En la última semana, Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil policial, tuvo que afrontar una nueva intervención quirúrgica para subsanar, aunque sea parcialmente, una de las tantas secuelas que al día de hoy le sigue produciendo el balazo que recibió en junio del 2001 en Quilmes, por parte del policía José Ignacio Salmo. Mientras tanto, Salmo sigue en la impunidad, ya que la sentencia con la que fue condenado en abril del 2008 por la Sala III de la Cámara de Casación Penal de La Plata fue apelada por su defensa ante la Suprema Corte bonaerense, instancia en la que se encuentra sin que haya existido ningún avance.

Vale recordar que Salmo había sido absuelto por el Tribunal N° 3 de Quilmes con un fallo escandaloso que legitimaba la práctica del gatillo fácil.
Pero no sólo la causa penal se encuentra frenada, sino que el juez interviniente en lo civil se escuda en una serie de tecnicismos para no dictar sentencia, con lo cual nuestra compañera se ve privada de poder afrontar económicamente todos los tratamientos necesarios para mejorar su estado de salud. Están jugando con la salud de Carla.

Desde el CeProDH, denunciamos que mientras Carla sigue en silla de ruedas, sometida a periódicas intervenciones quirúrgicas, a casi ocho años del hecho, Salmo sigue en completa libertad. Una impunidad peligrosísima, que alienta la práctica del gatillo fácil y otras formas de brutalidad policial en momentos en que crecen en forma alarmante las voces que piden “mano dura”. Vaya como muestra el escandaloso fallo en la causa de Gastón Duffau en La Matanza.

Seguiremos apostando a la movilización y la organización y, dada la lentitud -cómplice con la impunidad- con la que avanza la causa, anunciamos que a la brevedad denunciaremos al Estado argentino ante las instancias jurisdiccionales internacionales.
 
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos