El 3 de marzo de 1994, en el Grupo de Artillería 161 del Ejército situado en Zapala (Neuquén) fue asesinado dentro del cuartel el soldado Omar Carrasco. Omar era de Cutral-Có y ayudaba a mantener a su familia. Tenía 19 años cuando empezó el servicio militar obligatorio, la "colimba" (abreviatura de "corre-barre- limpia", la que expresaba los maltratos que sufrían los conscriptos), 3 días antes de su asesinato. Un grupo de oficiales y soldados lo golpearon y dejaron agonizar entre 48 y 60 horas por un traumatismo de tórax que le provocó una hemorragia interna, y luego ocultaron el cuerpo.

Desde entonces se lo conoció en todo el país como el "caso Carrasco". La población repudió ampliamente el hecho, ya que lo unía al desprestigio de las FFAA por el golpe del ’76 y la derrota en la guerra de Malvinas. En la colimba eran usuales los "bailes", donde suboficiales y oficiales exponían a los soldados a ejercicios extenuantes, desnudos o congelados, que ya habían provocado varios muertos. Por otro lado la Obediencia Debida y el Punto Final de Alfonsín (UCR) y los indultos de Menem (PJ) dejaban todavía intactas a las FFAA genocidas.

Aprovechando este repudio, el presidente Menem, que había dicho que "Hay quienes pretenden usar el caso Carrasco para atacar a las Fuerzas Armadas del pueblo argentino", suspendió la ley N° 3948 que establecía el Servicio Militar Obligatorio y el 31 de agosto de 1994 decretó su fin, mediante la ley 24.429, a la vez que se instituyó el Servicio Voluntario. Lo hizo con la ayuda del entonces Frente Grande (centroizquierda peronista formada entre otros por Chacho ˜álvarez y Juan Pablo Cafiero).

En un periódico del PTS de la época, con el título "Ni colimba ni ejército de gurkas mercenarios", denunciábamos correctamente que la derogación del Servicio Militar Obligatorio favorecía la formación de un ejército profesional (liberado de las presiones de los soldados provenientes en su mayoría de las clases trabajadoras y el pueblo) con lo que "garantizan el monopolio de las armas y del conocimiento de cómo utilizarlas (...) en manos de la casta de oficiales genocidas, perros guardianes a sueldo de la patronal. Ante estos proyectos (...) defendemos el derecho democrático de los trabajadores y el pueblo al uso de las armas y al control de las mismas. Sostenemos que el conocimiento, manejo y control del armamento deben estar en mano de los únicos que no tenemos lazo con los explotadores nativos e imperialistas: los trabajadores, estudiantes y demás sectores populares. Estamos por la instrucción militar de toda la población, hombres y mujeres, realizadas durante las horas de trabajo y estudio, en lugares destinados a ese fin, bajo el control de las organizaciones obreras y garantizando el mantenimiento de los salarios y puestos laborales por parte de la patronal y su Estado. (...) Apoyamos el justo odio a la colimba de jóvenes y padres. Estamos por desterrar este ’servicio militar’ humillante y denigrante que trata de quebrar la moral rebelde de la juventud. Para acabar con la servidumbre a los milicos genocidas exigimos que los soldados tengan los mismos derechos civiles que el resto de la población. Que la tropa pueda elegir delegados, crear comisiones internas de reclamos, sindicalizarse, desarrollar actividades políticas y votar. Que los soldados puedan ejercer el derecho de asamblea y de huelga. Que puedan negarse a obedecer órdenes de reprimir a los trabajadores y el pueblo que se levantan contra los planes de hambre y miseria" (Rebelión de los Trabajadores, 22 de junio de 1994. Periódico del PTS, NdE ). Consideramos que esta posición sigue siendo esencialmente correcta.

En el 2005, la Justicia Federal de Neuquén sobreseyó a 7 militares que estaban procesados por encubrir el asesinato, debido a la prescripción de la causa. En 2007 se revocó el fallo anterior pero el "caso" estaba oficialmente cerrado.