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¿Cómo enfrentar la carestía de la vida?

AUMENTAN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS, SUBE LA INFLACION, CAE EL SALARIO REAL

¿Cómo enfrentar la carestía de la vida?

El gobierno anunció recientemente una serie de reformas a la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) para responder al aumento generalizado de los precios de los principales productos que componen la canasta básica.

Miguel Raider

29 de mayo 2008

Monopolio estatal del comercio exterior y nacionalización de todos los puertos privados

El gobierno anunció recientemente una serie de reformas a la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) para responder al aumento generalizado de los precios de los principales productos que componen la canasta básica.

El incremento especulativo de los precios internacionales de los alimentos ha favorecido a los grupos económicos más concentrados que descargan el aumento de los precios sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores más pobres de la sociedad. Entre marzo de 2007 y marzo de 2008 todos los cereales incrementaron sus precios: el trigo aumentó un 130%, la soja un 87%, el arroz un 74% y el maíz un 53%.

Según el gobierno, las reformas a la ONCCA tienen la finalidad de “lograr mayor injerencia sobre toda la cadena agroalimentaria”, comprar y vender alimentos para garantizar la “seguridad alimentaria” y “atenuar la acción de los monopolios y oligopolios”. La ONCCA actuaría como “intermediaria para asegurar el abastecimiento de alimentos” a la población regulando su precio.

El verso del “IAPI”

Ricardo Etchegaray, titular de la ONCCA afirmó que este organismo cumpliría la función desempeñada por el IAPI y la Junta Nacional de Granos.

Ya en otra oportunidad (ver LVO N° 277) evaluamos los límites y alcances del IAPI durante el peronismo, que si bien reguló el precio de los alimentos en los períodos de auge económico (1945-1949) y financió la venta de maquinarias, material de transporte y otras mercaderías a precios promocionales en el mercado interno, al estallar la crisis económica de 1949 el Estado “terminó compensando los quebrantos de los grandes grupos económicos” para el IAPI transformarse en un “organismo subsidiador de la actividad privada” (Susana Novick, IAPI Auge y decadencia).

Pero si el IAPI jugó un rol regulador en momentos de bonanza, la nueva ONCCA ni siquiera le hace sombra, pues hasta el propio gobierno reconoce que será una “empresa más”. ¿Qué clase de incidencia “reguladora” puede tener una “empresa más” ante los acuerdos espurios realizados por los grandes monopolios de la comercialización de alimentos como Cargill, Aceitera General Dehesa, Bunge y Born o Dreyfus? ¿Acaso la creación de ENARSA sirvió para neutralizar el aumento de los precios de los combustibles pactados por oligopolios como Repsol o Petrobrás? Lejos de “atenuar la acción de los monopolios y oligopolios”, la política oficial está orientada a favorecer a estos sectores. Las 8 empresas más importantes del comercio exportador de granos (Cargill, Bunge, Aceitera Gral. Deheza, Louis Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Nidera, Toepfer y Vicentín) embolsaron en 2007 más de U$$ 10.000 millones, casi 8 veces el presupuesto anual de Santa Fe. Desde sus puertos privados despachan el 78% de la cosecha nacional, evadiendo los pocos impuestos que pagan, mientras encima el gobierno los exime del impuesto a los ingresos brutos. Tampoco pagan retenciones, pues ese gravamen se descarga sobre el precio que pagan a los productores. Resulta un escándalo las denuncias realizadas por estafa al fisco a partir de la connivencia con el Estado que los encubre. A fines de 2007 los exportadores declararon 20 millones de toneladas de soja, que ni siquiera estaban sembradas, para abonar retenciones por 27,5%, cuando corría el rumor de que subirían al 42%. Poco tiempo después, estos pulpos compraron el grano a los productores descargándoles el precio al 42%. Un negocio redondo, admitido hasta por Roberto Urquía, senador por Córdoba del Frente para la Victoria y dueño de Aceitera General Deheza, el primer productor mundial de oleaginosas. ¡Menos mal que la ONCCA es un organismo de control! Una más. La ONCCA giró $1809 millones a las grandes empresas de alimentos en calidad de subsidios para amortiguar la suba de precios. Sin embargo, cadenas de supermercados como Coto aumentaron sus precios de forma notoria y Molinos Río de la Plata elevó sus precios un 25% en lo que va de 2008.

