente a los ataques.

Las direcciones sindicales deberían ponerse a la cabeza de esta batalla, más aún cuando algunos sindicatos recibieron multas por hacer paro y los trabajadores descuentos, convocando plenarios y asambleas para organizar a las bases. ¡Con la fuerza de los miles de trabajadores y de la juventud, con el paro general y movilizados en las calles, podemos pararles la mano!

Y así ganar más fuerzas para pelear contra el ajuste en el salario y el empleo. En este sentido, la izquierda se ubica junto a los trabajadores y es parte activa en las luchas de paritarias a nivel de la canasta familiar, en defensa del trabajo y contra los despidos como en AGR Clarín o Textil Neuquén, contras las suspensiones y la precarización laboral. Pero también denunciando al gobierno y las patronales, y llamando a movilizar a los trabajadores contra los tarifazos y la carestía de la vida como forma de conquistar cada uno de los reclamos.

Hacia este año el PTS en el Frente de Izquierda propone las siguientes medidas:

¡No a los techos salariales! ¡Que las discusiones salariales incorporen el porcentaje perdido el año pasado. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. ¡No al miserable 18% de Macri y los gobernadores! ¡40% de aumento para los docentes y estatales!

¡Ni despidos ni suspensiones! No al cierre de Mina Pirquitas y los despidos en Ingenio La Esperanza! ¡Estatización bajo control obrero de toda empresa que cierre o realice despidos masivos! ¡Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario!

¡Basta de trabajo precario y desocupación! Pase a planta permanente de los empleados estatales, privados y de los cooperativistas ¡No a las distintas formas de flexibilización laboral y ataque al derecho a huelga como los convenios que quiere aplicar Ingenio Ledesma!

Plan de viviendas y obras públicas financiado con impuestos a los grandes empresarios y controlado por los propios trabajadores para crear miles de puestos de trabajo genuino dando respuesta a las más de 30.000 familias sin un techo y a todas las obras de infraestructura necesarias como se demostró con el alud en la zona de Volcán.

Defensa de las gestiones obreras como Zanon y Madygraf. Sanción definitiva de la expropiación de Madygraf. No al veto a la expropiación del Hotel Bauen. Crédito a tasas cero para renovación de equipo y maquinarias a toda gestión obrera que lo solicite. Ley de compre privilegiado en todos los niveles para las gestiones obreras y gratuidad en los servicios. Estatización bajo gestión obrera de toda “fábrica recuperada” que así lo plantee.

¡Que la CGT y CTA rompan la tregua y llamen al paro general con movilización contra los despidos y por el salario! ¡Plan de lucha para derrotar el ajuste. Asambleas en los lugares de trabajo y gremios para votar esta política!

Por nuevas direcciones clasistas en los sindicatos. Por comisiones internas y cuerpos de delegados que unifiquen a efectivos y contratados. Por la unidad de ocupados y con organizaciones democráticas de los desocupados por todas las demandas de la clase trabajadora, sin tutela ni injerencia del Estado.

Libertad a Milagro Sala y de todos los presos políticos.

Basta de persecución, anulación de causas penales y multas a los dirigentes sindicales y a sus organizaciones.

Anulación del Código Contravencional y de todas las leyes represivas.

Anulación de la Ley de Servidumbres. Abajo la represión, por el respeto a la autodeterminación de las comunidades originarias en el control y uso de sus tierras.

El 8 de marzo por las mujeres: ¡Paro Nacional! ¡Ni una menos! Ley de Emergencia contra la violencia de género! ¡Aborto legal, seguro y gratuito ya! ¡Igual trabajo, igual salario! Guarderías en los lugares de trabajo y estudio a cargo del Estado y las patronales!

El 24 de marzo seamos miles en las calles. ¡Son 30.000, fue un genocidio! ¡Ni con los que bancaron a Milani, ni con el gobierno que quiere la reconciliación con los genocidas! ¡Cárcel a Blaquier y a todos los responsables civiles, eclesiásticos y políticos del genocidio durante la última dictadura!

¡Basta de privilegios a los funcionarios políticos! ¡Qué ganen como un docente y que diputados y senadores sean revocables por sus electores!

¡Elección directa de todos los jueces, que cobren igual que un docente y sean revocables! Implementación de juicios por jurados populares.

¡Eliminación del piso electoral proscriptivo del 5% y del sistema fraudulento de colectoras! ¡Es hora de tener en Jujuy legisladores que potencien las luchas obreras y populares en forma independiente de los partidos patronales como hace el Frente de Izquierda en el Congreso y en el resto del país!

Estas medidas políticas son parte de un plan de acción para dar una pelea de fondo por terminar con este régimen político y social que sólo beneficia a un puñado de grandes capitalistas. Por eso, a la vez que peleamos por defender la tradición combativa de los trabajadores y el pueblo de Jujuy contra el régimen policíaco; peleamos por conquistar con la movilización revolucionaria un gobierno de los trabajadores que efectivamente afecte los intereses de los dueños de la tierra y del capital como parte de la pelea contra el capitalismo y el imperialismo en todo el mundo.