El que siembra, recoge; pero el viejo adagio no especifica en qué tiempos. Así, el secretario de Seguridad Sergio Berni cosechó en velocidad meteórica variados adeptos de la oposición en su caza de brujas contra los inmigrantes.
El líder del Frente Renovador Sergio Massa señaló que es necesario “discutir una política migratoria que nos permita expulsar a aquellos que vienen a delinquir”. No se refería a las multinacionales norteamericanas Donnelley y Lear, que violaron sistemáticamente la legislación nacional sin reparos. Gran amigo de la embajada norteamericana, Massa agregó que “no podemos ser tibios, no podemos tenerle miedo como sociedad a la palabra orden, porque es sinónimo de seguridad, pero también de progreso”. ¡Si lo sabrán los empresarios yanquis de Kraft-Mondellez que hicieron de su fábrica en Pacheco un campo de concentración custodiado por la Policía Bonaerense para atacar a los trabajadores y “levantarla con pala”!
Francisco De Narváez propuso “tolerancia cero con el delincuente extranjero… para que cualquier delito cometido por un extranjero sea razón suficiente para su expulsión, ya que hoy sólo puede pedirse la expulsión si el delito tiene penas mayores a tres años”.
También fue de la partida el senador radical y precandidato presidencial del FAUNEN, Ernesto Sanz, quien consideró que “el problema de los extranjeros que cometen delitos no está en el después del delito, está en el antes”.
El ministro de Justicia y Seguridad macrista, Guillermo Montenegro, y el ministro de Justicia del gobernador Scioli, Ricardo Casal, sintetizaron esta orientación, formulando una reforma reaccionaria de la Ley de Migraciones 25.871, mediante la introducción de un control estricto de la entrada de inmigrantes en los pasos de frontera y el retiro arbitrario de los permisos de residencia.
Interesadamente, la campaña xenófoba está montada sobre presuntas cifras que develarían el incremento del delito vinculado a la población extranjera. De ese modo, el diario La Nación del 1/9 extrae información de un “cruce de datos” indeterminado, concluyendo que “en las prisiones federales están alojados 2.259 extranjeros” ,que forman “el 22,4% de la población carcelaria”, un porcentaje imposible por donde se lo vea dado que el total de detenidos supera poco más de 60.000. El periodista Horacio Verbitsky desmiente categóricamente estos guarismos, afirmando que según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena en 2012, “representaban el 6 por ciento de la población de las cárceles argentinas, más de la mitad sin condena. Sólo el 0,2 por ciento de los extranjeros que habitan el país están privados de su libertad”.
La campaña de criminalización de los inmigrantes, la franja más vulnerable y explotada de la clase trabajadora de conjunto, apunta a distraer la atención de las grandes masas detrás de un chivo expiatorio, cuando comienza a tallar la recesión con despidos y suspensiones, mientras la inflación devora el salario real. Progresistas y derechistas alimentan una remake de la vieja Ley de Residencia de 1902 para dividir a la clase trabajadora con el objeto de que pague los costos de la crisis. La defensa de los inmigrantes es una tarea prioritaria para preservar la salud de la única clase productora de la riqueza que consume toda la sociedad.