Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
23 de octubre de 2017

Movimiento Obrero

Caleta Olivia: Recomendaron negarse a declarar a 41 piqueteros

08 Sep 2004   |   comentarios

La abogada Claudia Ferrero, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Trabajadores que ayer arribó a Caleta Olivia desde Capital Federal, dijo sentirse "horrorizada" por las pruebas que tiene el juez Marcelo Bailaque para mantener detenidos a nueve piqueteros y ordenar indagatorias a otros 41, en su mayoría mujeres; A este último grupo le recomendó abstenerse de declarar.
La abogada Claudia Ferrero no tiene matrícula para ejercer su profesión en Santa Cruz, por lo que su misión es la de apoyar el accionar de letrados de esta zona que asumieron la defensa de las hasta ahora 56 personas que estuvieron directa o indirectamente vinculadas con el bloqueo del edificio municipal y la posterior toma de las instalaciones de Termap.
Cabe recordar que del total, 15 fueron detenidos al librarse orden de captura el pasado viernes, de los cuales 9 (tres mujeres y seis hombres) aún permanecen detenidos.
En el caso de las 41 personas citadas a prestar declaración testimonial, su defensora es la abogada comodorense Verónica Heredia, quien también arribó a Caleta Olivia alrededor de las 15:30 de ayer y mantuvo un breve diálogo con la representante de la Comisión de Derechos Humanos que a su vez estuvo acompañada por otro referente de ese organismo en Comodoro Rivadavia, Elías Ponce. 

"Presos Políticos"

En declaraciones formuladas al periodismo, la abogada Ferrero consideró que los detenidos son «presos políticos» ya que «se ha metido preso a luchadores sociales y a quienes han levantado reivindicaciones de trabajo».
Y luego de observar ligeramente las causas que involucran al grupo piquetero dijo sentirse «horrorizada», ya que «todas las pruebas que hay son fotos captadas con camaritas digitales en las cuales se ve a las personas que llevaron adelante la lucha, hablado con los medios (periodísticos) sin ningún palo ni encapuchados. 
Y estas son las famosas pruebas que levanta este juez para hacer las imputaciones».

Testimonios

En torno a la situación de los nueve piqueteros que aún permanecen detenidos, se supo que los referentes de la Comisión de Derechos Humanos procurarían ingresar a las seccionales Tercera y Cuarta para constatar su estado de psicofísico, sobre todo el de Mauricio Perancho, quien el pasado lunes inició una huelga de hambre.
Pese a estar privados de su libertad, los detenidos pueden ser fácilmente contactados telefónicamente y en tal circunstancia Perancho fue entrevistado por la FM San Jorge.
En la entrevista narró que era «un simple laburante» que se ocupaba de vender pan casero puerta a puerta y que circunstancialmente se encontró con un piquete en el edificio municipal, al cual lo invitaron a incorporarse ya que había un padrón abierto para los desocupados.
Aseguró que él no pensaba que iba a terminar en un calabozo y que estaba arrepentido de haber intervenido en esta protesta social. 
«Si me dieran otra oportunidad, no lo volvería a hacer», dijo Perancho, quien luego comenzó a sollozar cuando el conductor del programa le preguntó sobre su familia, a quien desde hace varios días no podía ver. 
Su padecimiento fue más profundo al revelar que una de sus hijas padece una delicada enfermedad.
Además alcanzó a señalar que no tenía conocimiento de su situación legal ya que hasta ese momento no había tenido ocasión de escuchar a su abogado, César Amaya.

Pelea con menores

A todo esto, pudo saberse que un reducido grupo de menores generó una situación escandalosa dentro del edificio alrededor de las 21 del martes, la cual se reiteró cerca de la medianoche.
Los mismos forman parte del padrón de 250 desocupados que se elaboró luego del bloqueo de la comuna y posterior toma de Termap.
El acta acuerdo firmada con el grupo establecía que los menores percibirían becas, lo que en la práctica les representaba contar con 150 pesos mensuales, pero rechazaron esa suma, sobre todo al ver que los mayores estaban cobrando un adelanto de 400 pesos.
En principio, los menores fueron desalojados por personal de seguridad del municipio, pero posteriormente volvieron a ingresar compulsivamente, hasta que se los hizo entrar en razones sin que se produjera intervención policial.
 

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