Partido de los Trabajadores Socialistas

Buenos Aires
26 de mayo de 2019

CTA: "presionando" al Estado, diluyendo a la clase trabajadora

27 Jun 2005   |   comentarios

El retorno de la clase trabajadora ocupada constituye un nuevo elemento de la vida política nacional. Durante mediados de la década del ’90, numerosos sociólogos e intelectuales progresistas precipitaron su certificado de defunción. Su ausencia como clase organizada tras la crisis de diciembre de 2001 condujo a la gran mayoría de las corrientes de izquierda a ignorarla, apostando sólo a los trabajadores desocupados agrupados en el movimiento piquetero. Pero bastó apenas una ligera flexión de músculos de unos pocos sectores obreros para dejar sin palabras a aquellos que auguraban un mundo sin trabajo y una “sociedad post-industrial”.

Los dirigentes de la CTA se reivindican portadores de un “nuevo sindicalismo” superador del clásico modelo tradicional que conserva la CGT. Sin embargo, esta central permaneció al margen de las tendencias más progresivas que dio a luz el movimiento obrero destacando como un polo de referencia la lucha de los trabajadores del subte, aeronáuticos, ferroviarios, etc.. Si bien la presión de las bases obligó a la CTA a encabezar una oleada de conflictos, los trabajadores del Hospital Garrahan y los docentes de Salta tuvieron que superar a las direcciones de ATE y CTERA para hacer efectivo su triunfo parcial. El método de la democracia asamblearia y medidas duras como los paros escalonados constituyeron el factor cualitativo del avance a diferencia de las inofensivas “jornadas de protesta” acostumbradas por la CTA.

La “heterodoxia” de la CTA estriba en comportarse como un movimiento político-sindical vinculado a las demandas de distintos sectores del movimiento de masas. Desde ese punto de vista rompe supuestamente el legado tradicional de los sindicatos peronistas afirmados en una concepción corporativa que separa a la clase trabajadora de otros sectores sociales, clausurando así la aparente contradicción entre la sociedad civil y la sociedad política, entre la economía y la política, entre los sindicatos o movimientos sociales y los partidos políticos. Pero la CTA traza el curso político-gremial de la clase trabajadora en estrecha dependencia de instituciones patronales como la fracción kirchnerista del PJ (D´Elia, De Petris), el ARI (Maffei, Piccinini) y el Encuentro de Rosario1 (De Gennaro, Lozano). La asunción de Kirchner fragmentó a la centroizquierda en distintas corrientes, entre las cuales la CTA apuesta sus fichas, aunque sin un proyecto claro. De ese modo, mientras la CGT mantiene los clásicos sindicatos peronistas, la CTA organiza sindicatos de matriz centroizquierdista. La “heterodoxia” de la CTA se mantiene dentro de los cánones de la conciliación de clases del sindicalismo peronista, pero esta vez en clave centroizquierdista. Esta orientación patronal disuelve la organicidad distintiva de la clase trabajadora devaluando el peso de sus organizaciones y la lucha por sus demandas, en tanto genera ilusiones en el Estado como operador de las grandes transformaciones sociales y políticas. Esta nota se propone demostrar que dicha estrategia no solo está reñida con los intereses generales de los asalariados, sino que además está signada de un plus de impotencia y derrotismo a partir de su adaptación a las modificaciones estructurales introducidas por la contrarreforma neoliberal.

No hay democracia sindical sin independencia del Estado

“Sin personería gremial de la CTA no hay democracia sindical”. Así reza la consigna propagandizada en miles de afiches callejeros, lanzados tras la negativa del gobierno a concederle reconocimiento jurídico a la CTA. La misma denuncia que “los trabajadores no son libres de organizarse ni de sindi-calizarse, no se respetan sus derechos laborales y tampoco pueden designar sus propios representantes […] porque el modelo sindical que rige actualmente reserva exclusivamente a los sindicatos con personería gremial los derechos y facultades en la intervención de las instancias del ámbito laboral como el derecho al fuero gremial, la participación en paritarias o convenciones colectivas de trabajo, la convocatoria a medidas de acción, la retención de la cuota sindical por parte de los empleadores. Hay más de 2.000 sindicatos inscriptos vedados de esos derechos. La discriminación de los sindicatos inscriptos no se compadece con una sociedad democrática”2. La CTA señala que la legislación argentina ampara el “unicato” de la CGT contrariando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y las normas de libertad sindical contempladas en los convenios 87 y 98 de la OIT. La solución fácilmente podría ejecutarse mediante una reforma de la ley 23.551 de asociaciones sindicales que habilite la formación de sindicatos por empresa. Horacio Meguira, titular de la asesoría jurídica de la CTA, efectuó esta denuncia en la OIT en tanto participaba de debates observando las ventajas de constituir “sindicatos por empresa o por oficio, categoría o profesión”3.

Efectivamente, la CTA tiene razón: los trabajadores no tienen libertad para organizarse y designar sus auténticos representantes. Por ese motivo es de vital importancia respetar todas las formas de organización que destaquen los asalariados. No le reconocemos a este Estado ninguna potestad para decidir qué organización representa a la clase obrera.

Pero la libertad sindical que exige la CTA se choca –aunque no lo quiera ver– con la realidad de un gobierno como el de Kirchner, que mantiene más de 4.000 procesos abiertos contra dirigentes sindicales y luchadores obreros y populares, que ilustran de modo elocuente los alcances de la susodicha libertad. El régimen democrático burgués consagra el derecho al sufragio universal y autoriza la libre circulación por la vía pública. Sin embargo, cuando los trabajadores deciden organizarse y luchar por sus demandas, el Estado hace valer el derecho de los capitalistas, reprimiendo y encerrando en las cárceles a aquellos que desafían su propiedad. Pero parece que la CTA olvidó su apoyo a Kirchner en su afán de recuperar las instituciones “vaciadas por el neoliberalismo”, considerando su reconocimiento jurídico como un saldo pendiente en el rediseño de un nuevo régimen político. El “despecho” que expresa hoy para con el gobierno se comprende desde su apuesta al proyecto de la transversalidad. Pero Kirchner terminó recostándose sobre la CGT, el PJ y el viejo régimen, y aún así De Gennaro pasó de ser oficialista a “no ser ni oficialista ni opositor”4 , una fórmula lo suficientemente ambigua para distanciarse aunque sin romper lanzas con el “compañero Presidente”.

