A partir de la polémica desatada entre el gobierno y el Grupo Clarín, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha reunido con distintas personalidades académicas y de la cultura, organizaciones sociales y sindicales, con el aparente objetivo de discutir y modificar la ley de radiodifusión. Pero, ¿adónde apunta realmente la política de medios del gobierno? ¿Qué cambios se discuten?

De la ley de Videla al reinado de los monopolios

El decreto-ley de Radiodifusión 22.285, actualmente vigente, fue sancionado en 1980 en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Desde el retorno a la democracia, los distintos gobiernos le hicieron 207 modificaciones, todas tendientes a permitir la mayor concentración del sistema de medios. Si durante la dictadura las fuerzas armadas ejercían un control total sobre lo que se decía en los medios, durante los gobiernos democráticos el control pasó a ser ejercido por los nuevos monopolios mediáticos que se fueron conformando. Kirchner no fue la excepción.

“Somos absolutamente conscientes que el huracán que arrasó la Argentina también golpeó fuertemente a los dueños de los medios nacionales argentinos y que en muchos casos quedaron en una situación de desprotección muy fuerte”. Aunque suene exagerado, así anunciaba Kirchner la extensión de las licencias a los grandes medios, en 2005, y uno de los grandes beneficiados fue el grupo Clarín. Antes de pasarle el mando a su esposa, le permitió la fusión de las dos principales operadoras de TV por cable, Cablevisión y Multicanal.

Los monopolios no tienen límites

La Coalición por una Radiodifusión Democrática elaboró un proyecto de nueva Ley de Radiodifusión que contiene 21 puntos y que fue entregado a Néstor Kirchner por primera vez hace 4 años.1

Ahora, en medio de la disputa entre el gobierno y el Grupo Clarín, desempolvaron la propuesta y personalidades de un amplio espectro que va desde la CGT hasta la Universidad de Buenos Aires, levantan los 21 puntos como bandera de la democratización mediática. Pero, ¿qué plantean esos puntos?

Una de las primeras afirmaciones dice: “La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial”. Y agregan que: “Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas (...)”.2

La propuesta en cuestión supone la existencia de tres tipos de prestadores de servicios: públicos, comerciales y comunitarios de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Con este esquema buscan generar un servicio de radiodifusión ‘equilibrado y diverso’. Por un lado, la existencia de medios en manos del Estado garantizaría diversidad de programación, emisión de contenidos destinados a satisfacer intereses culturales y sociales diversos. Por otro, la existencia de medios en manos de organizaciones “de la sociedad civil sin fines de lucro” posibilitaría el acceso a los medios de comunicación a sectores de la población que podrían convertirse en emisores.

La idea no es nueva. A mediados de los 70, una serie de intelectuales planteaban ‘poner límites desde los Estados’ a los efectos negativos de la transnacionalización y la concentración mediática. Pero esta experiencia fracasó. No es posible desarrollar desde el Estado, que cuida los intereses de las empresas, un proceso de democratización radical de los medios. Cualquier intento de democratización que signifique que “se escuchen todas las voces” -como dice Cristina- choca contra los intereses de los grupos monopólicos y contra los del Estado mismo, que en una sociedad capitalista es quien garantiza que el derecho a la propiedad privada no sea violentado.

Como muestra el paradigmático caso de Papel Prensa, una sociedad mixta creada en 1977 entre el Estado, Clarín y La Nación, que tiene el monopolio de los insumos para diarios. Aparte de las denuncias por contaminación ambiental (un modelo argentino de Botnia) recientemente salieron a la luz los aumentos en los precios del papel que en el lapso de un año aumentó un 37,2% haciendo cada vez más difícil la publicación de diarios y periódicos a todos los que están por fuera de los multimedios.

Así, la propuesta de una convivencia ‘armónica y democrática’ de un sistema mixto de medios privados-públicos-comunitarios es tan utópica como reaccionaria. No hace falta más que ver los enormes privilegios que reciben los grandes medios de comunicación, como el Grupo Clarín, el Multimedios América o el mismo Hadad. Durante el gobierno de Kirchner, como lo han hecho siempre, se reparten el monopolio del papel, del cable, la mayor cuota de publicidad oficial, han sido beneficiados en sus deudas y extendidas sus licencias. El oligopolio que maneja los medios en la Argentina capitalista hace ilusoria una verdadera ‘equidad’ o ‘democracia’ en el acceso a los medios por parte de los sindicatos y organizaciones populares.

Los trabajadores y la democratización de los medios

Recientemente Hugo Moyano pidió frecuencias de radio y TV para la CGT con el objetivo de “expresar lo que algunos medios monopólicos distorsionan”.3 Por supuesto que los trabajadores deberían tener espacios en los medios masivos para expresar sus opiniones y hoy no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Pero bajo el control de una burocracia sindical, esto no sería posible. ¿O acaso podrían hablar a través de esos medios los trabajadores que luchan por romper el techo salarial pactado entre Cristina y Moyano o quienes son atacados por los matones que manda la propia burocracia? ¿Se imaginan a Andrés Rodríguez (UPCN) informando sobre el conflicto del INDEC o los índices de precios, o a Gerónimo Venegas presentando un informe sobre el trabajo en negro en el campo?

Una verdadera democratización de los medios implica que tomen la palabra los trabajadores y sectores populares cuyas voces hoy no se escuchan. Pero no sólo esto, implica también que puedan decidir de forma democrática, en asambleas o mediante comisiones el contenido de los mismos. La planificación de los medios de comunicación en manos de la burocracia sindical no significará para nada mayor democracia en los medios.

Por más que el gobierno y todos sus seguidores empapelen la ciudad con carteles que dicen “Clarín miente” no podemos esperar que sean ellos quienes acaben con los monopolios mediáticos. La única medida efectiva para hacerlo es expropiándolos y que queden en manos de sus propios trabajadores; donde los contenidos sean discutidos por comisiones de trabajadores y sectores populares junto con todos aquellos que quieran producir información, cultura y entretenimiento sin las ataduras que actualmente rigen en las grandes empresas que manejan los medios. Y extender al mismo tiempo la prensa de la clase obrera, una prensa que ayude a organizar a los trabajadores en su lucha contra este sistema. Donde no haya privilegios que defender, florecerá realmente la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Lenin y la prensa

“La ‘libertad de imprenta’ es asimismo una de las principales consignas de la ‘democracia pura’. Los obreros saben también, y los socialistas de todos los países lo han reconocido millones de veces, que esa libertad será un engaño mientras las mejores imprentas y grandísimas reservas de papel se hallen en manos de los capitalistas y mientras exista el poder del capital sobre la prensa, poder que se manifiesta en todo el mundo con tanta mayor claridad, nitidez y cinismo cuanto más desarrollados se hallan la democracia y el régimen republicano, como ocurre, por ejemplo, en Norteamérica. A fin de conquistar la igualdad efectiva y la verdadera democracia para los trabajadores, para los obreros y los campesinos, hay que quitar primero al capital la posibilidad de contratar a escritores, comprar las editoriales y sobornar a la prensa, y para ello es necesario derrocar el yugo del capital, derrocar a los explotadores y aplastar su resistencia. (…) Los capitalistas llaman libertad de imprenta a la libertad de soborno de la prensa por los ricos, a la libertad de utilizar la riqueza para fabricar y falsear la llamada opinión pública”.

Lenin: Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado - I Congreso de la III Internacional – Marzo de 1919