Es imprescindible la movilización obrera y popular para acabar de raíz con esta situación, imponiendo el monopolio estatal del comercio exterior y la nacionalización de todos los puertos privados. Mediante el monopolio estatal del comercio exterior el Estado concentra todos los resortes de la exportación e importación de mercancías, con plena capacidad para fijar los precios de las mercaderías en el mercado interno, evitando así la presión de los precios internacionales de los alimentos y sus crecientes incrementos. A través de esta herramienta el Estado detenta plenos poderes para comprar toda la producción de granos, y simultáneamente puede garantizar un precio justo a los pequeños productores. Para hacer realmente efectivas estas medidas es necesario expropiar a los grandes monopolios de la comercialización que utilizan a los pequeños productores como rehenes del chantaje de sus precios .

El monopolio del comercio exterior permitiría restringir la anarquía del mercado y resolver qué mercaderías conviene exportar después de abastecer las necesidades internas: si nuestro país tiene capacidad potencial para producir alimentos para 300 millones de personas, es inconcebible que millones padezcan hambre. Por otra parte, este instrumento terminaría con las múltiples maniobras de evasión -ya sea por subfacturación o sobrefacturación- que realizan los pulpos exportadores para pagar menos impuestos.

Desde ya, esta política sería saboteada por los grandes capitalistas mediante el desabastecimiento de productos esenciales y la promoción del mercado negro, pues atenta directamente contra su propia ganancia. Por ese motivo sólo la movilización de las grandes masas podrá hacer realidad duradera esta medida dirigida a satisfacer las necesidades de las grandes mayorías populares, garantizando una alimentación barata y de calidad para toda la población. Para enfrentar la resistencia de los grandes propietarios será necesario avanzar con medidas drásticas, empezando por la expropiación de los terratenientes y la gran burguesía agraria que concentran en sus manos la gran mayoría de las tierras aptas para el cultivo y la explotación ganadera.

Expropiación de los terratenientes y de la gran burguesía agraria

En nuestro país la propiedad de la tierra se concentra en manos de un puñado de terratenientes, monopolios extranjeros y la gran burguesía agraria. Son ellos los que influyen en la formación de los precios de los alimentos que consume toda la población. Los antiguos apellidos “patricios” perduran, son los Blaquier, los Martínez de Hoz, los Rodríguez Larreta o los Menéndez Behety. Según el Censo 2002, unas 5.000 familias concentran más del 50% de la tierra.

Durante la década del ’90 muchas de esas “familias” se asociaron o directamente se transformaron en cabezas de los fondos de inversión y los pooles de siembra que explotan sus campos y otros que arriendan a los pequeños propietarios.

En última instancia, la virulencia del movimiento agrario actual expresa una profunda modificación de la estructura de la economía, fundada en la apertura de los mercados de los ’90 a partir de la cual desembarcó el capital financiero reprimarizando la economía e introduciendo en el campo formas de producción y de comercialización, tales como la siembra directa, herbicidas como el glifosato y la explotación ganadera intensiva mediante nuevas técnicas de engorde de animales. Son los Grobocopatel, Elsztain, Alvarado, Eurnekian, Romero, Franco Macri, Werthein, Sigman, Jorge Brito (banquero), pero en especial los fondos de inversión o pooles de siembra, que constituyen el 10% del total de los productores, pero que explotan extensiones de más de 1000 hectáreas en el 80% de las tierras cultivables. La rentabilidad enorme, producto de los elevados precios internacionales junto al tipo de cambio diferencial, constituyen ventajas comparativas para estos capitales, que impactan directamente sobre la apreciación de la renta territorial así como del valor de la propiedad de la tierra. De ese modo, los grandes bancos y los fondos de inversión, bajo la forma de pooles de siembra, los viejos terratenientes (asociados a estos sectores) y los monopolios exportadores de granos son los que concentran la parte del león de la apropiación de la renta. Pensar que Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, suele despotricar contra los pooles de siembra, al mismo tiempo que está encabezando un conflicto agrario reaccionario que favorece directamente sus intereses.

