El miércoles pasado la justicia española aprobó el pedido de extradición del ex subcomisario de la Federal, Rodolfo Almirón, integrante de la cúpula de la Triple A1. Esta organización asesinó entre 1500 y 2000 personas (activistas obreros, de organizaciones de izquierda y de derechos humanos, intelectuales y personalidades de la cultura), entre 1973 y 1976, durante el gobierno de Perón y de Isabel Perón.

Gracias a los distintos pactos de impunidad de los gobiernos radicales y peronistas sucedidos al finalizar la dictadura, los cientos y cientos de asesinos de la Triple A gozaron y gozan de la más completa libertad.

Recién a fines del 2006, se reabrió la causa Triple A y fue pedida la extradición de Almirón e Isabel y la detención de otros jefes. Es el caso de Juan Ramón Morales, quien obtuvo el “terrible” castigo de un año de prisión domiciliaria, ya que murió el año pasado a la edad de 89 años, de Miguel Angel Rovira, hasta hace algunos años jefe de seguridad de Metrovías, quien se encuentra con prisión domiciliaria y de Felipe Romero que está prófugo. El “logro” de la justicia, a más de 30 años de los hechos, ha sido el de apresar, en cómodos arrestos domiciliarios, a sólo dos de esta banda de criminales.

Pero la justicia aún se reserva otra carta para garantizar la impunidad de la Triple A. Hace casi un año cajonea el expediente a la espera que la Cámara Federal se expida por si los crímenes de la organización fueron de lesa humanidad por haber sido cometidos desde el aparato del Estado “bajo su amparo y garantía de impunidad”, caso contrario los delitos se consideran prescriptos.

La Triple A fue creada por Juan Domingo Perón y comandada por su brazo derecho López Rega para diezmar a la vanguardia e impedir que su gobierno fuera desbordado por izquierda, tras la situación abierta luego del Cordobazo, cuestión que se hizo más evidente durante el gobierno de Isabel. Creada desde el mismo Estado, la integraron no sólo grupos de ultraderecha, policías y militares sino que jugaron un rol clave los sindicatos “ortodoxos” nacionales en manos de la burocracia sindical peronista, la CGT, UOM y 62 Organizaciones. Estas patrocinaron y crearon tropas de choque como la CNU, el CdeO y la JSP2 especialmente dedicadas a atacar y asesinar a activistas obreros. De esta última, formó parte -ni más ni menos- el actual secretario general de la CGT Hugo Moyano y otros, como Gregorio Minguito, quien accionaba con su patota en la zona norte del Gran Buenos Aires3, aún hoy en la directiva de la UOM.

El protagonismo de la burocracia sindical y de la derecha peronista en la Triple A se hizo notar al mismo momento de la reapertura de la causa con una campaña de afiches que decían “No jodan con Perón”, firmados por el sindicato de la Fraternidad. En ese momento, el gobierno de Kirchner los tranquilizó, por medio de su vocero Kunkel, con un sugestivo mensaje: “Perón e Isabel no sabían nada ‘ni remotamente’”.

El respaldo del gobierno kirchnerista, hoy actualizado por su alianza con la derecha peronista y la burocracia sindical, hace más evidente el doble discurso del gobierno y que de la mano de la justicia, más allá de algunos pocos casos emblemáticos, la impunidad está garantizada. Esto ya lo entendió perfectamente el PRO de Macri, que llevó como candidato a intendente a Ignacio “Coco” Arcidiacono, quien formó parte del Navarrazo en su cargo en la Policía Federal.4

El castigo a todos los implicados en los crímenes de la Triple A depende de la movilización y la acción independiente de los organismos de DD.HH., los partidos de izquierda y sobre todo de la fuerza de quienes fueron una de sus principales víctimas, los trabajadores.

Exigimos el encarcelamiento inmediato de Almirón y que la justicia declare en forma inmediata a los crímenes de la Triple A como de lesa humanidad. Extradición de Isabel Perón y el castigo a todos los integrantes, de los cuales en el expediente hemos denunciado y probado la responsabilidad de cientos de ellos.