Martín Quintana era un joven trabajador de 19 años. El sábado 31 de julio estaba tomando algo con sus amigos frente a su casa de vuelta de su trabajo en el barrio José Ignacio Díaz, cuando el cabo primero Enrique Bravo bajó de un patrullero, vestido de civil e intentó detenerlo, acusándolo de ser miembro de una “patota”. El joven, sorprendido, intentó defenderse, Bravo sacó su arma y le disparó al pecho, pocos minutos después Martín murió cuando era trasladado al hospital. Inmediatamente después del hecho, familiares y vecinos se movilizaron a la comisaría y la apedrearon descargando su justa bronca por el asesinato y fueron reprimidos con gases y balas de goma.
Desde el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS), repudiamos el brutal asesinato y nos solidarizamos con los familiares y amigos de Martín.
Exigimos juicio y castigo para Bravo y toda la cúpula del Precinto 14. No basta solo con el relevamiento y pase a disponibilidad, para dejar pasar un tiempo y luego ponerlos en “funciones” nuevamente en alguna otra comisaría.
Una Comisión Investigadora Independiente formada por los familiares y organismos de DDHH con plenos poderes debe investigar el hecho y llegar hasta los responsables, ya que está lleno de casos y denuncias contra la policía que esta justicia jamás investiga. Están impunes los asesinatos de David Moreno, Sergio Ferreira y Pablo Luján, entre otros. Los policías involucrados en estos asesinatos se hallan libres.
Los verdaderos interesados en el castigo a los responsables son los familiares y amigos de Quintana y las organizaciones de DDHH que vienen luchando contra la represión y la impunidad.
Este caso, junto con muchos otros de agresiones y detenciones cotidianas que sufren los jóvenes en los barrios cotidianamente, demuestra que la podredumbre de la policía no está solo en “la bonaerense”. La policía de Córdoba, con sus bandas especiales creadas para perseguir a los jóvenes como la CAP (Comando de Acción Preventiva), es una institución que está al servicio del control social de los jóvenes que el sistema deja por fuera y para reprimir a los trabajadores que salgan a luchar. Imposible es que la “seguridad” venga de la mano de la policía, cuando son ellos los que están “arreglados” con las grandes bandas de narcotraficantes, delincuentes o secuestradores y en algunos casos las dirigen directamente dejándoles “zonas liberadas”.
Como planteó nuestra compañera Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil de “la bonaerense”: “El aumento del delito reconoce tres fuentes principales: la mafia policial, los punteros políticos y la desigualdad social”(La Verdad Obrera 15/04/04). La ligazón de la policía, las mafias y el poder político es harto conocida. Y a los jóvenes de los barrios que nunca conocieron un empleo, que no pueden ir a la escuela, que sus padres están desocupados, se les exige “orden” con una política de “criminalización de la pobreza”. Un trabajo digno, educación y salud son una salida de fondo para evitar la descomposición social en la juventud. Pero no son estas las salidas de De la Sota y el “transversal” Luis Juez, sino más policía y más represión.
La primera medida seria para encarar la cuestión de la inseguridad es disolver el aparato represivo, la policía y sus bandas especiales. Mientras estos asesinos anden sueltos y armados la inseguridad será un problema cotidiano y en aumento. Esto, junto con solucionar el problema de la desocupación y la pobreza, creemos que son las mínimas medidas para encarar el problema social de la “inseguridad”.

No al “código de convivencia” de Juez – De la Sota


La muerte de Martín Quintana se da en el marco de una campaña nacional contra los piqueteros y la izquierda, con el intento de aprobación de la “Ley de Código de Convivencia Urbana” en Buenos Aires, que intenta criminalizar la pobreza y la protesta social, el procesamiento de mas 4000 compañeros perseguidos por luchar, entre otras cosas.
En Córdoba los medios y el gobierno pusieron en pie una campaña contra la juventud y específicamente la juventud desocupada y trabajadora de los barrios, exigiendo mas policías para “controlar” los boliches y las calles, responsabilizando a los jóvenes por la cuestión de la “inseguridad”. Esta campaña llegó a tal punto que dos legisladores juecistas (“transversales”) presentaron un proyecto de “ley seca”, o sea dejar de vender bebidas alcohólicas a partir de las 12 de la noche y cerrar los boliches a las 4 de la mañana.
Esta política no es nueva en Córdoba, la creación de la CAP por parte de De la Sota se hizo especialmente para perseguir a los jóvenes y mantenerlos controlados.
Es decir, tanto el gobierno provincial como el de la Ciudad, con el acompañamiento de los medios que le responden, ponen a los jóvenes “en el blanco” para que venga un asesino de gatillo fácil y lo mate impunemente. El asesinato de Martín es un “caso testigo” de hacia donde conduce la política de De la Sota y Juez.
Y como si esto fuera poco, el (¿progresista?) Juez, luego de la última protesta de los remiseros que cortaron las calles de la ciudad, decretó que está prohibido para los que tienen rodados (taxis, remises y colectivos) cortar las calles con sus protestas. No faltará mucho para que esto comience a aplicarse contra los piqueteros, los trabajadores o estudiantes que salgan a pelear con sus reclamos y corten las calles.
O sea todo un programa “de orden y seguridad” impulsado por trasversales y pejotistas, de control social de la juventud y criminalización de la protesta.
Las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de desocupados, los organismos de DDHH, los centros de estudiantes y la izquierda debemos impulsar una campaña contra estas medidas. La participación en la marcha por Martín Quintana el viernes 6, a las 18 horas, al Precinto 14, es la primera tarea. Pero debemos extender esta campaña a los colegios y universidades, formando comités contra la represión y la impunidad y una Coordinadora Antirepresiva que prepare una gran marcha en el centro, no solo contra la policía sino también contra los responsables políticos de esta campaña. 

Partido de los Trabajadores Socialistas- Regional Córdoba
 
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04/08/04