Si bien la CTA tiene legítimo derecho a su reconocimiento legal, la democracia sindical pregonada deja mucho que desear al interior de las organizaciones que componen la central. La recurrente emergencia de movimientos autoconvocados así como la reticencia a la afiliación sindical entre los trabajadores estatales y docentes expresan el ahogo burocrático que ejercen los “cuerpos orgánicos”. Reconocer su legítimo derecho a organizarse tal como les plazca es una tarea elemental de todo aquel que luche por la democracia sindical. Pero los estatutos de los gremios de la CTA dificultan aún más la necesidad de una organización democrática prohibiendo expresamente la representación proporcional de las minorías en los organismos de conducción. Los trabajadores no afiliados no tienen derecho a votar en elecciones de comisión interna5. Las asambleas no tienen carácter soberano ni resolutivo y los plenarios de delegados no se rigen por el mandato de los trabajadores. Ningún cargo es rotativo ni revocable y los trabajadores no cuentan con ningún medio para controlar la labor de los delegados. El autoritarismo se expresa cercenando el desarrollo de todo grupo de opinión, corriente o tendencia que cuestione las resoluciones de la directiva, valiéndose de maniobras similares a las que recurre la CGT. Recientemente el Consejo Directivo de ATE Provincia de Bs.As. dispuso una resolución arbitraria para intervenir la seccional Gran Bs. As. Sur y desarticularla en dos nuevos ámbitos, por el solo hecho de que su conducción está en manos de una lista opositora elegida por el voto mayoritario de los trabajadores.

Amén del reconocimiento legal de la CTA, no existe posibilidad de democracia sindical sin independencia del Estado y sus leyes. La reforma de la ley de asociaciones sindicales, tal como postula la CTA, de ningún modo haría posible la democracia sindical; por el contrario, reforzaría la legalidad del Estado reglamentando el funcionamiento y la vida interna de las organizaciones obreras. En 1945 Perón otorgó numerosas concesiones al movimiento obrero a cambio de su regimentación estatal. “El decreto 23.852 de octubre de 1945, conocido como ley de Asociaciones Profesionales […] estipulaba el derecho del Estado a supervisar vastas áreas de la actividad sindical […] operándose la gradual subordinación del movimiento obrero al Estado”6. La apelación al Estado para modificar la organización de los trabajadores desemboca objetivamente en la legitimación del control patronal. Por ese medio el Ministerio de Trabajo puede reglamentar la prohibición de huelgas, el levantamiento de conflictos con conciliación obligatoria, la supervisión de medidas de fuerza con guardias mínimas. De este modo los sindicatos no pueden obedecer a los designios de los trabajadores sino a las arbitrariedades del Estado, perdiendo su autonomía política y organizativa. La retención de las cuotas sindicales, el manejo de los fondos de las obras sociales, los aportes por la firma de convenios colectivos son, entre otros, elementos utilizados por el Estado y la patronal para chantajear y cooptar las organizaciones de los trabajadores, sesgando toda arista combativa7. Si la CTA se propusiese superar a la CGT debería, cuanto menos, terminar con esta fuente de corrupción inherente a la vinculación estatal mediante la promoción del cobro directo de las cuotas sindicales y el funcionamiento de las obras sociales bajo el control de los trabajadores. De esta forma, la CTA muestra su carácter burocrático como agente patronal sujetándose a las prebendas materiales otorgadas por el Estado. Si la CGT subordina los sindicatos al PJ, la CTA subordina los sindicatos a las corrientes de centroizquierda, es decir que ambas burocracias subordinan las organizaciones obreras al Estado y a las instituciones patronales.

El capitalismo de nuestros días se basa en la dirección centralizada del Estado como junta común de toda la clase capitalista. Desde el Estado la facción capitalista hegemónica impone y centraliza su interés, generalizándolo al resto de la burguesía en tanto clase. Del mismo modo, aunque desde un ángulo opuesto, la democracia sindical no tiene ningún sustento material sobre la disgregación de las filas obreras. La promoción de sindicatos por empresa, como propone la CTA, profundizaría la división del movimiento obrero atomizando sus fuerzas para enfrentar el poder centralizado del capital. En consecuencia, tanto el verticalismo de la CGT como el divisionismo de la CTA conspiran contra la democracia sindical y la unidad de la clase trabajadora en todos los niveles de lucha y organización. Pero la CTA justifica su proyecto apoyándose sobre la reestructuración de la economía producida tras la ofensiva neoliberal que fragmentó a la clase trabajadora, precarizó el empleo y expulsó a millones del mercado laboral. Esas modificaciones exigirían otro correlato en la forma de construir las organizaciones gremiales, tales como las impulsadas por la CTA mediante la afiliación individual de cualquier persona y la horizontalidad de todos sus miembros. Evidentemente, la CTA descarta la necesidad de superar la fragmentación de la clase trabajadora bregando por la unidad desde organizaciones comunes, y por el contrario, impulsa sindicatos por empresa asimilando las grandes derrotas de los ‘90 para adaptarse a la división que produjo la ofensiva neoliberal. Cabe señalar que la CTA se niega a disputarle la base obrera a la CGT concentrada en los sindicatos estratégicos de la industria y los servicios. Así convive con la CGT conservando el status quo, sellando la división entre privados y estatales en compartimentos estancos.

Los sindicatos por empresa vuelven al siglo XIX la rueda de la historia, cuando los trabajadores aún se estaban formando como clase, donde la dispersión era la tendencia predominante y los talleres pequeños representaban la mayoría de los establecimientos industriales. La afiliación individual a la CTA rompe una tradición elemental de una organización obrera, pues pone en un plano de “igualdad” a un cuerpo de delegados de una estructura laboral respecto de un comerciante, un abogado, una monja o un pequeño empresario. ¡Esa libre asociación no distingue una organización obrera de un club de fútbol! Vale como antecedente una política análoga impulsada por el PS en mayo de 1934, presentando un proyecto de estatuto de la CGT que postulaba extender la asociación gremial a las “profesiones liberales”. Este proyecto fue rechazado rotundamente pues diluía el peso y la concentración de las organizaciones obreras en la afiliación individual de las clases medias8. Los dirigentes de la CGT de ese entonces señalaban “la dualidad de la política del PS que al mismo tiempo de abogar por la colaboración con otras clases –aún burguesas– para conseguir las mejoras obreras, actuaba como elemento de disolución de la CGT”9.

La reivindicación de los sindicatos por empresa remite a las páginas más lamentables de la historia del movimiento obrero. Los llamados “gremialistas libres” (que adscribían a la UCR, el PS y el PC) aparecieron durante el primer gobierno de la “Revolución Libertadora” agitando la necesidad de “democratizar los sindicatos” mientras los comandos civiles asaltaban los locales gremiales a punta de pistola. Tras el ascenso del general Aramburu y el almirante Rojas, fueron designados interventores militares en todos los sindicatos en tanto los delegados eran seleccionados en el Ministerio de Trabajo. Los gremialistas libres acompañaron estas medidas y celebraron la singularidad del decreto 9270 que facultaba el establecimiento de varios sindicatos “pluralistas” en una rama productiva. Durante el gobierno de Illia se emitió el decreto 969 autorizando la creación de sindicatos de empresa que introdujeron elementos desopilantes: FIAT había instalado cuatro plantas, cada una de las cuales tenía su propio sindicato. El SMATA, por entonces un pequeño gremio de mecánicos de garage, fue creado para tallar en las fábricas automotrices con el objeto de debilitar a la UOM, el sindicato más poderoso. Con el mismo objeto, el gobierno de Alfonsín propició fallidamente la ley Mucci, repudiada por el conjunto del movimiento obrero. Y durante la escandalosa sanción de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de la Alianza, la CTA llegó al extremo de sostener la implementación de convenios por empresa bajo la salvedad de ser “aprobado por asamblea de trabajadores”10.

