La semana pasada la justicia condenó a Juan Carlos Beica a 6 meses de prisión en suspenso. La causa: denunciar al Estado de Israel durante una masiva marcha de repudio contra la Operación Plomo Fundido, donde el ejército israelí asesinó a más de 1.400 palestinos y dejó 10.000 heridos además de destruir la infraestructura y gran parte de las viviendas de Franja de Gaza.

El fallo sienta un gravísimo precedente no solo contra el legítimo derecho a la protesta social sino que es un paso más de una campaña que se desarrolla a nivel internacional que pretende perseguir a todos aquellos que realizan declaraciones antisionistas acusándolos de incurrir en una “discriminación antisemita”, que como ya denunciamos anteriormente es una burda maniobra destinada a confundir sionismo con judaísmo, y así acallar las críticas al Estado de Israel. Esta política es de un cinismo único ya que es el Estado de Israel quien discrimina en su seno a todo aquel que no profesa la religión judía, relegando como ciudadanos de segunda a los más de millón y medio de árabes-israelíes. Por otro lado tal afirmación no resiste ningún análisis ya que a medida que se conocían las devastadoras consecuencias de la política militar israelí sobre el heroico pueblo palestino, miles de judío en distintos lugares del mundo se sumaron a la denuncia contra el principal aliado de EE.UU. en la región.

Sin embargo, la noticia de la condena a Beica pasó casi desapercibida en los grandes medios de comunicación, cuando casualmente en forma casi simultánea se conocía que el ejército de Israel reprimía pacíficas manifestaciones de miles de jóvenes palestinos en Jerusalén.

En nuestro país cada vez que se produce una visita de algún representante del estado de Israel el Gobierno Nacional lo recibe como si se tratara de ciudadanos ilustres a pesar de que en mas de una ocasión podría tratarse de verdaderos criminales de guerra. Sin embargo cuando los luchadores deciden movilizarse como en este caso en contra de la masacre en Palestina el gobierno no duda que posición adoptar. En el caso del dirigente de Convergencia de Izquierda fue el actual Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández quien ordenó al INADI para que lo denuncie penal y contravencionalmente a la justicia.

Desde el PTS llamamos a todas las organizaciones que se reivindiquen democráticas a realizar las acciones necesarias para revertir tanto este fallo como el pedido de captura por parte de la justicia contra Roberto Martino.