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El gobierno de Kirchner

Arremetida contra Nazareno y pase a retiro de los Generales para mantener lo esencial

9 de junio 2003

En sus dos primeras semanas de gestión, como un torbellino, el gobierno de Néstor Kirchner descabezó las cúpulas de las Fuerzas Armadas y arremetió contra parte de la Corte Suprema de Justicia, particularmente contra el ministro Julio Nazareno, acusando a sus miembros de “extorsionar” al gobierno. Esta distinción con respecto a los anteriores gobiernos motivó que en muchos sectores del pueblo se comiencen a crear ilusiones de que “algo se está haciendo” para renovar las decadentes instituciones de esta democracia capitalista.
Para crear esta conciencia entre las masas el gobierno no sólo cuenta con el poderoso multimedia del grupo Clarín (al que le están por sancionar una Ley especial que impide que sus acreedores extranjeros puedan cobrarse una multimillonaria deuda en dólares) y el apoyo de todos los medios de difusión progresistas. Sino también de la burocracia sindical de las CGT y la CTA y la de los piqueteros nucleados en la FTV y la CCC, la de todos los organismos de derechos humanos amigos de la Alianza y hasta, lamentablemente, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini. Todos afirmaron sentirse “gratamente sorprendidos” con Kirchner luego de sus respectivas visitas a la Rosada.
Es necesario analizar qué hay detrás de esta movida para que las justas aspiraciones populares no sean una vez más burladas y pisoteadas.

¡Abajo toda la Corte! Que a los jueces los elija el pueblo

Ya resulta un tanto contradictorio que uno de los fundadores del menemismo que avaló la ampliación menemista de la Corte en 1989, Gustavo Béliz, sea la voz cantante de la cruzada para hacerlo volar a Nazareno...
El Jefe de Gabinete, el ex cavallista Alberto Fernández (¡cuya suplente en la Legislatura es la videlista Elena Cruz!), no pudo ser más sincero en denunciar en qué consiste la «extorsión» de la Corte. En un programa de TV afirmó que: “la Corte nos amenaza con avalar el pago en efectivo del 13% a los jubilados y estatales”. Otra de sus “amenazas” consistiría en ordenar el pago en dólares a los depositantes incautados. Más claro, échele agua. Uno de los objetivos para remover a “uno” o “algunos” de los miembros de la Corte, está en impedir que salga alguno de estos demagógicos fallos que pondrían en aprietos al anémico “plan” económico de Lavagna. Una razón bien lejos de las que motivan la masiva repulsa popular contra esta institución pilar de la República burguesa.
El sólo imaginarse al menemista –e impresentable– Nazareno retirarse humillado de la Corte (y, a lo sumo, un par más) pareciera ser todo un logro. Pero, ¿por qué este mafioso sólo?
La Corte Suprema es la institución del régimen más oligárquica y antidemocrática del régimen. Sus miembros son elegidos a dedo por el Presidente de turno, con acuerdo del Senado. Históricamente la Corte avaló golpes de estado, la impunidad para genocidas, ricos y corruptos, toda la entrega del patrimonio nacional (fueron los inventores del per saltum para privatizar Aerolíneas), entre otras delicias. Hoy está integrada por nueve hombres elegidos por transas y negociados entre el PJ y la UCR, que poseen un poder legal cuasi monárquico para fallar siempre a favor de algún ala de la burguesía explotadora.
Kirchner conoce muy bien el paño. En Santa Cruz hizo la «gran Menem», aumentando el número de miembros de la Suprema Corte provincial para poner sus ‘adictos’. En este caso nacional quiere matar dos pájaros de un tiro, poniendo el legítimo odio popular a la Corte en manos del Senado de los coimeros, comandado por uno de los hijos políticos de Carlos Menem, Daniel Scioli. Si, como pretenden, Nazareno no renuncia por su cuenta, el condenado pasará a revestir ese carácter recién por diciembre. Mientras, seguirán dictando inapelables fallos.
El delasotista Juan Carlos Maqueda (metido por Duhalde), puede dormir tranquilo. Nada le pasará, porque es parte de la «renovación». Muy posiblemente, el mismo destino le tocará al parido por el Pacto de Olivos, Guillermo López, y a la mayoría de ‘vuestras excelencias’. El gobierno opina que basta uno o un par de chivos expiatorios para salvar a esta sacrosanta institución de la República. Un engaña pichanga.
En enero de 2002 miles nos movilizábamos en Buenos Aires hacia la cueva de los Tribunales para exigir que se vayan todos. Como conocen nuestros lectores, el PTS aspira a que los trabajadores y el pueblo acabemos no sólo con esta justicia de los patrones, sino con todo el Estado de los explotadores y reemplazarlo en forma revolucionaria por un nuevo Estado de los trabajadores. Hoy les decimos a todos aquellos que tienen alguna confianza en que «algo se está haciendo»: ¿Por qué conformarse con un cambio más que cosmético, para que se quede la Corte y se mantenga con plena vigencia toda su nefasta jurisprudencia? ¿Por qué no pelear hasta el final por una medida democrática básica como disolver esa reaccionaria institución con poderes cercanos a la divinidad y anular todos sus fallos que atentaron contra el pueblo y la soberanía nacional?
En cuanto al resto del Poder Judicial, compuesto por centenares de tribunales y jueces videlistas-radicales-peronistas que fallan sistemáticamente contra los trabajadores (como en la mayoría de los juicios laborales, el caso de Brukman o Transportes del Oeste), ¿no es la hora de movilizarse por que todos cesen en sus cargos? Kirchner amenazó con «convocar a la ciudadanía» mediante un plebiscito para apurar a Nazareno para que se las tome por las suyas. ¿Por qué el pueblo no tiene derecho a votar en las urnas al conjunto de los jueces?
Si se quiere una verdadera «renovación», estas son medidas elementales que no pueden esperar, ya que estos magistrados seguirán determinando la vida de millones. ¿Qué y quiénes impiden realizarlas?

