El dato surge del informe que presentó hace pocas semanas la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional). Allí queda en evidencia la dimensión de la represión estatal desde 1983: detenciones arbitrarias y torturas, muertes en cárceles y comisarías, gatillo fácil, represión ‘preventiva’ en las barriadas pobres, represión selectiva a militantes y luchadores populares. El dato es impresionante: 2114 muertes. Desde la presentación del estudio al cierre de esta edición se sumaban 20 casos más. Y surgía, además, el escándalo por la internación de 17 cadetes tras una sesión de entrenamiento en la escuela de la Policía Federal. La Verdad Obrera dialogó con María del Carmen Verdú, abogada de dicha organización.
¿Cuáles son las conclusiones del informe?
M. C. Verdú: Son varias las conclusiones. Primero que, a lo largo de estos once años de elaborar el archivo, nunca el índice ha sido decreciente. Siempre cada año son más casos que el año anterior, de gatillo fácil, de torturas, etc. Una de las modalidades que más crece, y esto tiene directa relación con el replanteo de la política “criminal” del Estado, son las muertes en cárceles y comisarías.
La segunda cuestión importante es el perfil de la víctima: más de dos tercios del total son pibes de entre 15 y 25 años. La víctima de gatillo fácil –o muerto en cárceles y comisarías– son en su mayoría pibes jóvenes, pobres y varones. Precisamente los que, como integrantes de las capas oprimidas, este Estado quiere que aplicar el control social. Quienes –objetivamente– tienen más motivos y capacidad para organizarse y resistir.
Otro tema es la distribución geográfica. Suele existir el mito de que la Bonaerense es la maldita policía. Haciendo un desglose en relación a la cantidad de habitantes de cada provincia, la torta muestra porciones casi idénticas. Esto demuestra que son prácticas independientemente del color partidario que pueda tener un gobierno. Se aplican por igual en todo el país. Además, hay una cifra negra de casos que es abrumadora.

¿Y cuál es la situación durante el gobierno de Kirchner?
El dato que ha tenido trascendencia en algunos medios, porque contradice lo que los comunicadores oficiales llaman ‘la política de derechos humanos del gobierno de Kirchner’, es que no hay gobierno desde 1983 a la fecha con una proporción de casos directos de responsabilidad estatal por muertes por gatillo fácil y torturas como el de Kirchner. Ya estamos superando los 650 casos en 3 años y medio escasos del autodenominado gobierno de los derechos humanos. Para algunos es un shock, para otros es una confirmación de la verdadera naturaleza de este gobierno.
Nos tomamos el trabajo de contar de mayo de 2003 hasta aquí. Hasta el 15 de diciembre de 2006 eran 42 meses y 635 casos. Son 15 casos por mes.

Esto contradice el discurso del gobierno y muchas organizaciones oficialistas…
Nosotros tuvimos un debate con muchas organizaciones apenas comenzado el gobierno de Kirchner. Algunos decían ‘bueno, pero hay que esperar un poco, dicen que no van a criminalizar la protesta’. Kirchner dijo “no voy a reprimir con esta policía de gatillo fácil” y de hecho no hubo grandes hechos represivos en los primeros meses. Pero nosotros decíamos ‘esto es parte de un plan que prevee recrear el consenso necesario para otorgar mayor nivel de legitimación al aparato y la política represiva del Estado’. Kirchner y sus consejeros son buenos lectores, desde su punto de vista de clase claro, de las enseñanzas del 20 de diciembre y del 26 de junio de 2002. No está dispuesto que le pase lo de Duhalde en Puente Pueyrredon. Por eso tuvo, por un lado, una política de cooptación de organizaciones y referentes populares de todos los espacios. Por otro, una deslegitimación de métodos de lucha de la clase. Esto después avanzó a un nivel más agresivo, con la demonización de algunas cabezas visibles de los movimientos y organizaciones. Se llega a una equiparación práctica entre militante y delincuente, y una represión política que tuvo como pico máximo agosto-septiembre de 2004, con el récord histórico de presos políticos desde 1983.

_________________________________


Los “bailes” en la escuela policial
La opinión de Correpi sobre los hechos

“La internación de 17 cadetes de la Escuela de la PFA en el Hospital Churruca, como consecuencia de los malos tratos físicos impuestos por sus instructores es una muestra más de la pretendida "política de derechos humanos" del gobierno de Néstor Kirchner.
Esos son los métodos que enseñan los instructores de Aníbal Fernández, y que disimulan con "cursos de derechos humanos" sólo útiles para teñir de "civilizada" a la Federal. Esos instructores no son abyectos “resabios de la dictadura” ni formaban parte de la Triple A. Son seleccionados integrantes "democráticos" de la policía actual, la del “gobierno de los derechos humanos”.
Si ese es el trato que los federales dispensan a sus novatos, fácil es suponer el que aplican a los civiles que caen en sus manos. La realidad de la Argentina de hoy es que la Policía Federal es entrenada desde la más tierna infancia para torturar “al servicio de la comunidad”.
_____________________________________________

Arslanián y la “universidad del crimen”

Esta semana comenzó el juicio por el crimen de Rodrigo Corzo, un joven acribillado por una patrulla policial en Villa Tesei. Verdú detalla cómo, con los cursos y “reformas” de Arslanián, se forma la “nueva” bonaerense:
“El que le disparó a Corzo fue el oficial Cristian Solana, definido por sus jefes como ‘agente de la oficialidad’, ‘multiplicador de conocimientos’, ‘instructor y formador de formadores’. Había hecho todos los cursitos que inventó Arslanián: Derecho Constitucional, Penal, Procesal Penal, Familia y minoridad, Etica policial y relaciones públicas, Psicología Social, Historia Constitucional y Relaciones con la comunidad. Su promedio fue de 9,75. Era además ‘especialista en identificación de personas y vehículos’ y también en situaciones límites’. A Corso lo ‘identificó’ con una bala en la séptima vértebra”.