La democracia sindical exige luchar por la independencia del Estado, la unidad de las filas obreras y la más amplia libertad de expresión de todos los grupos, tendencias y corrientes. En consecuencia, luchar por la democracia sindical implica superar la ingerencia patronal y la competencia entre sindicatos peronistas y sindicatos centroizquierdistas, recuperando las comisiones internas y los cuerpos de delegados de manos de la burocracia sindical, eligiendo delegados revocables sujetos al mandato de asamblea que cobren el salario de un obrero medio. Este curso podrá imponer en los sindicatos direcciones democráticas y combativas que abran las puertas a todos los trabajadores y a los desocupados para confluir en una lucha común.

Los excluidos y la clase obrera desocupada

Las políticas neoliberales del menemismo introdujeron una dualización estructural de la sociedad más integrada de Latinoamérica. Mientras en un extremo de los polos se reunía una desocupación sin precedentes históricos, junto a la pauperización de las capas medias y la indigencia de los sectores más vulnerables de la sociedad, en el otro polo un puñado de bancos y empresas privatizadas concentraban las riquezas expropiadas a la nación. En nuestro país las clases medias ejercen una notable influencia en la vida política nacional. La degradación de su status social encontró una refracción ideológica en las universidades y la intelectualidad progresista. El impacto del crecimiento geométrico de la desocupación, la pobreza y la indigencia fueron tomados como signos emergentes de un nuevo sujeto: “los excluidos”11. Los panegíricos del progresismo sostenían la necesidad de “incluir en el mundo” a los desplazados “fuera de la sociedad”. La CTA asimiló este “sentido común” llegando al extremo de señalar a los desocupados como “desaparecidos sociales”. Este enfoque ocultaba una premeditada operación ideológica: la definición de excluidos despojaba de su carácter de clase a los trabajadores desocupados como un estamento extraño sujeto a la beneficencia y al asistencialismo estatal. Los trabajadores se distinguen como clase por la necesidad objetiva de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, independientemente si ésta se realiza o no. Los capitalistas utilizan a los trabajadores desocupados como ejercito industrial de reserva, es decir como una presión objetiva que tiende a abaratar el precio de la fuerza de trabajo. La orientación desarrollada por la CTA separaba las demandas de los trabajadores desocupados “excluidos” de las demandas de trabajadores ocupados “incluidos”, sirviendo así a los intereses patronales que promueven la división de la clase trabajadora.

Marx sostenía que “el capital ha devenido la fuerza dominante capaz de determinar la forma de la sociedad como un todo […] no permite externali-dades: la producción de determinadas formas de existencia humana social ha sido colocada ahora en el centro de la producción del capital mismo. La subjetividad es un aspecto integrado al capital”12. Los movimientos piqueteros constituyen una expresión genuina de la subjetividad de un sector de la clase trabajadora desocupada producida por el desarrollo capitalista. La unidad entre ocupados y desocupados a partir de un programa de lucha común dejará atrás la segmentación de la clase trabajadora promovida por los curanderos, que utilizan las formas de la exclusión para legitimar la división y el asistencialismo “inclusivo” de la sociedad capitalista. Aquellos que hacen de la división un producto intrínseco de la naturaleza no hacen más que adaptarse a las condiciones de fragmentación y reproducir la ideología de las clases dominantes.

La lucha contra la pobreza

La CTA aspira a dar una solución política integral a los problemas estructurales que padece la sociedad. Con esa finalidad construyó el FRENAPO junto a sectores patronales como las APYMES y la FAA. La actualización de la propuesta del FRENAPO13 propone “la lucha contra la pobreza” mediante la universalización de las asignaciones familiares a $60, un seguro de empleo y formación de $640 para los desocupados y la universalización del haber jubilatorio a $308 para los mayores de 65 años. La CTA garantiza la “absoluta viabilidad” de la propuesta pues no toca un centavo de “reservas que podrían cubrir vencimientos de deuda”, “tampoco se apela a los recursos que lógicamente el estado debiera recuperar en base a una necesaria reforma previsional”, y mucho menos a una “reforma impositiva”. Esta propuesta no obstaculiza los pagos de la deuda externa, el saqueo de las AFJP y el regresivo sistema impositivo en favor de las grandes fortunas. Parece así que toda propuesta es viable cuando su horizonte de proyección linda con lo miserable. Así se comprende la obsecuencia inicial con el progresista-neoliberal Lula, quien, bajo la supervisión del teólogo de la liberación Frei Betto, lanzó el Plan Hambre Cero a partir de la provisión de tres platos de comida diarios en tanto los grandes monopolios embolsan millones de dólares. No se trata de una disquisición bizantina, pues está en juego el destino de la única clase social que produce la riqueza que consume toda la sociedad, cuando la descomposición social amenaza con visos de barbarie. Pero la CTA se empeña en recordarnos que “esta iniciativa […] fue plebiscitada en diciembre de 2001”14, olvidando que pocos días después la legitimidad de ese plebiscito saltó por los aires cuando las masas salieron activamente a las calles y derribaron al gobierno de la Alianza, mientras la CTA se refugiaba en el local del FRENAPO para no poner en peligro la gobernabilidad de De la Rúa.

La iniciativa del FRENAPO retrocede la química al estadío de la alquimia, pues alimenta la ilusión de que una inyección de dinero en calidad de subsidios asistenciales incrementará el consumo y la demanda efectiva, creando el “círculo virtuoso” que eliminará la pobreza y la indigencia. Estas propuestas fueron funcionales a Duhalde, Kirchner y a las actuales políticas impe-rialistas implementadas concientemente con el objeto de contener la ira de los “excluidos”. Tal como revela Horacio Verbitsky, las Jornadas de diciembre de 2001 obligaron al FMI a modificar el rumbo ortodoxo dictado por los planes del Consenso de Washington. Horst Kohler y Anoop Singh tomaron el pulso de la situación creando el Plan Jefes y Jefas de Hogar sugiriéndole a Duhalde la necesidad de “un alivio social” ante la falta de “equidad”15. Tras la debacle de las ideas neoliberales, la lucha contra la pobreza es parte de las nuevas ideas que articulan nuevas formas políticas de ejercer la dominación a manos de los grandes monopolios. En ese sentido resulta sugerente que el Banco Mundial haya incorporado como leit motiv propio “por un mundo sin pobreza”16 destinando una partida de u$s30.000 millones anuales para combatir la pobreza, desde ya una suma irrisoria al lado de los u$s300.000 millones que desembolsan EE.UU. y Europa sólo en concepto de subsidios agrícolas.