50 fuera, pero se quedan 80.000

Otra de las medidas de los primeros días fue el pase a retiro de más de 50 altos mandos de las tres Fuerzas Armadas. Esto fue festejado por todo el coro de dirigentes “esperanzados” o “expectantes”.
¿Qué busca Kirchner con esta jugada? Por un lado quedar como el “depurador” de las FF.AA. “del pasado” y conseguir el consentimiento de hasta los sectores que han luchado más consecuentemente contra los genocidas, como las Madres, con el mero aceleramiento de un inevitable cambio generacional en las cúpulas (de eso, y nada más que de eso, se trató esta ‘gran osadía’ del Dr. K.). Un servicio coyuntural para conseguir base social para su gobierno, pero estratégicamente para avanzar en que el pueblo vuelva a confraternizar con sus futuros carniceros. El envío del ejército a militarizar Santa Fe bajo el manto de la “ayuda social”, fue otra de las medidas en este sentido.
«Dejarse de mirar al pasado», en boca de Kirchner, significa tender una nueva manta de olvido a la masacre perpetrada por estas mismas FF.AA. contra miles de los mejores activistas obreros y populares y revolucionarios de las últimas décadas. El reemplazo generacional de los genocidas no va a cambiar el carácter intrínseco de unas bandas armadas que durante noventa años se encargaron fielmente de cumplir con su fin: aplastar toda rebelión obrera y popular cuando el engaño de los gobiernos "democráticos" ya no bastaba. Menos aún, un cambio en los planes de estudio de los milicos, como propuso Hebe de Bonafini borrando de un plumazo toda su posición histórica con respecto a las Fuerzas Armadas y acercándose a las propuestas que, desde la Secretaría de Derechos Humanos, proponía el menemismo en los ’90.
Esta medida de Kirchner busca también que un inminente fallo de la Corte (¿renovada?) que vuelva a declarar constitucionales a las leyes del perdón (como ya lo hiciera en 1987) pase sin penas ni gloria, ya que «en las fuerzas no quedan más torturadores». Gran paradoja para los organismos de derechos humanos que han venido bregando incansablemente por la anulación efectiva de las leyes y decretos de impunidad.

La policía no se toca

No está en el animo de nadie serio de la burguesía utilizar hoy, en lo inmediato, a las FF.AA. para reprimir piquetes o nuevos Brukman, si se recalentara la lucha de clases. Pero sí, de ser necesario, seguir utilizando a las fuerzas de seguridad, más allá de la promesa de que «no vamos a criminalizar las protestas sociales» (que cumplirán siempre y cuando los esclavos estén dispuestos a seguirlo siendo). De allí se explica el porqué optaron por dejar en su cargo al comisario Giacomino (hombre de Ruckauf), pasando de largo con la maraña de corruptos y torturadores que forma el cuerpo Federal, responsable de la masacre de Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001. Ni siquiera se enunció un pedido para que los gobernadores realicen alguna «renovación» en las policías asesinas de Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, centenares de «gatillo fácil», etc. Lejos de esto, resolvieron una coordinación de la Federal con la temible Bonaerense y, además, le dieron más poder a las fuerzas policiales a través de la llamada Ley Antisecuestros.
El 20 de diciembre de 2001 fueron fusilados en Rosario siete luchadores. Sólo hay un policía procesado, que además está actualmente en libertad. Esto ejemplifica el manto de impunidad que cubre a estas fuerzas corruptas. El castigo a todos los responsables del genocidio, de los asesinatos a luchadores y centenares de “gatillo fácil”, es una tarea más que vigente para los que están por un “verdadero” cambio. La solución de fondo es luchar por la disolución de las fuerzas policiales y de todos los servicios de inteligencia, entidades creadas para reprimir, espiar y provocar a las organizaciones de lucha obreras y populares.

La única realidad, es la verdad

El objetivo de Kirchner es crear una imagen de transparencia y renovación para terminar de sofocar la llama encendida el 19 y 20 de diciembre de 2001 y recomponer la autoridad del Estado de los explotadores y su herido régimen político. Es decir, hacer desaparecer toda iniciativa independiente del pueblo trabajador; conquistar y apuntalar una base social que vuelva a sostener a un viejo régimen maquillado (por ahora con una cosmética, hay que decirlo, más que barata).
Esa es nuestra opinión. Diferenciamos la retórica anestesiante de algunos dirigentes de las centrales obreras, piqueteras y de organismos de derechos humanos, de las ilusiones de las mayorías populares. Tenemos plena confianza en que si los trabajadores y el pueblo quieren hacer valer sus justas aspiraciones hasta el final, lucha en la que el PTS estará en la primera fila, tarde o temprano deberán chocar de frente con este gobierno y su flamante corte de aduladores.

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