Durante la reciente marcha a Plaza de Mayo, el sacerdote Guillermo Marcó hizo votos por la seguridad porque “el espacio público ahora es de los delincuentes y nosotros estamos encerrados detrás de las rejas”. Probablemente recordó la infelicidad de Marcelo Tinelli, encerrado en su country millonario, mientras 12,5 millones de personas permanecen en el espacio público para padecer la pobreza extrema, que asciende hasta el 50% del total de los menores de 18 años, en tanto 25 niños mueren diariamente por causas evitables. Un reciente informe del Banco Mundial sobre Argentina revela que el decil más rico de la población embolsa casi el 50% de los ingresos a la par que el decil más pobre percibe apenas el 1,6% (Suplemento Cash, 15/3). Indudablemente, esa insalvable desigualdad social, producto de la concentración de la riqueza en manos de los empresarios más poderosos, por un lado, y la miseria extrema de millones, por el otro, es la causa de los delitos y los crímenes más aberrantes. ¿Qué esperan el cura Marcó y los señores capitalistas, que después de toda la degradación humana, los pobres empujados hacia el delito conserven la usanza de los buenos modales como carmelitas descalzas?

No se trata de un problema entre buenos y malos, “de la gente y los delincuentes”. Es la misma naturaleza del capitalismo la que se funda sobre la violencia social y los crímenes más deplorables. En tanto formación social, el capitalismo se consolidó a partir de una acumulación originaria basada en el saqueo y el exterminio de los pueblos originarios de Latinoamérica, así como en la expropiación compulsiva de las tierras comunales y las herramientas de producción de los campesinos europeos, obligados a migrar a los centros urbanos para sobrevivir como asalariados en talleres y fábricas. Ya en su fase de desarrollo imperialista, generó dos guerras mundiales con 100 millones de muertos.

Ninguna reforma puede suplir su naturaleza criminal. El capitalismo institucionaliza el crimen como forma legal sobre el robo del tiempo de trabajo no remunerado a los trabajadores y apropiado compulsivamente por los patrones, de donde salen todas sus ganancias, todas las injusticias, todas las desigualdades.

El crimen como norma

El crimen no constituye ninguna anormalidad de la democracia capitalista, más bien es la norma producto de la vigencia de la propiedad privada de los grandes capitalistas, basada en la expoliación de las grandes masas. Sin embargo es preciso distinguir el gran delito del pequeño delito. El gran delito está vinculado a la policía y las fuerzas represivas, asociadas a las mafias capitalistas de narcotráfico, lavado de dinero, trata de blancas, secuestros extorsivos, desarmaderos de autos, amparadas por el Estado y los círculos del poder. El pequeño delito hace pie en las franjas más plebeyas y pauperizadas de la clase trabajadora, obligadas a delinquir por estar privadas de todo medio de subsistencia. Como el capitalismo no absorbe a la totalidad de la población en la producción material de bienes y servicios, genera una población obrera sobrante que constituye un ejército industrial de reserva, utilizado por los capitalistas para disciplinar a los trabajadores ocupados y regular el salario. Entre la población sobrante, una parte rota en el mercado laboral mediante el empleo precario y otra se ve arrojada hacia la criminalidad como salida individual desesperada ante la falta de perspectiva. Ese proceso de descomposición social los envía hacia la marginalidad y los separa de los intereses generales de su clase de origen, transformándolos en un sector funcional a las necesidades de los capitalistas, los cuales así justifican sus políticas de mano dura, mientras frecuentemente los emplean en todo tipo de delitos bajo la “gerencia” de la policía, incluso contra los trabajadores que luchan por sus demandas, a partir de grupos de choque y bandas de rompehuelgas formados por barrabravas de las hinchadas de fútbol, tal como hizo el MPN con los barras de Cipolletti contra los obreros de Zanon.

Tanto el gobernador kirchnerista Scioli como el empresario opositor De Narváez impulsan el incremento de las leyes represivas con la supuesta finalidad de disuadir la criminalidad, una falacia como demuestra la incorporación del paquete de leyes promovidas por Blumberg, cuyo único logro fue aumentar la cantidad de jóvenes pobres en las cárceles, donde más del 80 % de los presos no tiene condena, y después de años de espera del juicio son absueltos más del 40 %.

En realidad, esta campaña reaccionaria contra los pobres y los jóvenes apunta a fortalecer el poder de fuego de la policía y custodiar la propiedad privada de los grandes capitalistas ante el desarrollo de la crisis económica en ciernes. El horizonte de una mayor descomposición social obliga a la clase trabajadora a preservarse en tanto clase que produce toda la riqueza que consume la sociedad, levantando un programa que una sus filas con los pobres de la ciudad y el campo, luchando por trabajo para todos con un verdadero plan de obras públicas financiado por impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. Asimismo, debe rechazar el endurecimiento de la legislación penal, la baja de la edad de imputabilidad y la militarización de las villas y los barrios humildes. La “seguridad” en manos de la policía es una amenaza constante sobre las clases subalternas, por eso es necesario luchar por su disolución, para ser reemplazada por milicias basadas en las organizaciones de los trabajadores, con participación en su dirección de organismos de derechos humanos y víctimas de la represión policial e institucional.

La propiedad

El pequeño delincuente no constituye un ser libre, ni el delito es el resultado de la libre voluntad, como sí sostienen parvas de intelectuales y juristas del régimen. El sentido común impreso por la clase dominante instauró la ideología de que todos los ciudadanos tienen un supuesto derecho inherente a la propiedad, confundiendo adrede la propiedad personal de un asalariado y la pequeña propiedad de las clases medias con la propiedad de los medios de producción y cambio en manos de un puñado de capitalistas. De ese modo, la igualdad de los ciudadanos ante la ley es una igualdad formal y abstracta que encubre una desigualdad material concreta entre las clases desposeídas que sólo tienen su fuerza de trabajo para vender en el mercado, mientras las clases dominantes monopolizan los medios de producción y cambio, la propiedad más importante que rige los destinos del régimen capitalista. El derecho penal oculta esa desigualdad basada en intereses de clase irreconciliables, que prepara las condiciones para el crimen, y así corta el hilo por su fracción más delgada. Sólo la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y cambio y un Estado de los trabajadores pueden comenzar a erradicar íntegramente las bases materiales del crimen, planificando la economía en función de las necesidades de las grandes masas.