La CTA se adapta a la herencia del neoliberalismo a cambio de un plato de lentejas y resigna la reproducción de una calidad de vida íntegra, lo que requiere luchar por trabajo para todos, repartiendo la totalidad de las horas de trabajo disponibles cobrando un salario equivalente al costo de la canasta familiar. La CTA se adapta a la “distribución de la riqueza” vigente, caso contrario postularía la expropiación de los grandes grupos económicos que detentan el monopolio de los principales recursos estratégicos de la nación, y hacen imposible un desarrollo autónomo sin su renacionalización.

Movimientos sociales y protesta social

La CTA estructura su organización adoptando la concepción de los movimientos sociales latinoamericanos17. En estos encuentra una nueva expresión orgánica de la representación político-social que une la esfera reivindicativa y la esfera política. Por eso durante su VI Congreso resolvió construir un movimiento político-social para disputar “el sentido común” en pos de construir “poder popular”. La fragmentación social supuestamente hace que estas organizaciones sean idóneas para reunir la “diversidad” de “identidades” de las fuerzas sociales. De este modo “supera los sectarismos” articulando a los actores sociales desde una construcción “horizontal, plural y multidisciplinaria”, anclada en la “igualdad sustantiva”. La “otredad”, comprendida conceptualmente como derecho a la diferencia, en tanto género, cultura o etnia, proporciona la argamasa que articula el conjunto de actores sociales fragmentados sintetizado en forma genérica como el “sujeto popular”18. Esta construcción no supone subordinaciones jerárquicas, se concibe como un movimiento rectilíneo que recorre en forma transversal las distintas clases sociales. La sociedad civil como ciudadanía toma expresión entonces en la “recuperación-constitución-rearticulación del pueblo como sujeto de la nación19, superando así las “propuestas dogmáticas” de la izquierda marxista.

Apelando a la crisis del modelo sindical tradicional, la CTA sustituye el contenido obrero de los sindicatos por el policlasismo inherente a los movimientos sociales. La “horizontalidad” de las relaciones entre las clases no es más que la máscara bajo la cual una clase se impone por sobre la otra. La “igualdad sustantiva” es un concepto formal pues la sustantividad de un asalariado reside en su fuerza de trabajo como mercancía de venta, en tanto la de un empresario reside en la posesión de los medios de producción y cambio que esclavizan al asalariado como mercancía. De ese modo, el “sujeto popular”/ciudadanía enmascara la igualdad formal bajo la desigualdad social y económica.

Los movimientos sociales latinoamericanos están asociados en su composición con las capas medias urbanas y rurales. Así la CTA se propone suplir la fragmentación social estableciendo una alianza social del pueblo bajo la hegemonía de las capas medias. Sin embargo, las capas medias no constituyen una clase social homogénea sino un entramado de clases heterogéneo con diversidad de intereses. Esa condición se pone de manifiesto cuando se rompe el equilibrio y la lucha de clases se radicaliza. Es entonces cuando las capas medias altas se separan y siguen a la burguesía, en tanto los estratos medios pauperizados optan por seguir a la clase trabajadora. Por ese motivo las capas medias no pueden constituirse en un factor independiente que lidere una alianza de clases contra los intereses capitalistas. Marx señalaba que las capas medias son profundamente conservadoras, cuando no reaccionarias, en su afán de conservar su pequeña propiedad a resguardo del mercado capitalista, pero “son revolucionarias únicamente cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado, defendiendo así no sus intereses presentes, sino sus intereses futuros”20. Por su rol objetivo en la sociedad capitalista, solo la clase trabajadora tiene la capacidad potencial de elevarse como clase independiente de la burguesía haciendo efectiva la hegemonía política sobre las clases subalternas en pos de una perspectiva superadora. La falta de independencia política de los movimientos sociales “antineoliberales” se manifiesta en su apoyo a sectores burgueses “opositores”, preparados concientemente para desviar las aspiraciones del movimiento de masas hacia el redil institucional. La CTA imprimió este rumbo con la Carpa Blanca, desde la cual preparó la llegada del gobierno de la Alianza al que le aportó el voto de sus “diputados obreros” para reducir el salario de los trabajadores estatales21.

La asimilación de las concepciones de los movimientos sociales condujo a la CTA a depreciar los métodos de acción obreros como el paro activo, el piquete y la huelga general sustituyéndolos por la “protesta social” como “objeto de la manifestación de un determinado conflicto […] de un colectivo social”22. Esta indeterminación de clase hace de la protesta social un método “pluralista” que traza un eje de simetría entre las movilizaciones reivindicativas de los trabajadores, los reclamos barriales de los movimientos vecinales y los movimientos semifascistas que exigen mano dura como el del ingeniero Blumberg23. Dicha “pluralidad” linda con el ridículo, nivelando la movilización del 26/01/04, que exigía el esclarecimiento del atentado contra las organizaciones de izquierda durante el segundo aniversario del 20 de diciembre, con “la marcha del 24/02/04 de las distintas murgas de la Capital Federal para reclamar por la restitución del feriado de Carnaval”24.

Los movimientos sociales y la protesta social fueron adoptados por la CTA aprehendiendo las teorías más vulgares de la década del ‘90 que batían el parche exclamando la superioridad de la democracia burguesa y la despedida del proletariado. La “identidad fragmentada”25 de la clase trabajadora tenía su refracción en el pasaje de las concentraciones productivas a las organizaciones del territorio, donde el trabajador era despojado de su identidad de clase y subsumido bajo la condición de “excluido”. La CTA dio por muerta a la clase trabajadora reemplazándola por los movimientos barriales urbanos como los nuevos actores sociales. De Gennaro afirmaba sin reparos que “la fábrica o lugar de trabajo donde uno se formaba, donde aprendía la historia, donde se construía y recuperaba la identidad y la memoria como trabajador hoy no existe más […] la nueva fábrica está en el barrio”26. De ese modo asimiló un momento episódico y transicional como el “fin de la historia”, mientras los grandes capitalistas creaban una nueva división internacional del trabajo, rediseñando el mapa de la clase trabajadora internacional en función de sus necesidades. Por eso, si bien la clase obrera industrial argentina perdía peso relativo, el capital se reconcentraba sobre otras ramas creando un poderoso proletariado de servicios27 y comercio28 , protagonista de los jalones más avanzados del último período.

