La Masacre de Avellaneda fue un plan criminal orquestado por el gobierno de Duhalde y el conjunto del Estado para apagar el fuego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre que se continuaba en la lucha de los movimientos de desocupados, las asambleas barriales y las fábricas recuperadas como Zanon. Ese 26 de junio de 2002 el entonces Secretario de Seguridad, y hoy asesor de Massa, Juan José ˜álvarez montó un operativo represivo con el apoyo de la SIDE de Carlos Soria (muerto en la impunidad), la Prefectura, la Gendarmería, la Federal y la “maldita” Bonaerense aportada por Felipe Solá. El saldo, aparte de Darío y Maxi muertos, fue de 40 heridos y más de 200 detenidos.

Ese 26 logró imponerse la versión que planteaba los hechos como “un enfrentamiento entre piqueteros”. Su principal vocero fue el secretario general de la Presidencia, el hoy kirchnerista, Aníbal Fernández. Cuando todo apuntaba a un triunfo del gobierno, el 27 una masiva movilización de repudio copó el centro de Buenos Aires. Al día siguiente aparecieron las fotos de Franchiotti asesinando a Darío Santillán. Duhalde tuvo que reconocer la “cacería humana” y llamó a elecciones. Para cubrir su retirada acordó con los jueces radicales y peronistas el desguace de los hechos en varias causas para esconder el carácter planificado de la Masacre y dejar impunes a todos los funcionarios involucrados, en la actualidad repartidos entre el gobierno y la oposición patronal.

Al momento de asumir el kirchnerismo prometió el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que intentó chantajear, sin éxito, a los familiares de Darío y Maxi que mantuvieron vivo el reclamo durante todo este tiempo. 12 años más tarde los autores intelectuales de la Masacre siguen en la impunidad como una muestra del doble discurso gubernamental sobre los derechos humanos.

En los últimos meses el doble discurso fue sustituido por una profundización de las políticas de derecha. A principios de año el gobierno de CFK, que sigue contando en sus filas a responsables de la Masacre como Aníbal Fernández y Capitanich, decidió hacerle pagar los platos rotos de la crisis a los trabajadores y el pueblo a través de la devaluación, la inflación y los techos salariales con la anuencia de toda la oposición patronal, que fueron seguidos por miles de despidos y suspensiones. Ahora la continuidad del pago de la deuda, los acuerdos con el Club de París y política de entrega consistente en ceder a la extorsión de los fondos buitres no harán más que profundizar estas políticas de ajuste y sometimiento al imperialismo.

Pero el ataque viene encontrando una dura resistencia de parte de los trabajadores. A las masivas y extensas huelgas docentes de Buenos Aires y Salta le siguió el paro del 10 A con cortes simultáneos de los sectores combativos y antiburocráticos del movimiento obrero en arterias estratégicas como la Panamericana y el propio Puente Pueyrredón, protagonizado en este caso por comisiones internas de aeronáuticos y de la Coca Cola, integrantes de la Comisión Directiva del SUTEBA Quilmes y la Agrupación Naranja de la Unión Ferroviaria, entre otros. Frente a los despidos y suspensiones también hubo una clara respuesta como los más de dos meses de lucha de los trabajadores de Calsa de Lanús, la de los obreros de Shell de Dock Sud que enfrentan la persecución patronal (ambas coordinadas en un histórico corte obrero del Puente Pueyrredón), la de Gestamp, Lear y otras, así como luchas contra la tercerización laboral como la que llevaron adelante las trabajadoras y trabajadores del Hospital Alende de Lomas de Zamora que fue coronada con el surgimiento de una nueva Comisión Interna. Estas fueron y son luchas en las que los trabajadores no sólo deben enfrentar a la patronal y al gobierno sino también a sus propias burocracias sindicales que de la inacción cómplice han pasado a atacar a los trabajadores en conflicto, como es el caso del SMATA con el conflicto de Gestamp.

Frente a esta resistencia de los trabajadores, el gobierno avanza atacando a la izquierda y la vanguardia obrera al tiempo que mantiene y justifica la condena a los trabajadores petroleros de Las Heras y amenaza con una ley antipiquetes que se suman a los 5.000 procesamientos contra luchadores obreros y populares, la Ley Antiterrorista y el Proyecto X.

Por todo esto hoy la lucha por justicia para Darío y Maxi se une más que nunca a la lucha contra la criminalización de la protesta.

Por juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos de la Masacre de Avellaneda, para enfrentar la criminalización de la protesta y de la pobreza, este 26 de junio el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda va a participar de la convocatoria de decenas de organizaciones a partir de las 11 horas en el Puente Pueyrredón.