La ceremonia de beatificación de Ceferino Namuncurá constituyó un acto difundido ampliamente por los medios de comunicación que puso de relieve el peso de la Iglesia católica en la vida política nacional. El evento fue presidido por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano y hombre de máxima confianza del Papa Benedicto XVI, quien emuló el ejemplo de Ceferino porque “el Evangelio nunca destruye los valores auténticos que hay en la cultura, sino que los asimila y perfecciona”1. Bertone pretende ocultar que, tras la bandera de la evangelización, la colonización se impuso mediante el genocidio de los pueblos originarios. La educación de Ceferino fue una de las pocas monedas de cambio obtenidas cuando su padre, el cacique Manuel Namuncurá, se sometió a las tropas del general Roca en la Conquista del Desierto, cuando expropió a punta de fusil las tierras de los mapuches y dio vía libre a la barbarie, cristalizada en la violación de mujeres y el asesinato de miles de indígenas. Aun así, la beatificación de Ceferino fue un hecho que despertó ilusiones en franjas populares sumamente pobres, particularmente de los pueblos aborígenes de la Patagonia a punto de ser expulsados de sus tierras. Indudablemente, la Iglesia católica busca relegitimarse ante las grandes masas apelando a figuras de gran raigambre popular ante la crisis social de Latinoamérica, donde se concentra la gran mayoría de sus fieles2. Así también lo hizo meses atrás durante la V° Conferencia Episcopal Latinoamericana3, cuando Benedicto XVI canonizó a Frei Galvao, un sacerdote popular entregado a las desdichas de enfermos y menesterosos, que cuenta con la enorme adhesión emocional de las grandes masas brasileñas negras y pobres. Este supuesto gesto de gracia para con los pobres en realidad responde a una forma más sutil de ejercer el control social e ideológico sobre las clases subordinadas. La Iglesia como institución de las clases dominantes adquiere su expresión más acabada en la beatificación que hizo Joseph Ratzinger de José María Escriba de Balaguer, fundador del ultraderechista Opus Dei, y de 498 curas españoles fascistas, que junto a los canonizados por Juan Pablo II suman 977, enrolados en las falanges franquistas durante la guerra civil, que atacaban a los obreros y a los campesinos que ejercían el control obrero en las fábricas y tomaban las tierras de manos de los terratenientes.

Reconciliación

Simultáneamente, la beatificación de Ceferino es el mascarón de proa que propicia la recomposición de las relaciones políticas entre el gobierno y la Iglesia4, después de 3 años sin diálogo. En ese sentido, Bertone mantuvo una entrevista cordial con Kirchner tras una reunión con Scioli, donde manifestó la necesidad de hacer a un lado los “desencuentros” y que “se vayan resolviendo los problemas abiertos con la colaboración de todos”5. En tanto, el cardenal Bergoglio, artífice político de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, le envió una carta a Cristina felicitándola por haber sido electa presidente y le pidió participación de la curia en el Pacto Social6. Los Kirchner también fueron preparando el terreno, cuando el último día de la campaña electoral Cristina se pronunció sin ambiguedades contra el derecho al aborto. Con razón el último número de la revista Barcelona tituló en su tapa “Cristina suma a Bergoglio a la cruzada progresista”. La nueva etapa del gobierno conlleva la “reconciliación” con la Iglesia, después del escarnio público al que se vio sometida tras la condena del cura Christian Von Wernich, poniendo en evidencia la relación entre la Iglesia y la dictadura militar. Para el pesar de “progresistas” como Horacio Verbitsky, el gobierno de Cristina se dispone a renovar las credenciales del Obispado Castrense7, la institución creada en 1957 mediante el concordato establecido entre el Vaticano y el régimen “libertador” del almirante Rojas, que fusionó la Iglesia y las Fuerzas Armadas en un partido militar que impulsó golpes de estado durante 50 años. En calidad de adelanto, y en el más absoluto silencio, el gobierno se propone reciclar esa institución reaccionaria pasando a retiro a todos los capellanes militares que actuaron como colaboradores activos del terrorismo de Estado8 para mantenerlos a resguardo en las sombras, aunque cobrando un ingreso mensual vitalicio de $7.000. Todo un gesto de buena voluntad para con aquellos que bregan por la “reconciliación nacional” y el “perdón” de los genocidas.