El Estado es todo

La CTA concibe el Estado como la esfera que determina el destino de la sociedad en su conjunto. Así, la solución de las demandas pendientes requiere la fusión del Estado con las necesidades de la sociedad civil. El retraso salarial, la precariedad laboral y la desocupación podrían resolverse mediante la intervención del Estado como regulador del mercado laboral a partir de un shock distributivo que expanda el consumo popular como base para un proyecto de reindustrialización y generación de empleo29. En ese sentido, el Estado debería incentivar la apertura de negociaciones colectivas de trabajo con los sindicatos implementando los resortes legales necesarios. La CTA le recuerda sus deberes al Estado apelando a “la ley de Empleo que regula la creación y funcionamiento del Consejo del Salario” para establecer un salario mínimo vital y móvil y la instrumentación de políticas laborales. “Es inexplicable que no se convoque al Consejo del salario […] es ese el ámbito que tiene que dedicarse a profundizar la discusión y encontrar soluciones no sólo para determinar el salario mínimo vital y móvil, sino también para activar las políticas que generarán empleo y producción, las que elaborarán un nuevo perfil productivo del país”30. Estas palabras de Víctor De Gennaro se asemejan a las de Claudio Lozano para quien “ha ganado primacía la discusión UIA-CGT colocando en el lugar del olvido una institución mucho más apta para este debate como el Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo. Parece conveniente dejar en claro que este desplazamiento no es neutral. Implica ponerle un corset (casi un chaleco de fuerza) al debate sobre la distribución del ingreso en la Argentina”31. La reciente convocatoria al Consejo del Salario resolvió “distribuir la riqueza” incorporando las sumas no remunerativas, llevando el sueldo mínimo a $630. El fetichismo estatalista de la CTA y su Consejo del Salario impuso “por arriba” un salario muy inferior a los salarios promedios de convenio que cobran la gran mayoría de los trabajadores ocupados. De ese modo, esa supuesta instancia generadora de mejoras por medio de acuerdos entre la “representación de los trabajadores” (CGT y CTA), la UIA y el Estado terminó dejando al margen a ocho millones de trabajadores ocupados y dos millones de trabajadores desocupados que siguen cobrando planes de $150.

Mientras los trabajadores del SMATA se movilizan exigiendo un salario inicial de $2.000, la CTA se arrastra reivindicando un organismo que sancionó un salario inferior a la línea de la pobreza. Evidentemente De Gennaro y Lozano no sólo prescinden de los trabajadores como sujeto de lucha de sus propias reivindicaciones, sino que reducen su función a la espera pasiva de la arbitrariedad estatal. La CTA elude premeditadamente la organización de los trabajadores para la lucha porque prioriza la “recuperación de las instituciones vaciadas por el neoliberalismo” en pos de la ilusión de “un Estado al servicio del pueblo”.

A principios del año, la CTA permaneció al margen de las negociaciones entre la CGT y la UIA, quienes postularon la necesidad de “recrear un acuerdo social” para contener “la oleada de reclamos salariales (expresadas desde el año pasado con la toma de los edificios de Telefónica y Telecom y la lucha de los trabajadores del Subte) que amenazaban extenderse a otros sectores”32. La CTA no se atrevió a denunciar que el carácter del pacto contraído entre la CGT y la UIA se proponía bloquear las legítimas aspiraciones de los trabajadores por aumento de salarios, poniendo un techo preestablecido. Por el contrario, su exigencia de puesta en vigencia del Consejo del Salario resultó una instancia complementaria del pacto CGT-UIA pues desplazó la discusión salarial a un espacio institucional, expropiando “desde arriba” las tendencias que comenzaban a expresarse por abajo desde la autoactividad de las bases. Si bien la CTA no firmó el salario mínimo acordado en el Consejo, esta invoca religiosamente al Estado para mediar en la puja distributiva, mientras es el mismo Estado el que ampara a las cámaras patronales que resolvieron trasladar a los precios los incrementos del salario. Para la CTA el Estado es todo, el movimiento real de la clase se reduce a la nada.

Democratización del Estado

Esa confianza ciega en el Estado guarda una relación proporcional con su desconfianza en el potencial transformador de la clase trabajadora. La CTA considera al Estado como el gestor de las grandes transformaciones sociales que hacen la historia, como durante el primer gobierno peronista cuando se “impulsó desde el Estado la consolidación de lo que suele denominarse burguesía nacional”33. Ese Estado se montaba sobre la participación de los sindicatos como actores de la “comunidad organizada”, los cuales operaban los consensos políticos de los distintos sectores sociales. Recuperar ese Estado fuerte presupone superar el “divorcio entre la sociedad y la representación institucional”. La CTA se arroga “un papel de bisagra entre un Estado ausente y la ciudadanía en pos del bien colectivo”34, sosteniendo la necesidad de “democratizar el Estado” y ampliar la gestión política con una “democracia participativa”.

Si bien la CTA no se reclama como una corriente peronista, sus concepciones del Estado abrevan en el legado de esa tradición. El peronismo incorpora en la tradición nacional la dimensión social al concepto de ciudadanía. Así la democracia política se convierte en “democracia social” integrando a las clases subalternas al aparato del Estado. Pero los derechos políticos de ciudadanía no fueron concedidos por la magnanimidad de un ecuánime “Estado social”, sino por la necesidad de contrarrestar los efectos de la crisis abiertos tras el golpe militar que derrocó a Irigoyen. Entre 1930 y 1943 se desarrolló la llamada “década infame” que mantuvo el poder político de la élite conservadora mediante un sistema de fraude y corrupción institucionalizados. Perón logró superar la crisis “recuperando las instituciones” del fraude patriótico, reciclándolas bajo nuevas formas, y otorgó numerosas concesiones al movimiento obrero a cambio de su cooptación a la esfera del Estado. De esa manera, el Estado pasó a reglamentar el funcionamiento de los sindicatos mediante las leyes de asociaciones sindicales, institucionalizando su pérdida de independencia política y organizativa. El “Estado social peronista” ponía de relieve la tutela estatal sobre la clase trabajadora desde la “desmovilización pasiva”35, ilustrada en forma popular por la frase “de casa al trabajo y del trabajo a casa”. En consecuencia, la clase trabajadora se “integra” al Estado participando como un sujeto dócil y carente de autonomía.

A tono con el peronismo, la CTA se propone “recuperar las instituciones” desafiadas durante las jornadas de diciembre de 2001. Ese punto de inflexión abrió una profunda crisis orgánica36 que puso en tela de juicio la hegemonía política del Estado. Las capas medias rompieron con la UCR y el FREPASO, y el PJ se resquebrajó en una federación de caciques provinciales. La falta de intervención de la clase trabajadora, como sujeto diferenciado, limitó la capacidad del movimiento de diciembre para superar el viejo régimen político. Sin embargo, la autoridad del Estado fue severamente cuestionada, y la democracia representativa del Congreso fue repudiada en la democracia directa de las asambleas barriales. Apoyado sobre la recomposición de la economía, el gobierno de Kirchner logró restaurar parcialmente la autoridad política del Estado, si bien aún no resolvió los signos más profundos de la crisis. Las propuestas de la CTA son funcionales al restablecimiento institucional que necesitan los capitalistas para legitimar el modo de acumulación. La democracia participativa, entre otras, se fundamenta en la ampliación del poder popular y la gestión pública desde la participación ciudadana. Sin embargo este planteo encierra un procedimiento falaz: toda política se sustenta sobre la participación activa o pasiva de la población. Las dictaduras militares latinoamericanas contaban con la participación explícita de una minoría burguesa y una participación implícita expresada en el silencio de las grandes mayorías. Las democracias burguesas cuentan con instancias de participación fundadas en el voto, desde el punto de vista político, y en el consumismo como modo de adhesión a la propiedad capitalista. Cuando la burguesía apela a la “participación” suele encubrir más trampas que certezas. Durante los últimos 15 años la burguesía modificó la forma de organizar el trabajo apelando a la “participación” de los trabajadores con el objeto de optimizar la rentabilidad del trabajo. De esa manera, el toyotismo se funda no sólo en la polivalencia funcional, sino en la expropiación del saber obrero proporcionada por la “participación” a fin de desarrollar una explotación superior sobre el conjunto de los asalariados.

