En diciembre de 2010, tras la criminal represión policial contra cientos de familias ‘sin techo’ en el Parque Indoamericano, Cristina Fernández creó el Ministerio de Seguridad y puso a su frente a Nilda Garré. Desde entonces,la Gendarmería Nacional (GN) se convirtió en el brazo armado predilecto del kirchnerismo, asumiendo cada vez más tareas de control territorial, apoyo del Poder Judicial e intervención en ‘delitos complejos’.

Hace tres meses los obreros de Kraft, el CeProDH y el PTS, junto a otras organizaciones políticas, gremiales y de derechos humanos, denunciaron una de las ‘tareas’ secretas de la GN: el espionaje a los trabajadores y las organizaciones populares. El escándalo del ‘Proyecto X’ dejó mal parados a quienes intentan prestigiar a esta fuerza represiva con el fin de usarla como auxilio frente a la descomposición de policías como la Bonaerense, convertidas en verdaderas mafias criminales, y de las FF.AA odiadas por el genocidio.

Lejos de todo ‘honor’ y ‘patriotismo’, la Gendarmería siempre fue represora y asesina del pueblo trabajador.

Misión militar

Creada en 1938, en plena ‘década infame’, su primera misión fue custodiar las fronteras, llegando a controlar casi todo lo que entra y sale del país por vía terrestre. Pero más allá de esa tarea específica, desde su origen la GN mantiene un “régimen disciplinario castrense” que le permite “cumplir funciones policiales en tiempo de paz y en tiempo de guerra integrar el componente terrestre militar”(1). O sea que es un soporte esencial del aparato represivo del Estado preparado para las más diversas tareas.
Un ejemplo de esa ‘misión’ se dio cuando el gobierno de Isabel Perón decidió ‘aniquilar’ el proceso revolucionario abierto con el Cordobazo. En febrero de 1975 se lanzó el ‘Operativo Independencia’ en Tucumán, antesala del genocidio que un año después se extendería a todo el país. Allí más de 5.000 uniformados secuestraron, torturaron y asesinaron a militantes del ERP y a cientos de obreros azucareros, de la construcción, peones rurales y militantes gremiales, estudiantiles y de izquierda. La custodia de quienes pasaban a ser ‘desaparecidos’ corrió por cuenta, nada menos, que de Gendarmería.

Ya con la Junta Militar en el gobierno, y según el reparto operacional genocida, la GN integró y dirigió diversos centros clandestinos de detención. Su rol fue destacado en La Escuelita de Famaillá, El Refomatorio y Arsenal Miguel de Azcuénaga de Tucumán; en Campo de Mayo, El Banco, El Olimpo, Club Atlético y El Vesubio de Buenos Aires; en La Perla, La Rivera y Escuela de Suboficiales de Córdoba; en Regimiento 29 de Formosa y en Penal de Chimbas de San Juan, entre otros.

Impunidad y represión ‘democráticas’

De los miles de gendarmes que actuaron durante la dictadura sólo un puñado fue condenado en los últimos años gracias a la lucha de sobrevivientes y organismos de derechos humanos. El resto, al igual que miles de militares y policías, siguen libres. Tras las leyes de impunidad votadas por la UCR y el PJ en los ‘80, muchos de ellos fueron pasando a retiro y la gran mayoría continuó cumpliendo ‘funciones policiales en tiempos de paz’.
Las reformas neoliberales menemistas, que llenaron la Argentina de hambre y miseria, provocaron puebladas en todo el país con miles de desocupados pidiendo trabajo. Con las Fuerzas Armadas desprestigiadas por el genocidio, el Estado recurrió nuevamente a los gendarmes para reprimir. Entre 1997 y 2001 (con Menem y De La Rúa) la GN, con varios ‘viejos genocidas’ a su mando, desplegó sus armas en cortes de ruta y movilizaciones, asesinando a Teresa Rodríguez en Neuquén, a Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes y a Carlos Santillán y Oscar Barrios en Salta.

A su vez, nunca abandonó sus estrechos lazos con el imperialismo. Quienes ayer se formaban en la ‘Escuela de las Américas’ ahora acompañan a las tropas imperialistas en ‘misiones de paz’. Hace más de veinte años que Gendarmería colabora en la ocupación militar de países como Haití, Ruanda, Angola, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Costa de Marfil y Chipre.
Néstor Kirchner, quien se reclamaba ‘hijo de las Madres’, puso al frente de la GN nada menos que a Pedro Pasteris, jefe del puente de Paso de los Libres (Corrientes) durante la Dictadura, quien debió renunciar en 2005 por estar imputado en causas de lesa humanidad. En su reemplazo puso nada menos que a Héctor Schenone, reconocido hombre de la DEA en Argentina y mano derecha en los ‘90 de Timar Musumesi, el infame jefe de la Gendarmería represora de los cortes de ruta. La reciente ‘confesión de parte’ que hizo Schenone sobre el ‘Proyecto X’ parece no ser suficiente para que renuncie. El jefe de la Gendarmería reconoció el espionaje ilegal, pero sigue al mando de la fuerza y operando bajo las órdenes de Garré.

Ellos son la ‘inseguridad’

Este es el verdadero rostro del brazo represivo preferido (junto a la Prefectura) del gobierno de Cristina Fernández.

La saturación de gendarmes en los barrios populares, con garitas y patrullas, deriva en el control casi absoluto de la vida cotidiana de la juventud y el pueblo pobre, con permanentes requisas de personas y viviendas y administrando (junto a la policía) los dividendos del gran delito. Bien lo saben los habitantes del barrio Ejército de los Andes (mal llamado ‘Fuerte Apache’) que conviven desde 2003 con decenas de estos agentes armados hasta los dientes apostados en cada esquina.

El espionaje sobre las organizaciones obreras y populares es una actividad imprescindible que el propio Estado encomienda a fuerzas como GN para poder criminalizar la protesta social.

La verdadera ‘seguridad’ de la población no es compatible con la existencia de estas fuerzas armadas. Las propuestas que hablan de una supuesta ‘seguridad democrática’, basada en la ‘reforma’ de estas bandas y su dirección en manos de civiles, como piden Proyecto Sur, los Sabbatella y progresistas K como Verbitsky, sólo sirven para que cada día estos criminales a sueldo avancen un poco más en el control social que todo Estado capitalista necesita para preservar la opresión y la explotación.
Este 24 de marzo debemos movilizarnos para exigir la cárcel para todos los genocidas. Pero también nuestra lucha debe ser por lograr el retiro de la Gendarmería de los barrios populares, la destrucción del ‘Proyecto X’ y el fin de la criminalización y la persecución a los luchadores obreros y populares.