Dilma asumió la presidencia recordando en su discurso más de una vez a los que murieron luchando contra la Dictadura. Ella y su nuevo jefe de política externa, el ex embajador en los Estados Unidos, Ant˜ônio Patriota, afirman que se trata de un gobierno que hará foco en los derechos humanos, subiendo un poco el tono con Irán y dando continuidad a la demagógica política de asilo a Cesare Battisti (italiano acusado de “ajusticiamientos” en los años 70 que recibió asilo pero sigue preso esperando juzgamiento del Supremo Tribunal Federal – STF) lo que viene generando crisis con el gobierno de Berlusconi. Estos elementos discursivos, sin embargo, no ocultan las enormes concesiones que están siendo hechas a los torturadores y asesinos de la dictadura y la continuidad con la impunidad de su pasado y su legitimación en el presente.

¿Comisión de Verdad o mucho ruido por (casi) nada?

Dilma tiene como uno de sus proyectos la constitución por el Congreso Brasilero de una Comisión de Verdad para investigar los crímenes en la dictadura, como las casi 600 desapariciones oficiales y también las miles de prisiones y torturas. Desde agosto de 1979 está vigente en Brasil un reaccionario pacto sellado por los militares, la Iglesia, la burguesía e incluso miembros de la izquierda como el antiguo PCB (que tenía al frente al actual presidente del opositor PPS, Roberto Freire). Según este pacto estarían prescriptos todos los crímenes cometidos tanto por la dictadura como por la resistencia, habría resarcimiento material a los torturados y otras víctimas pero no se instauraría ninguna investigación.

Ultimamente vienen creciendo los cuestionamientos a esta ley como a la prohibición de acceso a los archivos de la dictadura que fue efectuada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) y después ratificada y extendida por Lula. EL PT y sus dirigentes, bien como el PCdoB que tiene diversos miembros que fueron torturados o asesinados, avergonzaron la memoria de las víctimas al honrar este pacto e impedir el acceso a los archivos y el castigo a los culpables. Existen condenas hasta de la OEA a Brasil por no castigar a los culpables, pero el gobierno no las respeta y el STF juzga que la Ley de Amnistía sería una cláusula pétrea de la Constitución, inmutable sin una nueva constituyente. Una interesante jurisprudencia que coloca una cláusula pétrea de la Constitución de 1988 ¡en 1979!

No han faltado muestras del PT por honrar este pacto, que si bien no fue responsable por su implementación, sí es responsable por su continuidad. Grandes avales del pacto de transición y de la amnistía son prominentes miembros del gobierno y de la base aliada. El oligarca José Sarney, que asumió la presidencia como vice de una fórmula electa indirectamente, sin escrutinio popular, es presidente del Senado y Nelson Jobim, redactor de esa Constitución, ministro de Justicia de FHC y ex presidente del STF, es ministro de Defensa (el jefe civil de las Fuerzas Armadas) tanto del gobierno de Lula como del de Dilma. Recientemente el jefe de la policía política de la dictadura – DOPS – murió y tanto Lula como Dilma le prestaron homenajes.

La Comisión de Verdad de Lula y Dilma, defendida por izquierda por el ex ministro Vanucchi (para consumo interno de la militancia petista) está completamente pactada con los militares para garantizarles impunidad. Para comenzar se trata de una Comisión de Verdad y no de Verdad y Justicia, para esclarecer crímenes en y no de la Dictadura. La interpretación oficial del discurso de Dilma de “derecho a la verdad pero sin rencores y resentimientos ni revanchismo” está dada por el aval de la impunidad, Nelson Jobim: “ninguna glorificación de la dictadura ni ninguna represalia”, y que sean esclarecidos crímenes de ambos lados.

Incluso esta tibia propuesta genera críticas y desacuerdos dentro de las Fuerzas Armadas. El general José Elito, elegido por Jobim y Dilma como jefe de Gabinete de Seguridad Institucional – responsable por la inteligencia (¡léase espionaje!) del Ejército declaró que se trataba de un pasado que debía ser tratado como algo distante tal como la guerra con Paraguay. Esto generó críticas de Dilma, pero en la práctica significa honrar el compromiso y la línea implementada por Jobim, que habría amenazado renunciar si se instauraba una Comisión de Verdad para esclarecer crímenes de la dictadura y tratar la tortura como crimen imprescriptible – revocando la interpretación de impunidad dada por el STF. Vanucchi salió desgastado de esta disputa, y la nueva ministra de Derechos Humanos de Dilma, Maria do Rosário es bien vista por Jobim que declaró “no tener ninguna divergencia” con ella. Por otro lado blogueros petistas como Paulo Henrique Amorim, ha dedicado posts y posts de sus blogs a quemar a Jobim.

La “buena onda” de Dilma con los militares una vergüenza a su pasado y al de todos los torturados, presos y desaparecidos y es funcional la continuidad de las Fuerzas Armadas y policias responsables por estos crímenes del pasado, que continúan practicando sobre la población pobre y negra de los grandes centros urbanos. Es una política de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas justo en un momento donde su gobierno utiliza y entrena sus nuevas doctrinas sobre el pueblo de Haití y pretende utilizarlas (aunque hay que definir cuánto y cómo) en la generalización nacional de la nueva doctrina de GLO (garantía de ley y orden) como implementada en las ocupaciones de los complejos favelarios de Penha y Alemán en Rio de Janeiro. Bajo esta democracia degradada, los crímenes del pasado y el presente siguen impunes, bajo la mirada de todos los medios, los juristas del STF y tantos otros demócratas autodeclarados a las Fuerzas Armadas que siguen haciendo planes de cómo ocupar refinerías (como hicieron en 1995 y entrenan esporádicamente en la Refinería de Duque de Caxias – Río de Janeiro), puertos, aeropuertos y garantizar la ley y el orden capitalista y su régimen de explotación. Las organizaciones de derechos humanos, los partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones estudiantiles y populares efectivamente comprometidos en honrar a los muertos y torturados del pasado y del presente necesitan sacar a las calles una campaña por la apertura completa de los archivos, por el esclarecimiento y el castigo de todos los culpables.