El modelo más acabado de democracia participativa es el Presupuesto Participativo de Porto Alegre, donde los vecinos organizados en los consejos de participación deliberan las necesidades pendientes de los barrios y asignan la partida presupuestaria en función de las prioridades acordadas. Sin embargo este modelo de “democracia directa” no tiene un ápice de democracia. Estos organismos tienen un carácter meramente consultivo, no están facultados de atributos ejecutivos con poder de resolución. Los consejos de participación son instituciones dedicadas a administrar las partidas presupuestarias resueltas previamente por el voto de los legisladores en el Congreso. De ese modo, “la democracia participativa no es antagónica sino complementaria de la democracia representativa”37 donde “el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes”. Los municipios brasileños comandados por partidos de derecha tomaron la propuesta de Lula y el PT promoviendo el Presupuesto Participativo en forma entusiasta, recibiendo el espaldarazo del Banco Mundial y el BID, en aras de legitimar el ajuste del gasto público para financiar los pagos de la deuda externa. En consecuencia, la democracia participativa se propone reforzar la debilidad de las instituciones de la democracia burguesa mediante la institucionalización de los movimientos sociales, eliminando todo sesgo de organización autónoma.

Claudio Lozano fue electo diputado por Fuerza Porteña, la agrupación de Aníbal Ibarra que promovía “democratizar la democracia” con iniciativas participacionistas como plebiscitos, referéndums y consultas populares. Mediante estas herramientas, supuestamente cualquier grupo de ciudadanos tiene plenas garantías democráticas y amplia libertad para promover cambios en las leyes y el régimen institucional. Pero Ibarra se vio forzado a admitir públicamente que estas iniciativas, redactadas en la Constitución del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., constituyen “un sistema elaborado para que no se aplique”38. Ibarra probó la sopa de su propia medicina al no poder juntar la cantidad de firmas exigidas (munido de un aparato de rentados) para intentar instalar un referéndum y relegitimar su gestión vapuleada tras la masacre de República Cromañon.

La democratización del Estado se comprende como la progresiva ocupación de espacios institucionales a fin de sumar voluntades, extender la democracia y “construir poder”. En este sentido, la CTA señalaba que “el menemismo en retirada se encuentra ubicado en los 6.000 cargos de conducción protagónica del Estado Nacional, no contemplando los nuevos aires de la sociedad argentina. Y estamos hablando de un funcionariado formado para el ajuste y no para la distribución”39. La CTA quiso entender que los nuevos aires progresistas requerían otro tipo de “funcionariado” formado para “distribuir la riqueza”. Esto explica porque la CTA proporcionó a Carlos Custer, dirigente de ATE, como embajador en el Vaticano, mientras la FTV de D’Elia y Barrios de Pie, dirigido por el funcionario del Ministerio de Acción Social, Jorge Ceballos, se convirtieron en los piqueteros oficialistas que terminaron en la interna del PJ. Lenín y Gramsci observaron agudamente que el personal burocrático-administrativo del Estado se selecciona en forma consciente40 . La permanencia del funcionariado menemista no podía ser fortuita, sino un síntoma de continuidad de la corrupción como elemento inherente al funcionamiento de la democracia burguesa. El escándalo provocado tras la excarcelación de María Julia Alsogaray reveló en forma explícita la existencia de leyes secretas destinadas a financiar los millonarios sobresueldos de los funcionarios, y los manejos turbios de organismos represivos como la SIDE. Si bien el menemismo hizo un festín de corrupción sin parangón, que algunos dieron en llamar la segunda década infame, las 26.000 leyes secretas vigentes41 proceden de vieja data, y así demuestran que la democracia burguesa necesita institucionalizar la corrupción como un sistema de funcionamiento para la compra de voluntades políticas a fin de establecer “consensos”. Estos elementos ponen en evidencia que ningún tipo de democracia burguesa, representativa o participativa, puede ser transparente y democrática.

Sobre la base de 22 años de régimen democrático relativamente pacífico, las iniciativas participacionistas postuladas por la CTA responden a concebir el Estado como el área de los “consensos” de donde se desprenden las soluciones que demandan todos los sectores sociales. Esta idea es una verdad a medias, es decir que es una gran mentira que oculta un interés ideológico. Si bien el Estado es consenso también es fuerza, si bien es acuerdo también es coerción, si bien es hegemonía también es dictadura. La democracia burguesa regida por el gobierno de Kirchner es la hegemonía de los grandes grupos exportadores vinculados con el mercado internacional sobre los bancos, las empresas privatizadas y los estratos altos de las capas medias, pero también es la dictadura sobre la clase trabajadora (ocupada y desocupada), las capas medias pauperizadas y los estratos más bajos de la sociedad. La CTA esconde este aspecto del Estado como “organización especial de la fuerza”42 donde se ejerce la dominación de la burguesía sobre la clase trabajadora. A principios del siglo pasado, la socialdemocracia impulsaba el “ministerialismo”43 proporcionando ministros socialistas a los gobiernos burgueses en crisis, bajo el pretexto de la construcción evolutiva del socialismo. Así reforzaban las instituciones de las clases dominantes, colaborando en la represión de las movilizaciones obreras. La democratización del Estado es la continuidad del ministerialismo como ideología funcional a la burguesía, expresada en la cooptación de los dirigentes de la CTA y la “desmovilización pasiva” de los actores de diciembre de 2001.

La lucha de clases es nada

La estrategia de la CTA reside en morigerar los efectos del capitalismo, a fin de prevenir las crisis, mediante la intervención estatal como entidad reguladora del mercado laboral, de las empresas privatizadas y del capital privado. La socialdemocracia europea desarrolló este tipo de planteos tras la derrota de la huelga minera en 1982, que afirmó al gobierno de Margaret Thatcher para descargar sus planes neoliberales. La llamada corriente regulacionista bregó por el pragmatismo, señalando la caducidad de la estrategia revolucionaria impulsada por la izquierda marxista. Según esta corriente, el modo de regulación consistiría en un conjunto de instituciones y normas que articularía la forma dominante que adquiere la organización del trabajo para producir valor y la forma institucional que adquiere el Estado. Esta correspondencia establecería una relativa estabilidad en la relación entre las clases y una cierta regularidad en la reproducción del capitalismo, desplazando así las crisis. La crisis sería el producto de una disfuncionalidad del modo de regulación que no logra generar contratendencias a la caída de la tasa de ganancia. La crisis se superaría entonces reorganizando el modo de regulación.