El gobierno de los Kirchner facilitó el desarrollo de estos pulpos mediante exenciones impositivas, créditos blandos y el suministro de subsidios a los agroquímicos, los fertilizantes y los fletes. En 2007 todo el sector agropecuario pagó de impuesto a las ganancias sólo el 4% del total recaudado y parece broma lo que pagan los “señores de la tierra” en concepto de impuesto inmobiliario: Luciano Miguens de la Sociedad Rural, desembolsó sólo $78 anuales por cada hectárea que posee en la Pampa Húmeda, valuada en más de 15.000 dólares. Bajo la connivencia del gobierno “nacional y popular” los grandes monopolios y los pequeños capitalistas extendieron la frontera sojera expulsando 300.000 familias de campesinos e indígenas que sembraban alimentos y criaban animales para autoconsumo.

La preservación de la clase trabajadora y sus familias en tanto clase productora de toda la riqueza material que consume la sociedad plantea la necesidad de expropiar a la oligarquía y la burguesía agraria para garantizar alimentos baratos y de calidad. En ese sentido hay que empezar expropiando tanto a los 4.000 principales propietarios que poseen más de la mitad de las tierras destinadas a la agricultura y la ganadería como a los grandes monopolios exportadores. Las tierras expropiadas podrían explotarse en base a un plan de producción agropecuaria racional fundado sobre las necesidades de las grandes mayorías populares. Asimismo podrían establecerse verdaderas estancias colectivas que aprovechen la producción en escala, contemplando el otorgamiento de arrendamientos baratos para campesinos pobres y pequeños chacareros que no exploten fuerza de trabajo y quieran trabajar la tierra.

Escala móvil de salarios. Basta de trabajo en negro.

Un estudio de los balances de las principales empresas de consumo masivo da cuenta que esas firmas incrementaron sus ganancias gracias a la aplicación de fuertes subas de precios (Página 12, 11/5). Molinos Río de la Plata, aumentó sus utilidades en un 75%, Arcor, en un 40%; La Serenísima, que paga 50 millones de pesos anuales de intereses por deudas, pasó de perder 20 millones en 2006 a ganar 3,5 millones en 2007; Ledesma incrementó sus ganancias en un 8%. El aceite Cocinero de Molinos, hace un año se vendía a $4,90; hoy un 56% más. Las galletitas Tortitas de Arcor, podían comprarse a $1,22; ahora están un 45% más caras. El Actimel de La Serenísima se vendía a 3,05 y ya se paga un 64% más: $4,99.

Los capitalistas se valen de los grandes monopolios para influir en la formación de los precios. Los que vivimos de nuestro salario somos el último eslabón de una cadena, donde 16.000.000 de trabajadores junto a nuestras familias pagamos las consecuencias del aumento de los precios, agravados con la caída de nuestro salario real a partir de la inflación.

Los salarios de los trabajadores registrados recién en el 2007, tras cinco años de “crecimiento” récord, pudieron llegar a los niveles previos a la devaluación, mientras los salarios de los trabajadores en negro están muy por debajo del poder de compra que tenían en 2001. La inflación de todo el 2007 calculada por los trabajadores del INDEC en un 26,2% anual más la generada durante el 2008 (particularmente tras el lockout agrario), que ya muchos economistas estiman en 30% para este año, se ha comido los irrisorios aumentos pactados en paritarias por la CGT y la CTA.

Hay que acabar con los topes salariales y el trabajo en negro. Los trabajadores debemos superar las divisiones que los patrones y la burocracia sindical nos imponen entre trabajadores en blanco y en negro, contratados o efectivos, precarizados o no, nativos e inmigrantes, y levantar un programa común empezando por exigir la efectivización de los contratados, a igual trabajo, igual salario y bregar por constituir organizaciones donde estén representados todos los sectores de la clase obrera.

Para defendernos de la inflación es necesario ante todo luchar por una escala móvil de salarios, una medida elemental para asegurar el aumento automático de los sueldos correlativamente con la elevación del precio de los artículos de consumo, para todos los trabajadores incluyendo los que están en negro o bajo distintas modalidades de contratación precaria, partiendo de un mínimo que cubra la canasta familiar.

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