Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
19 de octubre de 2017

Movimiento Obrero

Castells no declaró ni designó abogado, por lo que seguirá preso

27 Aug 2004 | El líder piquetero se negó a declarar ante la fiscal que investiga la toma de un casino en el Chaco. Tampoco quiso recibir a su defensora. Seguiría detenido hasta el lunes.   |   comentarios

“Esta causa es netamente política. La Justicia está al servicio del gobierno de Kirchner”, denunció la esposa de Raúl Castells, Nina Peloso. La frase permitió entender la motivación del dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD). A diferencia de los otros cinco imputados del delito de presunta extorsión por el episodio del casino del Chaco –que presentaron un escrito a través de sus abogados y siguen en libertad–, Castells se negó a declarar ante la fiscal Mercedes Riera. Tampoco designó defensores, ni aceptó que lo representara la defensora oficial. Seguirá detenido hasta que la fiscal resuelva su situación en un plazo máximo de diez días. Como hoy es feriado en el Chaco, en el mejor caso su liberación podría concretarse recién el lunes. Fuentes que conocen el expediente consideran improbable que salga en libertad por su decisión de desconocer los cargos.
Tras pasar la noche en la alcaidía de Resistencia, Castells estaba citado para declarar en la Fiscalía N° 10 de la ciudad. Debía concurrir por la mañana para presentar a su abogado y ejercer su derecho de defensa. Como otros cinco piqueteros chaqueños, el líder del MIJD está imputado de presunta extorsión por la ocupación del casino Gala para reclamar comida para los desocupados. A última hora del miércoles, Castells se había reunido con los abogados Mario Bosch y Sergio Quiroz, que defienden a los otros dirigentes imputados en la causa. Allí les transmitió su decisión de no designar defensa y de optar por una defensa política que consistía en responsabilizar principalmente a Néstor Kirchner.
Como consecuencia de esa opción, Castells no quiso asistir a la fiscalía. La funcionaria se presentó entonces en el lugar de detención para tomarle declaración indagatoria. De paso evitaba un eventual traslado del dirigente por las calles de la ciudad: en la puerta de la fiscalía se habían concentrado los desocupados del Movimiento 17 de Julio. Esa agrupación piquetera está encabezada por Emerenciano Sena, un aliado del líder del MIJD que también está imputado por la ocupación del casino.
Cuando la fiscal Riera ingresó a la alcaidía junto con su secretaria, se encontró con una nueva negativa de Castells: rechazaba salir de su celda para responder a la indagatoria. Ante el rechazo del piquetero, Riera le solicitó a la defensora oficial Margarita Sain que se presentara ante el detenido para representarlo en el caso. Castells volvió a negarse a dialogar. La fiscal volvió a presentarse en la alcaidía para explicarle el delito que se le imputa y las pruebas que existirían en su contra. El piquetero replicó con un planteo político, denunciando una persecución de Kirchner y también, en menor medida, del gobierno provincial que encabeza el radical Roy Nikisch. “Realizó un monólogo que no se correspondía con los hechos ni con las pruebas”, dijo la fiscal.
La funcionaria hizo un acta haciendo constar la posición del piquetero. Al mismo tiempo, los desocupados del Movimiento 17 de Julio trataban de cruzar por el puente interprovincial General Belgrano a la provincia de Corrientes. En la capital correntina se encontraba Kirchner presidiendo un acto. Los piqueteros querían entregarle un petitorio en el que le solicitaban la liberación de Castells, entre otros reclamos. Pero la Gendarmería los desalojó, empujándolos con palos y escudos, por lo que no pudieron llegar a donde estaba Kirchner. Al final, el petitorio lo recibió el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Era un documento con un agregado en birome donde se exigía “el desprocesamiento de los luchadores y la libertad de Castells”.
En la causa por la ocupación del casino Gala hay un punto central: según los defensores de los otros imputados, el delito de extorsión no está probado porque los propietarios no presentaron la denuncia. También argumentaron que las cámaras del comercio no muestran violencia o intimidación. Ayer, el abogado del casino, Carlos Varas, confirmó que la empresa no presentó la denuncia y evitó calificar el episodio como “extorsivo”, aunque lo consideró un “hecho odioso”. Teniendo en cuenta estos hechos, los defensores presentaron un recurso de oposición –que está a estudio de la jueza de Garantías, Susana Gutiérrez– y lograron la libertad de sus defendidos hasta que se resuelva el tema de fondo.






 




 

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