El Estado regulador, intercediendo como mediación entre la organización del trabajo y las formas institucionales que legitiman un modo de acumulación, da cuenta de un aspecto estructural de la sociedad capitalista, sin embargo ignora la subjetividad viva de las clases sociales en pugna. Los regulacionistas no explican por qué motivo falla un modo de regulación desencadenando una crisis y el rol que desempeñan los actores sociales. Claramente desarticulan la unidad orgánica entre estructura y lucha44, entre economía y política. Recurren así a una teleología describiendo las leyes objetivas del desarrollo capitalista vinculadas a formas específicas de regulación como un proceso normativo. Del mismo modo, tampoco explican los motivos que producen las transformaciones entre las formas de acumulación del Estado Benefactor, asentadas en el fordismo como modo de organizar el trabajo a partir de la producción en cadena, y las formas de acumulación del Estado neoliberal, asentadas en el toyotismo como modo de organizar el trabajo a partir de la polivalencia funcional y el just in time.

El viejo Estado Benefactor es el Estado regulador ideal al que aspiran nostálgicamente los regulacionistas y la CTA. Este funcionaba bajo un modelo de producción y consumo masivos, subordinado a las necesidades de acumulación de la burguesía, mediante la integración de los sindicatos en convenciones paritarias. Pero esos Estados Benefactores surgieron producto de condiciones excepcionales tras la destrucción colosal de fuerzas productivas que dieron lugar al boom de la posguerra, ahuyentando asi el fantasma de la revolución de la conciencia de las masas. Particularmente en los países semicolo-niales, los gobiernos nacionalistas burgueses utilizaron un tipo de Estado Benefactor, aunque degradado respecto de los países avanzados, para otorgar concesiones al movimiento de masas, generando así la fuerza material para negociar con el imperialismo la distribución de la renta nacional. No casualmente durante este período se obtuvieron los derechos sociales de ciudadanía, como el derecho a la salud y a la educación. Pero esas concesiones no podían ser mantenidas ad eternum. El propio Gral. Perón comenzó a atacar las conquistas obreras desde el año 1952. Y ya a fines de la década del ‘60 se expresó abiertamente una crisis en la forma de acumulación de la burguesía mediante la caída de la tasa de ganacia. La crisis del petróleo en 1973 disparó la crisis de las materias primas, generando una inflación galopante. La burguesía se vio obligada a golpear a la clase trabajadora para resarcirse de las pérdidas. Los trabajadores respondieron luchando en todo el mundo contra el Estado Benefactor en crisis. Desde 1968 una oleada proletaria sacudió el mundo con el Mayo Francés, el Otoño Caliente italiano, la revolución portuguesa, la primavera de Praga, las movilizaciones en EE.UU. contra la guerra de Vietnam, el Cordobazo argentino, la revolución chilena, etc. El desvío de la revolución en Europa mediante grandes concesiones, y la derrota física en América Latina que instaló sangrientas dictaduras militares, dio nuevos bríos a la burguesía para solucionar su crisis de acumulación. Thatcher y Reagan fueron la vanguardia de la contra-ofensiva neoliberal atacando a sus proletariados mediante el azote de la flexibilidad laboral y las privatizaciones, contra-ofensiva que más tarde se trasladó al resto del mundo a partir de la debacle de los ex-estados obreros. El “Estado neoliberal” emerge como consecuencia de la derrota de la clase trabajadora en lucha contra el Estado Benefactor en declinación y la necesidad de las clases dominantes de crear un nuevo modo de acumulación. La crisis abierta a fines de 1960 se desata no por un fallo en el modo de regulación, sino por la combinación del fín del boom de posguerra y lucha de clases internacional, como factor determinante.

De este modo, tanto los regulacionistas como la CTA observan una correspondencia estática y lineal entre la forma que adquiere la organización del trabajo y la fisonomía que toma el Estado. Ambos abjuran de una relación dinámica pues vaporizan la lucha de clases como generador de las grandes transformaciones.

Consecuentes con este enfoque, los regulacionistas sostienen que la transición entre el fordismo y el posfordismo (y su correspondencia con las formas estatales) es “un proceso sin sujeto”45. De esa forma reducen la lucha de clases como factor subordinado a un proceso normativo regido por las leyes objetivas del desarrollo capitalista. La lucha de clases no es más la locomotora de la historia sino un dato anexo que acelera o retarda las tendencias generales determinadas por la acumulación de capital.

La CTA utiliza la centralidad del Estado como la única vía de integración y regulación de la sociedad, y con ello realiza una operación ideológica de mistificación. La experiencia histórica demuestra que durante la época del Estado Benefactor el modo de regulación del mercado laboral estaba dado por las convenciones colectivas de trabajo, pero a su vez estas estaban determinadas por el grado de lucha de la clase trabajadora. El precio de la fuerza de trabajo y las condiciones laborales no eran producto de la “racionalidad” distributiva del Estado, sino la resultante de las relaciones de fuerza entre las clases. De modo análogo, durante el primer gobierno peronista, Perón reguló la penetración del capital imperialista norteamericano apelando a la lucha de clases mediante la movilización controlada de la clase obrera. Indudablemente Perón utilizó armas jurídicas para limitar desde el Estado el accionar de los monopolios norteamericanos, pero la herramienta fundamental siempre fue la Plaza de Mayo llena de trabajadores como demostración de fuerzas. 50 años más tarde, después de la entrega de los principales recursos estratégicos del país, y de una desocupación estructural sin antecedentes históricos, la CTA pretende regular el mercado laboral con el Consejo del salario, creado por Menem, y ponerle límites a las empresas privatizadas desde un nuevo marco regulatorio de los servicios públicos elaborado por sus amigos de FLACSO46. Si no fuese trágico sería cómico. La propuesta de la CTA demuestra su carácter de utopía reaccionaria, pretendiendo regular el capital empleando la persuasión y la racionalidad del Estado. Por el contrario las masas bolivianas que aspiran a renacionalizar la industria de hidrocarburos apelaron a la movilización revolucionaria en las calles, demostrando así su fuerza para llevar adelante esta demanda. La renacionalización de las empresas privatizadas bajo control de los trabajadores y usuarios solo podrá hacerse efectiva radicalizando este rumbo, opuesto a los discursos vacuos del “Estado ausente” y la “participación ciudadana”.

La exaltación del Estado como determinante de los destinos de la sociedad civil desplaza la lucha de clases como un elemento complementario e irrelevante. Estas concepciones hacen de la CTA una corriente escéptica y derrotista, hija de la contrarreforma menemista, que sigue los pasos de los regulacionistas europeos, hijos de la derrota de la gran huelga minera inglesa, que abandonaron cualquier atisbo de marxismo aggiornándose a las modificaciones introducidas por la ofensiva neoliberal.

