por Manolo Romano y Ruth Werner

La realidad del clima de la campaña electoral ha superado a la ficción de Gran Cuñado. Un todos contra todos de los políticos capitalistas, y con los trabajadores y el pueblo como espectadores.

Kirchner apeló a datos de la SIDE y azuza la causa judicial que salpica a De Narváez por llamadas a su celular de un jefe del contrabando de efedrina. Una campaña que golpea al candidato empresario en su propio terreno para tratar de quitarle votos en las clases medias y el interior bonaerense con el eje “corrupción-droga-inseguridad”.

En tanto desde La Nación y Clarín salen, con desigualdades, en defensa del millonario candidato del Pro-peronismo como “perseguido” por el gobierno y su juez adicto. Según el periodista Morales Solá, oponerse a las ‘persecuciones del poder’ sería otro “valor universal” de las clases medias, que la oposición “republicana” quiere aprovechar. En medio de la polarización y mientras Kirchner y Scioli reclaman, en distinto tono, que De Narváez se presente ante la justicia, Cobos se repite en su papel “no positivo” y lo recibió en su despacho y para la foto. Según el dueño de El Cronista y América, Cleto se solidarizó y sostuvo “que este procedimiento tiene que dejar de ser parte de la campaña política”.

En cambio, Elisa Carrió denunció que se trata de “una pelea de bandas” porque en el mismo expediente que implica a De Narváez figura el empresario farmacéutico Sergio Forza, una víctima del “triple crimen” derivado de un ajuste de cuentas por contrabando de efedrina, que se investiga como aportante de la campaña electoral de Cristina 2007. Lo que en verdad lamenta es que, contra los planes iniciales del gobierno que intentaba polarizar la elección en La Provincia con la dupla neo-radical de Stolbizer-Alfonsín, los grandes medios han difundido una encuesta de la consultora Poliarquía que le da el triunfo a De Narváez, para instalarlo como el “voto útil” para el electorado antikirchnerista.

El giro de sectores del establishment hacia Unión Pro se evidenció, también, en el acto que en Pergamino, uno de los centros del lock out agrario, que junto a De Narváez y Solá hicieron Luciano Miguens (el vocero rural de Macri), Alfredo de Angeli y otros líderes de las patronales de la Mesa de Enlace donde se arengó por la derrota de los Kirchner y la reforma del esquema de retenciones.

Preparan el terreno, incluso, para alentar la denuncia de un “fraude” contra el candidato del Pro si el triunfo electoral del oficialismo es ajustado.

Ninguna de las variantes de la oposición patronal parece poder disputar la base electoral de los Kirchner en su alianza con la CGT de Moyano y los intendentes, los trabajadores y sectores populares del conurbano bonaerense, pero el gobierno ha quedado sin ningún sustento burgués serio. Al enfrentamiento con las patronales del campo, se ha sumado el corrimiento a la oposición de la UIA, cuyos representantes acaban de viajar a EE.UU. para buscar apoyo norteamericano contra las estatizaciones del gobierno venezolano que afectaron al Grupo Techint.

Esto, y el rechazo mayoritario de las clases medias, es lo que da aire para todo tipo de operaciones de sectores del establishment para desgastarlo. Aunque el oficialismo consiga ganar la elección y mantenga la primera minoría parlamentaria, el gobierno que surja será inestable y se preanuncian nuevas crisis políticas.

Ante un giro a la derecha

La reciente decisión del gobierno de adelantar los pagos de 2.251 millones de dólares en bonos de la deuda externa y los trascendidos de una “reforma del Indec” para darle la credibilidad que reclaman los organismos internacionales de crédito ante las fantásticas estadísticas oficiales, buscan allanar el camino a algún acuerdo con el FMI para lograr financiamiento externo, como el que acaba de conseguir del Banco Mundial. Después de calificar como “retrógrada” a la UIA por pretender excluir a Venezuela del MERCOSUR, Kirchner pidió a los empresarios que tengan “seguridad que ante cualquier situación a la que se vean sometidos los industriales, siempre que corresponda, el gobierno nacional va a estar defendiendo sus intereses”. Más allá de la retórica que están haciendo desde la tribuna por “la defensa del empleo”, su orientación política, como lo indica el mismo lanzamiento del ex -menemista Scioli, prepara un giro a la derecha.

Dominado por la agenda que imponen las exigencias de las grandes patronales, el escenario político pos electoral supone, gane quien gane, mayor dureza contra los trabajadores. En la Capital, donde se prevé un nuevo triunfo de la candidata de Macri, ya se prepara un proyecto de ley para coartar el derecho de huelga de los trabajadores del subte “a fin de preservar el ejercicio del derecho de las personas a trasladarse dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires”. Pero las persecuciones vendrán también desde el oficialismo, apoyado en las burocracias sindicales, como lo muestran el hostigamiento de las patotas de UPCN contra los trabajadores del INDEC que buscarán perpetuarse (con o sin “reforma” del organismo).
No hay que olvidar que luego del triunfo electoral de los Kirchner en 2007, los trabajadores del Casino sufrieron duros golpes del matonaje sindical y las fuerzas represivas que fueron en defensa del capitalista del juego Cristóbal López; y que el gobernador Scioli mandó 400 policías de la Bonaerense a desalojar a los obreros textiles de Mafissa que defendían, mediante la ocupación de la planta, sus puestos de trabajo.

Un compromiso de clase

Todas las organizaciones combativas de los trabajadores, más allá de las posiciones ante el proceso electoral que haya en el Cuerpo de delegados del subte, en los Ceramistas de Neuquén, en la Comisión interna ATE-INDEC, del Garrahan, en las listas opositoras de Telefónicos y Suteba, en las agrupaciones clasistas, debemos sellar un “compromiso de clase” para la defensa común. Para reclamar el reconocimiento del sindicato del subte, exigir la plena libertad sindical para los nuevos delegados contra las persecuciones y despidos discriminatorios y llevar a la base de todos los sindicatos la exigencia a la CGT y la CTA de un plan de lucha nacional por el empleo y el salario.

La campaña electoral que el PTS desarrolla en el Frente de Izquierda es parte de una tarea de preparación política. Difundimos lo más ampliamente posible un programa para que la crisis no la paguemos los trabajadores, y la idea de que esto no será posible sin independencia política de los partidos patronales o yendo detrás de las figuras mediáticas de la centroizquierda. Para que la crisis la paguen los capitalistas se necesita poner en movimiento la fuerza social de la clase trabajadora, con sus organizaciones, sus métodos de lucha, y la construcción de su propio partido.