Las nuevas direcciones del movimiento obrero surgidas, entre otras, en el Subte, en Zanon, en aeronáuticos, en las comisiones internas de la alimentación opositoras a Daer, en el Hospital Garrahan, en el Astillero Río Santiago, demuestran su carácter progresivo alcanzando conquistas a través del método de la lucha de clases, a diferencia de las mesas de negociación de la CTA de manos vacías. La negociación entre las partes es una instancia que nadie puede objetar, pero hacer de ésta una estrategia, tal como hace permanentemente la CTA, desarma a los trabajadores en la más absoluta impotencia. Hace falta desarrollar las tendencias más progresivas generalizándolas, superando así a las burocracias sindicales de la CGT y la CTA, en la perspectiva de construir una dirección revolucionaria a la altura de las necesidades de nuestra clase. 

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Notas
1 El Encuentro de Rosario está formado por la CTA, el banquero Heller, el PS, el PC y dirigentes de la UCR como Margarita Stolbizer.
2 Carta a Santiago Canton, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 26/02/04, www.cta.org.ar.
3 Acta. Despacho 274. 1/06/05, www.cta.org.ar.
4 Revista Debate, 20/05/05.
5 Cabe señalar que hasta los gremios burocratizados de la CGT permiten que voten todos los trabajadores del establecimiento, afiliados y no afiliados, en sufragios de comisión interna.
6 Daniel James, Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina 1946-1976, Bs. As., Sudamericana, 1990.
7 El Boletín Oficial del 2/06/05 informa que el gobierno subió la tasa del impuesto al gasoil del 18,5% al 21% con el objeto de destinar $15 millones anuales para el fondo de capacitación de choferes del sindicato de camioneros de Hugo Moyano. El proyecto contempla elevar los recursos a $27 millones.
8 Es notable la similitud del proyecto del PS con la afiliación individual promovida por la CTA. Mediante esta política la CTA disuelve la organicidad de la clase desde las grandes concentraciones en la individualidad personal. De ese modo se desjerarquiza el peso de las organizaciones obreras eliminando su distinción respecto de personas aisladas en un barrio.
9 CGT, I, 7, 1/06/34, citado por Hiroschi Matsushita, Movimiento obrero argentino 1930/1945. Sus proyecciones en los orígenes del peronismo, Bs. As., Ediciones Siglo XX, 1983.
10 Matías Cremonte, Horacio Meguira y Claudio Lozano, Reforma laboral: ajuste o Democracia, IEF-CTA.
11 Robert Castel enuncia una serie de controversias en relación a la exclusión como categoría, objetando su carácter inmóvil e invariable. Castel denomina “desafiliación” al movimiento dinámico de la “sociedad salarial”. Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Bs. As., Paidós, 2001.
12 Cita extractada de El Capital, Volumen I, por Ana Dinerstein, El poder de lo irrealizado en Argentina y el potencial subversivo de la mundialización. OSAL, CLACSO, septiembre 2001.
13 La universalización de las asignaciones familiares y la actualización de la propuesta del FRENAPO: distintas opciones, IDEF-CTA, marzo de 2005.
14 Ídem.
15 Horacio Verbitsky, “Ética global”, Página 12, 29/06/03.
16 Clarín, 26/04/05.
17 Isabel Rauber, Movimientos sociales y representación política, edición de la CTA.
18 Ídem.
19 Ídem.
20 K. Marx y F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Bs. As., Ediciones Pluma, 1974.
21 El decreto 430 facultaba la reducción del 13% de los salarios estatales.
22 Protesta sociales en la Argentina contemporánea. Principales características, IEF-CTA, abril-junio 2004.
23 Ídem.
24 Protesta sociales en la Argentina contemporánea. Principales características, IEF-CTA, enero-marzo 2004.
25 Isabel Rauber, op. cit.
26 Entrevista con Víctor De Gennaro, “El nuevo pensamiento y la transformación de la lucha en Argentina”, Revista Chiapas, México, noviembre de 2001.
27 Nos referimos a los gremios del transporte como camioneros, UTA y los trabajadores del Subterráneo Bs. As., los telefónicos agrupados en FOETRA, los ferroviarios de la UF, los gremios aeronáuticos, etc.
28 COTO es el empleador más grande del país. Los supermercados concentran miles de jóvenes trabajadores en condiciones archiprecarias.
29 Salarios e ingresos en la Argentina contemporánea: el debate sobre la distribución del ingreso. Posición de la CTA ante la comisión salarial del Consejo del Empleo, la productividad y el salario mínimo, vital y móvil, IEF-CTA, agosto 2004.
30 Acta 31/03/05, www.cta.org.ar.
31 Cladio Lozano, El debate UIA-CGT ¿Un corset para la distribución del ingreso?, IDEF, febrero 2005.
32 Ismael Bermúdez, “Cómo el tema salarios se filtró en la reunión de Lavagna con la UIA”, Clarín, 1/04/05.
33 Shock distributivo, autonomía nacional y democratización. Aportes para superar la crisis de la sociedad argentina, IEF-CTA y Página/12, noviembre 2002. Este disparate no tiene ningún asidero histórico. La burguesía nacional fue creada desde el vientre de la oligarquía terrateniente a instancias de las necesidades objetivas impuestas por el mercado mundial. Ya en 1930 la burguesía nacional organizada en la UIA polemizaba públicamente con las organizaciones obreras acerca de la conveniencia de implementar aranceles aduaneros para proteger la industria nacional.
34 El trabajador del Estado, Publicación de la Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, noviembre 2004.
35 Daniel James, op. cit.
36 “En cierto momento de su vida histórica, los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales. Esto significa que los partidos tradicionales, con la forma de organización que presentan, con los determinados hombres que los constituyen, representan y dirigen, ya no son reconocidos como expresión propia de su clase o de una fracción de ella”. Antonio Gramsci, “Observaciones sobre algunos aspectos de la estructura de los partidos políticos en los períodos de crisis orgánica” en Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno, Bs. As., Nueva Visión, 1984.
37 Iosu Perales, “Poder local y democracia participativa en América Latina”, www.rebelion.org.
38 Clarín, 16/03/05.
39 El trabajador del Estado, op. cit.
40 V. I. Lenin, El Estado y la revolución, Beijing, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1985. Antonio Gramsci, “Observaciones sobre algunos aspectos de la estructura de los partidos políticos en los períodos de crisis orgánica” en Notas sobre Maquiavelo…, op. cit.
41 Clarín, 16/05/05.
42 V.I.Lenin, El Estado y la revolución, op. cit.
43 El ministerialismo también fue llamado socialismo ministerial o millerandismo. El término surgió en 1899, cuando el socialista francés Millerand entró a formar parte del gobierno burgués.
44 Werner Bonefeld, La reformulación de la teoría del Estado. Los estudios sobre el Estado y la reestructuración capitalista, fichas temáticas de Cuadernos del Sur, Bs. As., Editorial Tierra del Fuego, 1992.
45 Ídem.
46 Institución integrada por Eduardo Basualdo, Daniel Azpiazu, Hugo Nochteff, Martin Schorr, Enrique Arceo, etc., entre los cuales muchos son integrantes de la CTA.

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